Senado aprueba reforma constitucional para proteger a los animales y erradicar el maltrato

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó modificaciones a los artículos 43, 4 y 73 de la Constitución para prohibir el maltrato animal y garantizar su protección, trato adecuado y conservación. Además, se incluyó la enseñanza de la protección animal en los planes de estudio de la educación pública.

La sesión estuvo llena de gestos simbólicos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, decoró su espacio con figuras de crochet representando un changuito y un león, mientras la senadora Verónica Camino colocó un peluche en su tribuna. Varias pancartas con imágenes de animales y frases como “Amor sí, maltrato no” adornaron los escaños.

Un momento especial lo protagonizó “Ángel Tonatiuh”, un perro rescatado del huracán John, invitado por el senador Félix Salgado Macedonio. El legislador, portando una camiseta de la asociación Perritos Felices, dio voz al perro para resaltar los derechos animales en países como Austria y pedir mayor reconocimiento en México.

La senadora Sandra Olvera Bautista destacó la importancia ética y social de esta reforma, citando a figuras como Paul McCartney y Abraham Lincoln. Resaltó que erradicar el maltrato animal es esencial para avanzar hacia un México sin violencia.

Por su parte, el senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, subrayó la relación entre el abuso animal y la violencia humana, señalando que esta legislación también fortalece el tejido social. En tanto, el priista Paloma Sánchez recordó la deuda histórica con los animales que han sido explotados o sometidos a crueldad.

El dictamen también establece la necesidad de mejorar refugios para animales en todo el país, asegurando condiciones dignas.

Esta reforma representa un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de los animales como parte fundamental de una sociedad justa y ética.

830 personas completan parcialmente su registro para cargos de jueces, magistrados y ministros

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que 830 personas han completado de manera parcial su registro ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, de acuerdo con un reporte de Proceso.

Este número de registros muestra el alto interés en el proceso de selección para ocupar puestos clave en el Poder Judicial, como juez, magistrado o ministro. Fernández Noroña mencionó que, hasta ayer, la cifra se mantenía en ese rango, aunque no se ha publicado información oficial debido a que el proceso sigue en curso.

De los 830 participantes, todos han completado el formulario y entregado parte de la documentación solicitada, aunque algunos aún deben cumplir con ciertos requisitos para finalizar su registro. Para facilitar esta fase, el Senado planea reforzar la Comisión de Evaluación con personal extra, quienes se encargarán de contactar a los postulantes para recordarles los documentos faltantes.

Por otro lado, 350 personas adicionales han reservado un espacio en el proceso, aunque sin avanzar en el llenado de formularios ni en la entrega de documentos requeridos. Fernández Noroña considera que estos interesados podrían estar probando el funcionamiento del sistema o mostrando un interés inicial en el proceso.

El plazo para completar el registro estará abierto hasta el próximo 24 de noviembre. Aquellos que no finalicen sus trámites para esa fecha quedarán fuera de la contienda por estos cargos en el Poder Judicial, uno de los órganos más importantes en la estructura del Estado mexicano, cuyo proceso de renovación ha generado gran expectativa.

 

Presidente del INAI ofrece su cargo para evitar la desaparición del organismo

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha desatado un intenso debate en el país. Ante la creciente presión y las propuestas legislativas que buscan disolver al organismo, Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha puesto sobre la mesa su renuncia, un movimiento inesperado que busca evitar la eliminación de esta institución autónoma.

 

“Mi renuncia está disponible, siempre y cuando se garantice que los derechos de la sociedad serán atendidos de inmediato”, declaró Alcalá. Con esta afirmación, el comisionado dejó en claro que su prioridad es asegurar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para proteger el derecho a la información y a los datos personales de los ciudadanos.

 

El comisionado también subrayó que la desaparición del INAI no solo afectaría los derechos de los mexicanos, sino que podría tener consecuencias internacionales, específicamente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alcalá advirtió que el tratado exige la existencia de organismos autónomos que aseguren el flujo transfronterizo de datos personales entre los países miembros. De desaparecer el INAI, México se arriesgaría a vulnerar un acuerdo que es crucial para la economía y la confianza internacional en el país.

 

Además de ofrecer su renuncia, el INAI ha presentado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para reducir el gasto corriente del instituto, que incluye una reducción salarial de los comisionados y un recorte en el número de integrantes del organismo, de siete a cinco, lo que representaría un ahorro de 330 millones de pesos. Esta estrategia, explicó Alcalá, busca demostrar que el INAI está comprometido con la austeridad y la transparencia, elementos clave que podrían convencer al Congreso de la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

 

La propuesta de pasar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha generado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Para muchos, esta medida representa un retroceso en términos de imparcialidad y transparencia, ya que colocaría al gobierno en una posición de “juez y parte” en la entrega de información pública. Alcalá enfatizó el riesgo de que esta medida pueda “volver parcial la función pública y comprometer la protección de los datos personales“, lo cual, según sus palabras, “afectaría profundamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental”.

 

Por otro lado, el comisionado expresó su confianza en que el diálogo con los legisladores, incluyendo a figuras clave como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pueda generar una solución que preserve al INAI. Alcalá ha reiterado la importancia de que los derechos de los mexicanos a la información y a la protección de datos sigan garantizados por un ente independiente, y que se evite cualquier medida que comprometa esta autonomía.

 

Mientras que la sociedad civil se mantiene atenta a las decisiones del Congreso, pues la desaparición del INAI significaría un cambio radical en la forma en que los ciudadanos acceden a la información gubernamental. 

Declinan 859 jueces y magistrados en elección extraordinaria; Senado abordará la situación

Un total de 859 jueces y magistrados de todo el país ha decidido no participar en la elección extraordinaria programada para junio de 2025, lo que supera la cifra de 721 funcionarios judiciales inicialmente inscritos para el proceso. Además, se informó que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han presentado su renuncia o han declinado participar, lo que ha llevado al Senado a considerar el asunto en las próximas sesiones.

El Senado, mediante un listado publicado en su página oficial, también reportó que, para la elección de 2027, 65 jueces y 140 magistrados han decidido no competir por sus respectivos cargos, además de siete funcionarios en proceso de jubilación. Entre las renuncias más destacadas se encuentra la jueza Nancy Juárez Salas, quien recientemente ordenó a la Presidencia retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Otro caso relevante es el del juez Enrique Beltrán Santés, quien declinó participar en el proceso pese a haber sido sorteado. Beltrán Santés, juez de control de Almoloya de Juárez en el Estado de México, lleva actualmente el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, conocido por haber emitido suspensiones a la construcción del Tren Maya, y la jueza Abigail Ocampo Álvarez, señalada por autoridades federales de presuntamente “amparar delincuentes” tras otorgar un amparo a Antonio Oseguera, también figuran entre quienes decidieron no participar en el proceso de selección.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en Ciudad Victoria, quien en su momento vinculó a proceso a Emilio Lozoya en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, también declinó su participación a pesar de haber sido sorteado en el proceso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la declinación de estos 859 funcionarios y detalló que entre ellos hay 349 jueces y 510 magistrados. Reiteró que las posiciones en disputa son 386 para jueces y 464 para magistrados, mientras que el próximo miércoles se presentarán formalmente ante el Senado las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que el pleno decida las medidas a tomar.

 

Más de 800 jueces y magistrados renuncian al pase directo en elecciones 2025 siendo un declinación histórica

El Senado de la República anunció una decisión sin precedentes en el ámbito judicial y político mexicano: un total de 820 jueces y magistrados han decidido no contender por el pase directo en la boleta electoral de junio de 2025 para mantener sus cargos. Esta lista, que incluye a 487 magistrados y 333 jueces, fue presentada de manera oficial por la Cámara Alta este viernes, marcando un punto clave en la próxima renovación del poder judicial.

 

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aclaró que inicialmente se había registrado un número superior de solicitudes de declinación, ascendiendo a 859. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo y de verificación documental, se determinó que algunas solicitudes estaban duplicadas o no cumplían con los requisitos específicos, lo que ajustó la cifra final. “Queríamos asegurar que cada escrito representara la voluntad clara de cada juzgador y no existiera confusión en el tipo de documentos recibidos”, comentó Fernández Noroña.

 

El anuncio también señaló a algunos jueces y magistrados que presentaron sus escritos de declinación fuera del plazo estipulado, lo que generó inquietudes entre los senadores sobre la validez de dichas solicitudes. Entre ellos destacan Salvador Flores, juez de distrito en Morelos, y Nancy Selene Hidalgo, jueza de distrito en el Estado de México, quienes formaron parte de un grupo de siete juzgadores cuyos documentos se recibieron con retraso.

 

El listado publicado por el Senado no solo incluyó las declinaciones, sino también menciones especiales que han captado la atención pública. Uno de los casos más emotivos fue el de la jueza Julieta Ramírez Fragoso, especialista en materias civil, administrativa y laboral en Puebla. Diagnosticada con cáncer de hueso en julio, Ramírez solicitó la posibilidad de postergar su participación electoral hasta el proceso de 2027 debido a sus circunstancias médicas. Este gesto de humanidad y profesionalismo fue aplaudido tanto por sus colegas como por los legisladores.

 

Otro caso destacado fue el de Cecilia Armengol Alonso, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien solicitó ser candidata única en su cargo y ser postulada por los tres poderes de la Unión. Armengol expresó que, de obtener esta consideración, se mantendría en su puesto sin necesidad de pasar por el proceso electoral de 2025. Esta solicitud abre un debate sobre el proceso de elección de magistrados y sus implicaciones en el equilibrio entre independencia y estabilidad en el poder judicial.

 

Además de los jueces y magistrados de circuito, el Senado confirmó que ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, entre otros, también declinaron su participación en el pase directo para la boleta de 2025. Esta decisión, que ha sido objeto de intenso escrutinio, plantea una reflexión sobre la independencia del poder judicial en México y la transparencia de sus procesos de elección.

 

El Senado discutirá en su próxima sesión los detalles de estas declinaciones y evaluará los pasos a seguir en relación con la elección de nuevos magistrados y jueces. La medida busca asegurar que los próximos cargos sean ocupados por funcionarios que, más allá de su antigüedad, representen un compromiso renovado con la imparcialidad y la justicia.

Ocho ministros de la SCJN renuncian por inconformidad con reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, anunció este miércoles su renuncia al cargo junto con la de otros siete ministros, en lo que calificó como un “acto de congruencia”. Esta decisión se produce en medio de las protestas desatadas por la polémica reforma judicial promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Piña y los otros ministros que dimiten finalizarán oficialmente su cargo en agosto de 2025, y ninguno de ellos participará en la elección judicial del próximo año para continuar en la SCJN.

En su misiva dirigida al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Piña expresó que su renuncia no implica conformidad con su separación anticipada del cargo, para el cual fue designada hasta el 10 de diciembre de 2030. “Es un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que nos rige”, manifestó. La carta, difundida en redes sociales y citada por la agencia EFE, destaca que la ministra se siente “orgullosa” de haber formado parte del Poder Judicial de la Federación durante sus 36 años de servicio.

La ministra Margarita Ríos Farjat, por su parte, también comunicó su decisión de no participar en la próxima elección y de renunciar al haber de retiro que le correspondería conforme a la reforma judicial. En su carta, dirigida al Senado, Ríos Farjat enfatizó que en caso de recibir dicho beneficio, lo devolvería a la Tesorería de la Federación.

El martes, otros ministros, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, anunciaron que también se retirarían, uniéndose a la postura de inconformidad de Piña y Ríos Farjat frente a la reforma judicial.

En el Senado, Gerardo Fernández Noroña confirmó haber recibido las cartas de renuncia de los ocho ministros que dejarán su cargo. Las únicas ministras que han mostrado interés en participar en el proceso electoral para ocupar cargos en el Máximo Tribunal son Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes tienen afinidad con la actual administración.

La batalla silenciosa por el control del Comité Técnico de Evaluación entre Monreal y Adán Augusto

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

Senado aprueba sorteo para elegir jueces y magistrados en 2025

El Pleno del Senado dio luz verde, con 73 votos a favor y 33 en contra, a un acuerdo que regula el procedimiento de sorteo para 658 cargos de jueces y magistrados, que serán sometidos a votación popular el 1 de junio de 2025.

El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, convocó a una sesión plenaria el sábado 12 de octubre a las 9:00 horas para llevar a cabo este procedimiento. El acuerdo establece que los cargos seleccionados deben representar la mitad de los jueces y magistrados de cada circuito judicial, tomando en cuenta las materias específicas que les corresponden.

La información oficial que especifica los cargos de los magistrados de circuito y jueces de distrito será integrada en una base de datos dividida en dos listas: una para magistrados de circuito y otra para jueces de distrito. Esta base de datos incluirá detalles como el circuito judicial, el tipo de órgano jurisdiccional, la materia de competencia, y el número ordinal de cada órgano judicial, en caso de que aplique.

Además, la base de datos contendrá los nombres y apellidos de los servidores públicos titulares, junto con la denominación de su nombramiento o adscripción, organizados alfabéticamente en el caso de órganos jurisdiccionales colegiados, así como su lugar de residencia.

El acuerdo también plantea el desarrollo de una aplicación informática o la implementación de un método manual que, de forma simple y clara, realice el sorteo de cargos impares o pares en la base de datos. Esto permitirá seleccionar de manera aleatoria y segura los puestos que se someterán a elección popular, y mostrarlos de forma pública e inmediata.

Fernández Noroña y Norma Piña buscan acuerdo entre Poderes tras tensiones

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para avanzar en un acuerdo entre los Poderes de la Unión.

“Quiero ser claro: existe un acuerdo para, incluso en los momentos más complicados, mantener el diálogo. Ese es el acuerdo fundamental y, a partir de ahí, construir todo lo que sea posible. Hay disposición tanto de nuestra parte como del Poder Judicial para buscar puntos en común. Veremos si se logra”, afirmó el legislador de Morena.

En la sesión solemne de esta mañana, realizada con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, Piña fue recibida por Fernández Noroña en la Cámara alta.

Según el presidente del Senado, esta participación fue resultado del diálogo que se está estableciendo entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Existe una comunicación constante, encabezada por la secretaria de Gobernación y el compañero Adán Augusto, en representación del Gobierno Federal. Yo, desde el Poder Legislativo, también estoy colaborando. Hay un acuerdo de mantener el diálogo, lo cual considero algo muy positivo y significativo”, expresó Fernández Noroña.

En días previos, se registraron desacuerdos entre el Senado y el Poder Judicial, después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se negó a proporcionar información necesaria para emitir la convocatoria de elección de jueces.

Fernández Noroña señaló en ese momento que esta postura era un reflejo de la resistencia del Poder Judicial ante la reforma constitucional ya aprobada, acusando a la institución de obstruir el proceso con trámites burocráticos. “Si nada pudo frenar la Reforma al Poder Judicial, tampoco lo logrará la reticencia del Poder Judicial para implementar los cambios”, declaró el senador.

Por su parte, el CJF explicó que su negativa se debe a una suspensión vigente que impide compartir dicha información. Esta postura fue respaldada por un juez federal de Monterrey, quien ratificó la suspensión, ordenando detener la elección judicial y prohibiendo al Consejo entregar al Senado las listas para la convocatoria.

Senado aprueba Reforma Judicial en medio de tensiones y protestas

Minutos después de la medianoche, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció la aprobación en lo general de la Reforma Judicial, obteniendo la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra. La bancada de Morena, junto con sus aliados, alcanzó los dos tercios necesarios para avanzar con la reforma, tras días de controversia y senadores que cambiaron su postura en el último momento. La jornada estuvo marcada por intensas manifestaciones que llegaron a interrumpir la sesión en una sede alterna.

A las 12:03 am, las redes sociales y el canal del Congreso confirmaron la aprobación de la reforma. Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Miguel Ángel Yunes, cuyo voto a favor, pese a las críticas de su propio partido, completó el número necesario de votos. Este giro provocó fuertes reacciones, y Yunes fue tildado de “Judas” y “traidor a la patria” por algunos.

Las sospechas sobre presiones de Morena y el Gobierno Federal a senadores de la oposición para cambiar su voto se sumaron a las tensiones. Afuera del Senado, cientos de ciudadanos se manifestaron en contra de la reforma, y algunos llegaron a irrumpir en el recinto, lo que obligó al Senado a trasladarse a la Casona de Xicoténcatl.

A pesar de la aprobación en el Senado, la reforma aún debe ser ratificada por al menos 17 de los 32 congresos estatales. Morena controla 22 de ellos, lo que prácticamente asegura que la reforma será ley. Todo el proceso debe completarse antes del 1 de octubre, cuando concluye el mandato del presidente López Obrador. Una vez ratificada, Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, será la encargada de implementar la reestructuración del Poder Judicial y organizar las elecciones de jueces.