El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que respete a su país, luego de que en el Informe de Derechos Humanos 2023 se mostrara preocupación por los ataques verbales del Ejecutivo mexicano contra el Poder Judicial, especialmente en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

En una conferencia de prensa, López Obrador criticó el informe estadounidense, calificándolo como una intromisión en los asuntos internos de México. El presidente mexicano cuestionó la autoridad de Estados Unidos para emitir tales informes, diciendo: “Ellos se sienten como jueces del mundo. Nosotros los respetamos, pero ellos deberían respetarnos a nosotros”.

El mandatario mexicano señaló que el gobierno de México no se mete en asuntos internos de Estados Unidos, y citó ejemplos como el encarcelamiento de Julian Assange, el gasto militar, y el tratamiento a los migrantes. Además, mencionó la crisis de opioides y fentanilo en Estados Unidos como un problema que requiere atención.

López Obrador hizo referencia a la doctrina Monroe, una política estadounidense de hace 200 años, para destacar que Estados Unidos sigue utilizando métodos antiguos y agresivos en su política exterior. También afirmó que el gobierno mexicano no emite “cartas de buena conducta” a otros países porque no le corresponde, dejando en claro su desacuerdo con la actitud estadounidense.

En resumen, el presidente de México exigió respeto y pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de su país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.