Etiqueta: Movimiento Ciudadano

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo participación en la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y precisó que dicha determinación fue tomada de manera interna por la propia bancada. Las declaraciones se realizaron en entrevista con medios de comunicación, en el contexto del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual concluirá el próximo 30 de abril.

Velasco subrayó que la decisión sobre la coordinación parlamentaria de Morena respondió a un acuerdo entre los integrantes del grupo legislativo y no a una instrucción del Poder Ejecutivo. Al abordar el ambiente legislativo para los próximos meses, el senador destacó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas se ha mantenido como una práctica constante dentro de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado abiertos a generar acuerdos con la oposición y los demás grupos parlamentarios”, expresó el legislador, al tiempo que aseguró que el Senado de la República continuará funcionando bajo un esquema de comunicación plural. “Siempre en el Senado ha habido un diálogo abierto y plural y eso va a continuar”, añadió.

En relación con la iniciativa presidencial de reforma electoral, Manuel Velasco informó que el proceso de análisis se encuentra en una etapa de conversaciones formales. Detalló que se han realizado al menos tres reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como encuentros con el presidente de la comisión correspondiente y con Pablo Gómez, como parte del intercambio de puntos de vista en torno a la propuesta.

El coordinador del PVEM enfatizó que su grupo parlamentario no ha cerrado la puerta a respaldar la iniciativa, al señalar que el diálogo permanece activo. “Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a dar los votos desde el momento que estamos dialogando”, puntualizó, al referirse a la disposición del Partido Verde para continuar en la mesa de negociación.

Asimismo, Velasco reiteró que la apertura al diálogo incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, entre ellas Movimiento Ciudadano. Indicó que el objetivo de estas mesas es construir un proceso incluyente, en el que se puedan presentar planteamientos y propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador hizo un llamado a que las bancadas interesadas participen de manera activa en el proceso de discusión, con el propósito de enriquecer el debate legislativo en torno a la reforma electoral y otros temas relevantes que serán abordados durante el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una amplia reforma arancelaria dirigida a países con los que México no mantiene tratados comerciales. El dictamen avanzó con 10 votos de Morena, ocho abstenciones de PAN y PRI, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), en una sesión donde se confirmó que la propuesta será discutida en el pleno.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, señaló que la iniciativa plantea modificar 1,463 fracciones arancelarias. Entre ellas, 706 están vinculadas al sector textil, 249 corresponden a hierro y acero, 94 abarcan automóviles y autopartes, mientras que 81 se relacionan con plásticos. De ese total, 316 fracciones actualmente no generan pago de arancel, y el resto mantiene tarifas vigentes. Además, se detalló que 341 fracciones registran un arancel del 35% y 302 aplican una tasa de 10%.

Salim puntualizó que 391 de las fracciones quedarán sin cambios respecto a su tarifa actual. En ese contexto, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, expresó que un arancel más elevado podría incentivar la instalación de industrias nacionales capaces de sustituir parte de las importaciones actuales. Reconoció que el ajuste podría causar presiones inflacionarias temporales, pero destacó que el dictamen reduce algunas tarifas respecto de las que inicialmente planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la diputada de MC, Gloria Núñez, observó que la iniciativa original contemplaba una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 en el régimen transitorio, debido a que los ajustes requerían un periodo definido, sin embargo, subrayó que ese plazo no fue incluido en el dictamen final. Añadió que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la entrada en vigor de la reforma implicaría un aumento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalente al 8.3% de lo adquirido por México durante 2024. Ante ello, advirtió que será esencial garantizar transparencia en el manejo de los ingresos adicionales derivados de los nuevos cobros.

En conferencia previa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, describió la reforma como una estrategia “moderna” y de “largo alcance”. Afirmó que la actualización busca fortalecer la participación de productos nacionales en cadenas globales de valor y proteger empleos en sectores como el automotriz, textil, calzado, aluminio y otros. Añadió que el dictamen armoniza la nomenclatura arancelaria con estándares internacionales para mercancías que abarcan industrias como plástico, electrodomésticos, juguetes, muebles, papel y cartón, motocicletas, vidrio, entre más.

Monreal explicó que los nuevos aranceles se enfocarán en mercancías provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos Corea, China, Japón, naciones del Cono Sur y algunos países europeos. Con ello, la reforma avanza hacia una reconfiguración significativa del marco arancelario mexicano.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.

Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.

El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.

Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.

En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.

La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.

Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que actualiza la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer, por primera vez, una definición jurídica amplia de violencia dentro del ámbito deportivo. Con esta reforma, se integran como conductas reconocibles las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, simbólicas y estructurales ejercidas por cualquier persona durante prácticas o actividades deportivas. El objetivo central es establecer bases claras que permitan prevenir, atender y sancionar situaciones que durante años permanecieron en silencio.

La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Paola Longoria, reconocida raquetbolista que suma 12 medallas de oro en Juegos Panamericanos, seis campeonatos mundiales y 10 medallas doradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde tribuna, señaló que esta iniciativa busca “saldar una deuda histórica de nuestro deporte” y evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus sueños por problemas de acoso, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia.

Durante su intervención, Longoria destacó que cuando las y los atletas enfrentan situaciones que les generan ansiedad, estrés, depresión o vulneración a sus derechos humanos, los resultados siempre son negativos. Enfatizó que la propuesta incorpora en su espíritu las experiencias de deportistas que han sufrido abuso y que, “por temor, guardan silencio por miedo a las represalias”. Subrayó que la impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién acudir refleja un abandono institucional que durante años ha visto el deporte “solo como un hobby”.

La diputada también señaló que “el primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo”, refiriéndose a la indiferencia de autoridades a lo largo del tiempo. Con esta modificación, explicó, no solo se reconoce de manera formal el abanico de agresiones posibles, sino que se incorpora por primera vez la definición legal de “protocolo de prevención y atención”. Esto permitirá otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la facultad de emitir lineamientos y protocolos nacionales para evitar criterios contradictorios entre instituciones federales, estatales, municipales y federaciones deportivas.

Longoria añadió que, aunque existan diferencias políticas, “el deporte no tiene partido”. Llamó a votar a favor del dictamen para “derrotar de una vez por todas el silencio en el deporte” y acompañar a quienes dedican su vida a representar a México.

El proyecto fue aprobado con 416 votos a favor y ahora se turna al Senado de la República. La presentación cerró entre aplausos de diputadas y diputados de todas las bancadas, en un gesto que recordó los momentos en que Longoria subía al pódium durante su trayectoria deportiva.

El Senado de la República ratificó a 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en una votación que dejó ver una fractura interna en la bancada de Morena. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyeron perfiles vinculados a figuras destacadas del partido en el poder y del ámbito judicial.

Durante la sesión, varios de los perfiles aprobados fueron identificados como cercanos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto; y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. Las afinidades políticas marcaron el tono del debate, que se extendió hasta la votación nominal.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió cuando el senador morenista Heriberto Aguilar anunció que votaría a favor del dictamen en lo general, pero en contra del nombramiento de Miguel Pompa Corella. Pompa Corella se desempeñó como director de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y es identificado como cercano a Adán Augusto López. A esta postura se sumó la senadora también morenista Guadalupe Chavira, evidenciando diferencias internas en el bloque oficialista.

El dictamen fue aprobado con 66 votos de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra. La oposición criticó tanto los perfiles como la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso.

Entre los ratificados se encuentra Yamil Villalba Villarreal, considerado cercano a Luisa María Alcalde; así como Olimpia Girón Hernández, exdiputada de Morena y asesora en el Senado. También fue avalado Jorge Muñoz Barrett, quien trabajó en la Consejería Jurídica del gobierno capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro de los nombrados fue Jorge Enrique Mata Gómez, quien fungió como coordinador de la oficina de la expresidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. A la lista se sumó Fernando Cruz Ventura, excolaborador del ministro en retiro Arturo Zaldívar y funcionario en la Presidencia.

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, señaló que la mayoría de los perfiles no cuentan con experiencia judicial y cuestionó su independencia. El panista Raymundo Bolaños calificó el procedimiento de “albazo legislativo”, al señalar que el dictamen avanzó entre comisiones y pleno en menos de 24 horas. Bolaños afirmó que la ratificación de Miguel Pompa Corella formaba parte de “un pago de validación de acordeones”.

Tras su ratificación, Yamil Villalba sostuvo que su cercanía con Alcalde no influirá en su labor como magistrado. Al ser cuestionado sobre la propiedad compartida de un inmueble con la dirigente morenista, dio por terminada la entrevista.