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Durante su visita a Coatetelco, Morelos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo énfasis en que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cuenta con atribuciones para emitir opiniones sobre el modelo de elección del Poder Judicial en el país. Esta declaración surge tras las observaciones de la Misión de Observación Electoral del organismo, que sugirió no replicar este modelo en otras naciones de la región.

Sheinbaum remarcó que las decisiones sobre el sistema de justicia corresponden únicamente a los mexicanos y que cualquier intento de influencia externa transgrede la soberanía nacional. “La propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos”, expresó la mandataria, al señalar que México ha tomado una decisión legítima y democrática respecto al rumbo de su sistema judicial.

Durante el segundo acto público de su jornada, donde presentó los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social dirigido a comunidades indígenas y afromexicanas, Sheinbaum subrayó que el organismo internacional se extralimita en sus funciones al hacer recomendaciones sobre reformas internas. “No tienen atribución para ello”, afirmó.

La presidenta insistió en que la OEA puede observar y emitir comentarios sobre procesos electorales, pero no sobre decisiones soberanas. Calificó las observaciones del organismo como una falta de respeto hacia la voluntad popular expresada en las urnas y recordó que la forma de gobierno en México la determina exclusivamente el pueblo.

En ese mismo evento, Sheinbaum destacó uno de los cambios más significativos derivados de esta transformación judicial. Por decisión popular, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este hecho representa, según la jefa del Ejecutivo, un momento histórico que marca un antes y un después en la representación indígena en las instituciones del país.

“Después de Benito Juárez, el primer presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser un indígena mixteco, votado y reconocido por el pueblo de México, un hombre honesto y un gran abogado”, puntualizó Sheinbaum frente a las comunidades originarias reunidas.

Más tarde, la presidenta continuará su gira en el municipio de Yecapixtla, donde anunciará el inicio de las obras del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, como parte del plan de expansión del programa IMSS-Bienestar.

Con estas acciones, el gobierno federal busca reforzar su compromiso con la justicia social, la inclusión y el respeto a la autodeterminación nacional, alejándose de cualquier tipo de injerencia externa en decisiones clave para el desarrollo político y jurídico del país.

El clima de violencia en Morelos alcanzó un punto especialmente doloroso con el asesinato de Sarah Olivia Rendón Parra, joven estudiante e hija de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres del estado, Sara Olivia Parra Téllez. El hecho ocurrió la noche del martes 27 de mayo en la colonia El Empleado, ubicada en Cuernavaca.

El ataque, ocurrido durante lo que se presume fue un intento de asalto, ha generado una ola de indignación y pesar entre autoridades, colectivos sociales y ciudadanos. La noticia se dio a conocer cuando Parra Téllez expresó su dolor públicamente en redes sociales. “Me hayan arrebatado a mi hermosa hija Sarah Olivia Rendón Parra, un ser único y excepcional, inteligente, proactiva, estudiosa, humana”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos informó que se están siguiendo todas las líneas de investigación posibles, con el compromiso de no dejar impune este crimen. Se trata de un caso que ha tocado fibras sensibles por su cercanía con una funcionaria activa en temas de atención y protección a víctimas de violencia.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, también se pronunció ante el homicidio. Declaró que el caso se investigará a fondo y que se buscará a los responsables. “Nuestra responsabilidad como gobierno es asegurar la paz en el estado de Morelos”, afirmó la mandataria en una declaración pública.

Este hecho no solo ha sacudido a la comunidad jurídica de Morelos, sino también a sectores de la sociedad que han alzado la voz en memoria de Sarah Olivia. En medio del dolor, su historia ha resonado con fuerza por tratarse de una joven con un futuro brillante, descrita como una persona comprometida con sus estudios y cercana a los valores familiares.

La directora Parra Téllez agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido, reconociendo que aún se encuentra en estado de shock. La pérdida ha sido profundamente sentida no solo por su familia, sino por muchos que vieron en Sarah Olivia a una joven promesa.

Con este suceso, el llamado a reforzar la seguridad y garantizar justicia en Morelos se vuelve aún más urgente. La exigencia de verdad y resultados en la investigación se ha vuelto central en la conversación pública. La memoria de Sarah Olivia impulsa ahora una demanda colectiva por paz, justicia y respeto a la vida.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.

Un nuevo capítulo comienza en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el estado de Morelos. Este martes, la Fiscalía General del Estado anunció el nombramiento de Héctor Miguel Ortiz Acosta como nuevo titular de la dependencia, en sustitución de Fabiola García Betanzos.

La decisión, confirmada a través de un comunicado oficial, fue tomada por el fiscal general Uriel Carmona y ejecutada por el fiscal especializado Edgar Maldonado. La renovación de liderazgo busca reforzar las acciones institucionales en uno de los frentes más sensibles de la agenda de justicia en Morelos.

Con una sólida formación profesional, Héctor Miguel Ortiz Acosta llega al cargo con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como una Maestría en Criminalística y una Especialidad en Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio, ambos estudios cursados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Su perfil académico refleja un enfoque técnico y actualizado ante los desafíos del nuevo sistema penal.

Ortiz Acosta asume la dirección tras la salida de Fabiola García Betanzos, quien encabezó esta fiscalía durante cinco años. Su gestión estuvo marcada por diversos señalamientos sobre el manejo de investigaciones, siendo uno de los casos más mediáticos el de Malú, una mujer encontrada sin vida en Tepoztlán, cuyo expediente generó protestas, cuestionamientos y exigencias de justicia por parte de colectivos y familiares.

La llegada del nuevo fiscal ocurre en un contexto de presión social constante para atender con eficacia y sensibilidad los casos de feminicidio. El estado de Morelos ha sido escenario de múltiples manifestaciones y exigencias ciudadanas que reclaman resultados concretos, transparencia y un verdadero compromiso institucional ante la violencia de género.

Con este relevo, la Fiscalía de Morelos pretende duplicar esfuerzos en la atención y persecución de los delitos contra las mujeres. La renovación del mando busca generar confianza en las víctimas y sus familias, fortalecer las capacidades técnicas del equipo ministerial y garantizar investigaciones con perspectiva de género y rigor jurídico.

El nombramiento de Ortiz Acosta marca una etapa de renovación institucional, con la expectativa de avanzar hacia una estructura más eficaz y sensible, en consonancia con las demandas ciudadanas y los estándares nacionales en materia de justicia para las mujeres. 

Una nueva denuncia por violencia familiar equiparada se suma al caso de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, institución que ha cobrado notoriedad tras la trágica muerte del menor Erick durante un campamento en el estado de Morelos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó este viernes que ocho niños más habrían sido víctimas de maltrato dentro de la academia.

Durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades capitalinas, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, puntualizó que los nuevos señalamientos apuntan a “vejaciones, arrestos y otras formas de castigos”, presuntamente aplicados a menores dentro de las instalaciones educativas. Esta nueva línea de investigación está siendo llevada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Paralelamente, se mantiene la colaboración entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, a fin de facilitar cualquier información que resulte clave para esclarecer el fallecimiento del menor Erick, ocurrido el 27 de abril. La coordinación entre ambas dependencias busca cerrar cualquier vacío informativo sobre el historial de la academia, especialmente por tratarse de un centro que opera con el respaldo de un registro oficial.

Erick, de corta edad, perdió la vida mientras participaba en un campamento escolar. Su madre, Érika Torbellin, denunció públicamente que su hijo y otros alumnos fueron agredidos por un sargento de la academia. La necropsia realizada señala que la causa de muerte fue estallamiento de vísceras, aunque aún se esperan los resultados de patología, los cuales se emitirán en un plazo aproximado de dos semanas.

El caso ha causado conmoción en redes sociales y ha movilizado a colectivos ciudadanos que exigen justicia. Las voces de protesta encontraron eco en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también inició un proceso de investigación sobre la legalidad y funcionamiento del centro educativo, ya que su registro depende directamente de esa dependencia.

Como resultado de estas acciones, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció en sus redes sociales que la academia fue clausurada oficialmente. Sellos fueron colocados en sus instalaciones como parte de las medidas precautorias adoptadas por las autoridades locales.

El caso sigue abierto y cada declaración oficial va sumando piezas a un rompecabezas institucional que exige respuestas y acciones contundentes. La sociedad permanece atenta mientras la investigación avanza, con la esperanza de que la justicia alcance a todos los responsables.

En un panorama que exige atención y acción inmediata, México enfrenta una ola de incendios forestales con 123 siniestros activos distribuidos en 28 de los 32 estados del país. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la superficie afectada ya supera las 52 mil hectáreas 

El esfuerzo por contener los incendios ha movilizado a un ejército de 4 mil 315 combatientes. Estos brigadistas, provenientes de la Conafor y de diversas instituciones, trabajan sin descanso para mitigar el avance del fuego y proteger tanto la biodiversidad como a las comunidades cercanas.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Sinaloa encabezan la lista de los estados más afectados. Cada día representa un reto para los equipos que luchan contra las llamas en terrenos escarpados, bajo altas temperaturas y condiciones que cambian rápidamente.

La Conafor ha logrado avances importantes en algunos puntos críticos. En Tepoztlán, Morelos, dentro del área natural protegida “El Tepozteco”, el incendio forestal que afecta al predio Santo Domingo Ocotitlán se encuentra con un 85% de liquidación, tras impactar preliminarmente 1,200 hectáreas. En la Autopista México-Cuernavaca, otro incendio ya se encuentra completamente controlado, con un 90% de liquidación sobre una superficie de 35 hectáreas.

Otro punto relevante se ubica entre Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México, donde las Áreas Nacionales Protegidas Corredor Biológico Chichinautzin y El Tepozteco registran un control total y un 90% de liquidación, tras haber sido afectadas 240 hectáreas.

En Aramberri, Nuevo León, el predio Cañón de Vacas reporta un 95% de control y 90% de liquidación, con mil hectáreas afectadas. En Xilitla, San Luis Potosí, el avance del incendio ha sido contenido en un 85% y presenta un 70% de liquidación.

En el estado de Puebla, el municipio de Libres enfrenta un incendio con 900 hectáreas afectadas, y un progreso del 90% en el control del fuego. Por su parte, en los límites de Puebla y Tlaxcala, el área del Pico de Orizaba muestra avances, con un 80% de control y 60% de liquidación en una zona de mil 500 hectáreas.

La Conafor ha lanzado un llamado contundente a la población: evitar el uso del fuego en áreas forestales, no dejar basura y, especialmente, no arrojar colillas encendidas. También hizo hincapié en que la participación voluntaria en el combate a los incendios debe realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con capacitación, equipo adecuado y dentro de brigadas organizadas.

En México, la temporada más crítica de incendios se extiende de enero a junio, especialmente en las regiones centro, norte, noreste, sur y sureste. En el noroeste del país, el riesgo se eleva de mayo a septiembre. La situación actual exige responsabilidad ciudadana y coordinación constante para evitar una mayor catástrofe ambiental.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.

En una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desechamiento del expediente que acusaba al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación. La propuesta fue impulsada por su presidente, Hugo Eric Flores Cervantes, quien argumentó su improcedencia.

El respaldo de Morena y PVEM fue clave en la decisión. Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde, justificó su voto a favor señalando fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Según explicó, la carpeta presentaba dictámenes contradictorios, falta de testigos y una ausencia de perspectiva de género en su resolución.

El legislador destacó que, en caso de votar en contra, el dictamen habría quedado desechado definitivamente. Con esta resolución, la Fiscalía de Morelos podrá presentar una nueva denuncia con una investigación más sólida y evitar que el caso se estanque.

En el transcurso de la discusión, el diputado panista Germán Martínez acusó a Flores Cervantes de actuar como “abogado de Cuauhtémoc Blanco“. Ante esta afirmación, el presidente de la Sección Instructora respondió enérgicamente, rechazando cualquier sesgo en su decisión y defendiendo el análisis jurídico del expediente.

Martínez calificó la votación como un agravio contra las mujeres del país y solicitó a las líderes políticas Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia que no guarden silencio ante la resolución. Expresó su indignación, asegurando que con este dictamen se estaría otorgando impunidad al exgobernador.

Flores Cervantes insistió en que el expediente carecía de rigor técnico y profesional. Señaló que los peritajes psicológicos presentados eran contradictorios: uno indicaba que la víctima no presentaba daño psicológico, mientras que otro, realizado dos meses después con la misma metodología, sostenía lo contrario.

El dictamen será enviado este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea analizado en las sesiones de la próxima semana. La discusión aún no ha terminado, y el pleno tendrá la última palabra sobre el futuro del caso.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que pueda responder ante un juez penal por el delito de violación en grado de tentativa. 

En un comunicado oficial, la fiscalía indicó que esta petición ante el Congreso de la Unión es un requisito constitucional necesario para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público. La solicitud se formalizó este jueves y marca un nuevo capítulo en la investigación contra el actual diputado federal.

Cuauhtémoc Blanco, quien dejó la gubernatura de Morelos en agosto de 2024, asumió su cargo como diputado federal por Morena el 1 de septiembre del mismo año. Su fuero parlamentario impide que se le procese judicialmente sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

El caso se originó en diciembre de 2023, cuando Fabiola “N” denunció haber sido agredida por Blanco. Según la fiscalía, la víctima ha aportado nuevas pruebas en los últimos meses, lo que ha impulsado la investigación y la necesidad de retirar el fuero al exfutbolista para que enfrente la justicia.

Además, la fiscalía informó que se está integrando una carpeta de investigación por el delito de amenazas en agravio de la denunciante. En este contexto, se ha mencionado la presunta participación del dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo, quien habría intimidado a la víctima tras su denuncia contra Blanco.

Otro hecho relevante es la denuncia interpuesta en octubre de 2024 por la mediahermana del exfutbolista, cuyo caso está registrado bajo la carpeta de investigación con folio SC01/9583/2024 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Según los informes, la agresión denunciada habría ocurrido en la residencia oficial del gobierno estatal, ubicada en la colonia Reforma de Cuernavaca.

Este proceso judicial podría marcar un precedente en la política mexicana, ya que determinará si un servidor público con fuero puede ser juzgado sin impedimentos legales. Por el momento, se espera la respuesta de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero para que Cuauhtémoc Blanco pueda comparecer ante la justicia y esclarecer los hechos de los que se le acusa.