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Con un tono directo y sin rodeos, el senador Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura frente a la participación ciudadana en la inédita elección judicial que se llevará a cabo este domingo. Afirmó que votar utilizando un acordeón ajeno equivale a copiar en un examen y que cada persona debe asumir la responsabilidad de su voto de manera informada y consciente.

Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena y actual presidente del Senado, anunció que ejercerá su voto después del mediodía en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Explicó que, ante la complejidad de esta jornada electoral —en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros— es comprensible llevar una guía personal, ya que memorizar todos los nombres es prácticamente imposible.

El senador comparó la práctica de votar con listas ajenas con las viejas artimañas de compra de votos por parte de partidos como el PRI y el PAN, una práctica que, según él, persiste en estados como Durango. “Es un delito, no sólo no es correcto”, sentenció.

Frente a los señalamientos sobre la distribución masiva de listas prediseñadas por simpatizantes de Morena, Fernández Noroña desestimó que esto empañe el proceso. Subrayó que lo verdaderamente importante es acudir a las urnas, pues los cargos se asignarán con base en los votos emitidos, independientemente del nivel de participación ciudadana.

“Votes o no votes, las personas juzgadoras que de ahí salgan, esas van a ser”, expresó. En este sentido, reiteró que la abstención no detiene la democracia, pero la participación activa puede influir de forma significativa en los resultados. Señaló que no involucrarse en los procesos políticos no evita que se tomen decisiones, y recordó que los espacios vacíos en política siempre terminan siendo ocupados.

La elección del domingo representa un momento inédito en la historia democrática del país. Nunca antes la ciudadanía había tenido la oportunidad de participar directamente en la elección de perfiles del Poder Judicial. Para Fernández Noroña, esto requiere de preparación previa y compromiso individual, más allá de las tendencias políticas o las recomendaciones externas.

Su mensaje final fue claro: cada voto cuenta y debe ejercerse con convicción y responsabilidad. El proceso no se detendrá, pero quienes participen pueden dejar huella en un momento clave para la vida pública del país.

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.

Este domingo, el Consejo Nacional de Morena dio un paso firme y simbólico en su evolución política: a partir de los comicios de 2027, el nepotismo estará completamente prohibido dentro del movimiento. Una decisión que busca blindar al partido contra viejas prácticas que, aseguran sus líderes, ya no tienen cabida en la transformación que encabezan.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, fue la encargada de dar a conocer esta resolución que, según sus palabras, responde a una exigencia tanto ética como histórica. Desde la sede del partido, aseguró que el Consejo Nacional aprobó por unanimidad la medida y remarcó el entusiasmo, unidad y compromiso que acompañaron este importante anuncio.

“Esto ha sido decidido, ya forma parte de las decisiones internas de nuestro movimiento”, declaró. “Mucha alegría, mucho ánimo, pero sobre todo mucha unidad. Cerramos filas, establecimos que es un compromiso y que entendemos como un compromiso histórico el cuidar a Morena, el cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La reforma se enmarca dentro de cinco ejes fundamentales que definieron el encuentro dominical del Consejo Nacional: austeridad republicana, independencia de los poderes fácticos, respeto entre la militancia, resolución interna de conflictos y, por supuesto, la nueva política anticacicazgos.

Durante la sesión, también se leyó una carta enviada por Claudia Sheinbaum, en la que reafirma los principios fundamentales del movimiento. Esta participación fue valorada por los asistentes como una señal clara de continuidad ideológica en el proceso de transformación que Morena impulsa.

El cónclave contó con figuras clave del partido y del ámbito legislativo: Andy López Beltrán, secretario de Organización; Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; y Sergio Gutiérrez Luna, líder de la bancada de Diputados, además de varios gobernadores morenistas que respaldaron con firmeza la decisión.

La prohibición al nepotismo no tendrá excepciones. Alcalde dejó claro que también aplicará a las candidaturas en coalición, reafirmando así el compromiso del partido de mantenerse congruente con sus principios, sin importar alianzas políticas.

“A la gente no le gusta que se hereden los cargos. A la gente no le gusta que haya cacicazgos”, expresó una voz del partido al concluir la jornada. Una frase que encapsula el espíritu del momento y marca el rumbo de Morena hacia el 2027: un partido que busca reinventarse, sin perder el legado que lo llevó al poder.

Con esta decisión, Morena se posiciona como un partido en renovación interna, alineado con los ideales de transparencia y justicia social que lo fundaron.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Con el respaldo de 86 votos a favor, el Senado aprobó este miércoles el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales para 30 entidades del país. La decisión fue impulsada por Morena y sus aliados, quienes defendieron los perfiles elegidos pese al rechazo frontal de las bancadas opositoras.

Durante la sesión, marcada por momentos de tensión, los nuevos magistrados rindieron protesta ante el pleno, dando cierre a una jornada intensa en el recinto legislativo. La mayoría oficialista avanzó con la designación luego de que la Junta de Coordinación Política validara por la mañana la lista de aspirantes.

Horas más tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso para permitir la incorporación de seis cambios en la propuesta inicial. Las modificaciones se aplicaron a las magistraturas correspondientes a Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Jalisco y Yucatán, tras la intervención del coordinador morenista Adán Augusto López.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, lanzó críticas directas a la bancada de Morena. Desde tribuna, afirmó que los perfiles seleccionados no fueron sometidos a elección popular para beneficiar a los gobernadores.“Hay perfiles que están totalmente cuestionados, porque ustedes los dejaron para los gobernadores como un premio”, acusó.

En el mismo tono, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo lamentó que no se hayan considerado los señalamientos presentados previamente. “Nosotros desde el día de ayer dimos a conocer que algunos perfiles no cumplían con (los requisitos), pero Morena y sus aliados lo que decidieron fue poner a sus cuates y sus cuotas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió sobre los riesgos de avanzar con designaciones presuntamente alineadas con el partido en el poder. “Vamos a ir a partidos de fútbol con el árbitro comprado, con el árbitro vendido, con el árbitro comprometido”, declaró, en alusión al papel de los magistrados en procesos electorales.

En respuesta, la morenista Lucía Trasviña defendió los nombramientos, argumentando que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer su filiación política, credo e ideología. “¿Por qué vamos a suprimirles esos derechos?”, cuestionó desde su escaño, rechazando los señalamientos de parcialidad.

La votación y protesta de los magistrados se da en un contexto preelectoral, donde las tensiones entre oficialismo y oposición se agudizan. Con estos nombramientos, se completa una pieza clave en el aparato electoral estatal, a pocos meses del inicio formal de los próximos comicios.

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el 18 de febrero a las 20:00 horas, un total de 222 aspirantes a cargos judiciales presentaron su renuncia. Estos candidatos formaban parte de la lista de 4,224 postulaciones firmes enviadas por el Senado de la República al INE.

En un comunicado oficial, el instituto indicó que actualizará el listado de candidaturas en su portal web conforme reciba nuevas solicitudes de renuncia. Además, anunció que, a partir de este martes, recibirá solicitudes de ratificación de renuncia o aclaración de personas a un cargo judicial durante las 24 horas del día en sus 300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y oficinas centrales.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el Senado ya concluyó su labor en este proceso y que la responsabilidad de la elección judicial ahora recae en el INE. En sus declaraciones, reafirmó que el Senado colaborará con el instituto en lo necesario, aunque señaló que algunos actores políticos han utilizado el tema para cuestionarlo.

Por su parte, la consejera del INE, Carla Humphrey, advirtió que el plazo máximo para hacer modificaciones en la lista de candidaturas es el 20 de febrero, antes de proceder con la impresión de las boletas electorales. Explicó que aún existen inconsistencias en los datos, como candidaturas duplicadas y errores en los nombres, lo que representa un reto para el instituto en la fase final del proceso.

El INE continúa evaluando la información recibida y trabaja en la depuración de la lista para garantizar la transparencia y legalidad en la designación de los nuevos juzgadores. Con el cierre del plazo acercándose, el proceso de actualización cobra especial relevancia en la organización de los comicios

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, que permitirá la creación de una empresa filial constructora y fomentará el arrendamiento accesible. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones en lo general, y 67 votos a favor y 35 en contra en lo particular, el dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 

Uno de los principales cambios que introduce esta reforma es la posibilidad de que el Infonavit adquiera terrenos cedidos por estados y municipios para construir viviendas a un costo hasta 30% menor. Según la senadora Beatriz Mojica, esta medida facilitará el acceso a vivienda social y beneficiará a miles de trabajadores en el país.

Además, la reforma otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar las operaciones de crédito del Infonavit. No obstante, la nueva filial constructora no estará sujeta a la misma vigilancia, lo que ha generado preocupación entre la oposición.

Los legisladores opositores han expresado su inquietud por los 2.4 billones de pesos en activos que posee el Infonavit, argumentando que la reforma podría poner en riesgo estos recursos al no establecer mecanismos claros de control y transparencia. A pesar de estos señalamientos, el Senado aseguró en un comunicado que los ahorros y créditos de los trabajadores no serán afectados y contarán con supervisión fiscal.

Tras una discusión de casi seis horas y la votación de 24 reservas, el dictamen fue finalmente aprobado. “Pueblo de México, volvemos a cumplir y habrá vivienda para el pueblo trabajador”, declaró José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la aprobación.

Ahora, la reforma solo necesita ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el acceso a la vivienda y ampliar las opciones habitacionales para los trabajadores mexicanos.

Facundo Santillán Julián ha sido nombrado como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Este cargo era anteriormente ocupado por José Agustín Ortiz Pinchetti. El nombramiento fue notificado al Senado, que solo tomará conocimiento del aviso sin necesidad de aprobación.

Con una trayectoria sólida en la administración pública, docencia y el sector privado, Santillán Julián cuenta con experiencia en diversas áreas de seguridad y justicia. Antes de asumir este nuevo reto, dirigió la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de ocupar la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la misma institución en 2022.

Su trayectoria incluye el desempeño como asesor en la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México y como coordinador general de estrategias en esa misma institución en 2021. También ha trabajado en el ámbito estatal como subdirector de amparos en una secretaría de seguridad pública.

El anuncio de su designación se realiza en el contexto de la primera sesión ordinaria del Senado de la República, presidida por Gerardo Fernández Noroña. En esta jornada, además del nombramiento, se abordarán otros temas clave, incluyendo reformas y nuevos proyectos legislativos.

Las comisiones del Senado también iniciarán reuniones para trabajar en las iniciativas prioritarias de la Cámara Alta en los próximos días. Con este nombramiento, la FISEL continuará con su labor de garantizar el cumplimiento de la ley en procesos electorales, contribuyendo a la transparencia y legalidad en los comicios del país.