Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.