Lujo bajo la lupa: Fiscalía Anticorrupción investiga a exsecretaria de Hacienda de Morelos

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

Mario Marín regresa al Altiplano: Un nuevo capítulo en el caso Lydia Cacho

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.

El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.

Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.

En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.

Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.