1,600 militares refuerzan seguridad en Sinaloa tras hechos de violencia y ataque a legisladores

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

Crimen organizado amenaza al transporte público de Acapulco

Crimen organizado amenaza al transporte público de Acapulco

El transporte público en Acapulco ha comenzado a reanudarse de manera gradual tras dos días de suspensión debido a amenazas, presuntamente, por parte de integrantes del crimen organizado. A pesar de la reanudación, algunas rutas que conectan con la franja turística del puerto aún presentan limitaciones en sus actividades.

Desde las 06:00, camiones como el Bloque Uno reiniciaron sus recorridos en el área y en la Zona Diamante, donde se observó la presencia de taxis y urvans. Sin embargo, se informa que los taxis colectivos, aunque siguen operando, han establecido tarifas elevadas para el traslado de pasajeros, alcanzando hasta 100 pesos por persona.

Aunque la situación mejora paulatinamente, la falta de todas las rutas en circulación continúa siendo un problema durante este sábado.

La suspensión del servicio de transporte público en Acapulco se produjo como respuesta a la violencia generada por el crimen organizado, incluyendo el asesinato de un líder del gremio y amenazas de más homicidios.

Conductores expresaron su temor después de que circularan mensajes y audios en WhatsApp, supuestamente enviados por grupos delictivos, amenazando con asesinar a los choferes y quemar sus vehículos.

Esta situación paralizó la ciudad, afectando a universidades, comercios y empresas que no abrieron por la falta de transporte, la seguridad de los trabajadores y las amenazas recibidas. La psicosis generada por ataques contra transportistas y las amenazas por parte de grupos criminales llevaron a una suspensión casi total del transporte público en la ciudad, afectando a rutas alimentadoras, taxis colectivos y algunas rutas de camiones urbanos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Acapulco alertó que las amenazas y ataques afectaron hasta un 90% del servicio de transporte público, impactando a más de 80 mil trabajadores y 34 mil empresas, con una pérdida económica directa de más de 87 millones de pesos al comercio organizado.

“Estamos en la ruta de la recuperación haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante los comercios los servicios y el turismo de Acapulco, luego de la devastación generada por el huracán Otis, y grupos organizados de personas que no tienen la conciencia ni el compromiso hacia Acapulco, cometen actos delictivos a plena luz del día y amenazando a la población con ataques directos con armas de fuego”, enfatizó la Canaco.

La Canaco advirtió que, de persistir la situación, se verán obligados a cerrar comercios, ya que la falta de trabajadores y movilidad en la ciudad representa una amenaza para la seguridad.

Por su parte, el gobierno estatal informó que desde la noche del jueves se implementaron patrullajes con la participación de los tres niveles de gobierno para garantizar el transporte y la seguridad ciudadana.

Los recorridos incluyeron rutas del transporte público como Forum, La Poza, Colosio, Llano Largo, Sendero, Sabana, Cruces, Piedra Roja, y se sumaron Caleta, Las Anclas, La Cima, entre otros puntos.

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