En una sesión marcada por la velocidad legislativa y el cierre de filas del oficialismo, el Senado de la República aprobó en fast track las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales. La mayoría de Morena, PT y PVEM impulsó el voto que avanzó sin pasar por comisiones, con el argumento de que los cambios buscan terminar con el acaparamiento del agua, frenar el mercado negro de concesiones y abrir paso a un nuevo esquema de control público mediante un fondo de reserva administrado por el gobierno.
Las modificaciones avanzaron con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión donde PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen con el argumento de que las reformas representan un intento por centralizar el control político del agua y la tierra, especialmente para agricultores y campesinos. El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que la Cámara de Diputados lo avaló horas antes, y ahora se prevé que las más de 20 reservas presentadas sean desechadas para turnar el documento al Ejecutivo federal.
El debate ocurrió mientras productores del campo intentaban ser recibidos por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien negó el encuentro pese a sus inconformidades. Los inconformes consideran que los cambios afectan el derecho a heredar tierras con concesiones de agua, una preocupación que se mantuvo alrededor del recinto legislativo, aunque sin bloqueos, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y autoridades capitalinas.
Entre los ajustes aprobados destacan la eliminación de la posibilidad de transmitir títulos de concesión entre particulares, la prohibición de cambios de uso y la definición de que las prórrogas solo podrán otorgarse por el mismo tiempo que marcaba el título original. Además, se creará un nuevo Registro Público Nacional del Agua, donde deberán inscribirse núcleos agrarios y sistemas comunitarios de gestión hídrica.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, herramienta que permitirá al gobierno reasignar volúmenes de agua recuperados por extinción de concesiones, cesiones voluntarias o derechos preferentes. No obstante, el dictamen precisa que los derechos de agua se mantienen para heredar o vender propiedades, un aspecto que buscó aclararse ante las críticas de sectores agrícolas.
En tribuna, el morenista Manuel Huerta defendió el paquete legislativo al afirmar que los cambios beneficiarán a las comunidades con mayores problemas de acceso al agua. “Es una buena noticia para quienes abren la llave y no sale nada, no lo es tanto para quienes hicieron del agua un negocio”, declaró, al subrayar que cualquier reasignación deberá realizarse con transparencia y criterios de sustentabilidad.
La oposición sostuvo la postura contraria. Verónica Rodríguez, del PAN, señaló que Morena presenta la reforma como un avance en derechos humanos, “cuando en realidad busca controlar el acceso al líquido”, lo que incluso podría impactar en los precios de las tierras. Agregó que otorgar discrecionalidad al gobierno para mantener, reducir o retirar concesiones “es convertirla en una herramienta política”.
Con el aval del Senado, el paquete hídrico avanza hacia la fase final de aprobación, en un contexto donde la administración federal y la oposición mantienen visiones enfrentadas sobre el alcance real de estas reformas y su impacto en el manejo del agua en el país.