Sheinbaum promete elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas al cierre de su sexenio

En su visita a Toluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas al final de su gobierno, siempre y cuando la consulta de revocación de mandato le permita concluir el sexenio.

“Si me dejan terminar el sexenio, el salario mínimo aumentará en 2030”, aseguró la mandataria durante el mitin de este domingo, al explicar que la meta es que pase del nivel actual de 1.7 a 2.5 canastas básicas.

La presidenta destacó que el incremento salarial es una herramienta para una mejor distribución de la riqueza: “Cuando los salarios son bajos, hay más ganancia para algunos, pero cuando aumenta, se distribuyen las ganancias”. También subrayó que los aumentos al salario mínimo “han sido muy importantes para distribuir la pobreza en nuestro país”.

En referencia a lo señalado en su conferencia del pasado viernes, Sheinbaum explicó que el alza podría mantener la misma tendencia registrada en 2025, cuando se autorizó un incremento del 12%. “Puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en máximo 4%”, afirmó.

La mandataria también resaltó la relevancia de los programas del Bienestar en la reducción de los índices de pobreza. En su discurso, reconoció el trabajo legislativo que respalda estas políticas: “Hay que darle un aplauso a los diputados y senadores del movimiento, porque están establecidos en la constitución”, expresó, acompañada por legisladores como Juan Hugo de la Rosa, exalcalde de Nezahualcóyotl.

El evento estuvo marcado por una protesta en las primeras filas. Una mujer con el rostro cubierto levantó en varias ocasiones una pancarta con la leyenda “Menos discurso y más resultados”. Ante la insistencia, Sheinbaum solicitó apoyo a su equipo de trabajo y finalmente sometió el asunto a votación entre los asistentes.

“Aquí hay libertad de expresión, no hay ningún problema, pero también tiene que haber respeto”, aclaró. Acto seguido, pidió a los presentes levantar la mano para manifestar si debía prevalecer el respeto. La mayoría de los asistentes apoyó la propuesta, y ninguno lo hizo en contra. “Bueno, pues, respeto compañeros, no pasa nada”, concluyó la presidenta, retomando su intervención.

En su mensaje, Sheinbaum insistió en que su gobierno mantiene el compromiso de continuar con la lucha que lo llevó al poder: “No llegamos a administrar seis años y olvidarnos de nuestra lucha, llegamos a seguir luchando por el pueblo de México”, declaró.

La presidenta también elogió a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a quien describió como un ejemplo de liderazgo: “Nunca se le olvida porque es sabia y sencilla. Ese es nuestro origen y destino”, afirmó.

Choque en la frontera: Ejército bajo fuego por muerte de migrantes en Chiapas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alarmas este viernes con la publicación de la Recomendación 175VG/2025, en la que responsabiliza al Ejército mexicano de “graves violaciones a los derechos humanos” tras un operativo que terminó en tragedia. El hecho ocurrió en octubre pasado, cuando soldados abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes en el estado de Chiapas. Seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.

 

La CNDH confirmó que los migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas y 19 más sobrevivieron sin lesiones. La Comisión fue clara al señalar que los militares involucrados no utilizaron métodos menos letales antes de disparar y que tampoco justificaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable.

 

Como parte de su resolución, la CNDH exigió a la Sedena la reparación del daño a las víctimas y la creación de un protocolo de atención específico para personas migrantes. También se identificó a dos soldados como posibles responsables directos del ataque, por lo que se espera que haya acciones legales en su contra.

 

Este suceso tuvo lugar el 1 de octubre, el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, mientras los militares realizaban patrullajes en una región atravesada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales que se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en el sur del país.

 

Pese a que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su negativa a militarizar aún más la frontera sur, su administración ha mantenido la estrategia de despliegue militar heredada del gobierno anterior. En su punto más alto, más de 36 mil elementos del Ejército participaron en tareas de control migratorio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

 

El llamado de la CNDH se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el trato a las personas migrantes que transitan por México. A medida que aumenta la presión desde Estados Unidos para reforzar los controles migratorios, la política de seguridad en la frontera sur se encuentra bajo la lupa.

 

La tragedia en Chiapas marca un punto de inflexión. Las instituciones mexicanas están obligadas a actuar con responsabilidad y apego a los derechos humanos, especialmente en un contexto tan delicado como el tránsito migrante en territorios conflictivos.

Millones descongelados tras la batalla perdida de la UIF ante los tribunales

En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfrentó un desafío monumental: proteger el sistema financiero mexicano del dinero ilícito. Sin embargo, las decisiones judiciales han debilitado considerablemente sus esfuerzos. Más del 84% de los fondos bloqueados por la UIF, equivalentes a 37 mil 434 millones de pesos, han sido liberados por jueces, dejando al descubierto un sistema donde la impunidad encuentra nuevas rutas.

 

Entre los principales factores que obstaculizan a la UIF destaca la “jurisprudencia Medina Mora”, que exige que cualquier bloqueo de cuentas bancarias esté respaldado por una solicitud expresa de una autoridad extranjera. Esta medida, según expertos, limita la autonomía de México en investigaciones sobre lavado de dinero. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agrava la situación, permitiendo que un simple amparo provisional otorgue acceso inmediato a los fondos bloqueados, incluso si posteriormente se demuestra que su origen es ilícito.

 

El impacto de estas decisiones va más allá de las cifras. Las investigaciones han revelado que personajes como Kamel Nacif, señalado por tortura; la Iglesia de la Luz del Mundo, vinculada a delitos sexuales; y operadores del crimen organizado, han recuperado millonarios recursos gracias a estos fallos judiciales. Entre los beneficiados también figuran figuras como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada, y personas relacionadas con redes de corrupción y tráfico de drogas.

 

Los datos son contundentes. En 2019, la UIF apenas pudo retener el 3.63% de los 16 mil millones de pesos bloqueados, mientras que en 2020 ese porcentaje se redujo al 1.83%. Aunque en 2024 logró revertir esta tendencia y retuvo el 93.78% de los fondos congelados, la reciente decisión de la SCJN podría anular estos avances, facilitando que los recursos vinculados al crimen organizado circulen nuevamente.

 

Desde 2019, los amparos contra la UIF han aumentado un 215%, evidenciando cómo los mecanismos legales pueden ser utilizados tanto para proteger derechos como para eludir responsabilidades. Mientras la UIF lucha por blindar el sistema financiero, la SCJN ha abierto una puerta que podría convertir los bloqueos en medidas temporales y casi ineficaces.

 

El desafío ahora es claro: encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y la necesidad de proteger la integridad financiera de México frente a la sombra del crimen organizado.

De líder de seguridad a prisionero: la caída estrepitosa de García Luna

Genaro García Luna, el hombre que alguna vez encabezó la estrategia de seguridad nacional durante el sexenio de Felipe Calderón, ha comenzado una nueva etapa de su vida tras las rejas. Tras ser sentenciado en octubre a 460 meses de prisión, aproximadamente 38 años, el exsecretario de Seguridad Pública fue trasladado recientemente a una prisión federal en Oklahoma. Un destino irónico para quien, en su tiempo, juró combatir al narcotráfico con todas sus fuerzas.

 

El juez Brian Cogan, conocido por llevar casos de alto perfil como el del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, dictó una sentencia que fue considerada un punto medio entre la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía y los 20 años propuestos por la defensa. Además, impuso una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada una vez cumplida su condena. En un comentario lapidario, Cogan le dijo a García Luna: “Ya se engañó usted mismo en pensar que respeta la ley. Tiene usted esa misma mente nublada que ‘El Chapo’”.

 

La caída de García Luna ha sido espectacular y trágica. Reconocido como el “zar antidrogas” y arquitecto de la llamada guerra contra el narcotráfico, su mandato abarcó los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, entre 2001 y 2012, según las pruebas presentadas por la Fiscalía estadounidense, García Luna trabajó en las sombras para proteger y favorecer al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos.

 

Durante su juicio en Brooklyn, testigos clave como Jesús “Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande”, y Óscar “Lobo” Valencia detallaron cómo García Luna recibía maletas repletas de dinero a cambio de garantizar el libre tránsito de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Se le responsabiliza, entre otros actos, de proteger al menos 53 toneladas de cocaína enviadas al país vecino entre 2002 y 2008.

 

A pesar de las declaraciones y pruebas presentadas, García Luna ha insistido en su inocencia. En una carta enviada a la prensa en septiembre, acusó a la justicia estadounidense de basarse en “información falsa proporcionada por el gobierno de México” y en testimonios de criminales a los que él mismo había perseguido. Aun así, su apelación parece ser su última carta en un juego donde las probabilidades están en su contra.

 

Mientras García Luna inicia su condena en la prisión federal de Oklahoma, el gobierno de México no ha cerrado el capítulo. La administración actual ha solicitado su extradición por cargos de malversación de fondos públicos, una acusación que podría complicar aún más su futuro.

 

La historia de García Luna es un reflejo de cómo el poder puede transformarse en corrupción y traición. Para muchos, su condena representa una victoria simbólica contra la impunidad que ha corroído las instituciones de seguridad en México. Sin embargo, para otros, es apenas el comienzo de una larga y difícil batalla para desenmarañar los vínculos del crimen organizado con el aparato estatal.

Reto diplomático con ausencias notables para la primer presidenta Claudia Sheinbaum

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México estuvo marcada no solo por la importancia histórica del evento, sino también por las ausencias diplomáticas de varios países clave. Las sillas vacías de España, Ecuador y Perú destacaron, reflejando las tensas relaciones diplomáticas que se gestaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

 

La ausencia de estos países no pasó desapercibida y evidenció los desacuerdos diplomáticos que han influido en la política exterior mexicana en los últimos años. “El escenario internacional refleja las consecuencias de las decisiones del pasado reciente”, comentaron algunos analistas. A pesar de los intentos de Claudia Sheinbaum por mantener un discurso conciliador, la herencia diplomática de su predecesor parece ser un reto inevitable en su administración.

 

Uno de los episodios más notorios fue la ausencia de España en la ceremonia de investidura. La razón de esta ausencia se remonta a un antiguo conflicto entre los dos países, cuando en 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI un reconocimiento formal por los agravios cometidos hacia los pueblos indígenas durante la colonización. “Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa,” explicó Sheinbaum en un comunicado, dejando entrever el malestar diplomático que persiste entre las dos naciones.

 

El gobierno español decidió no enviar representantes a la toma de protesta, en parte porque solo se extendió la invitación al presidente Pedro Sánchez, excluyendo al rey Felipe VI. Este gesto fue interpretado en Madrid como un desaire, lo que tensionó aún más la relación bilateral, ya afectada por la falta de un diálogo fluido en los últimos años.

 

Otro de los países ausentes fue Ecuador, cuyo conflicto con México tiene raíces en un incidente diplomático de alto perfil. Durante la presidencia de López Obrador, México concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien enfrentaba cargos judiciales en su país. Este acto provocó una crisis cuando fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, desatando una disputa entre los dos gobiernos.

 

A raíz de este incidente, las relaciones entre México y Ecuador se deterioraron considerablemente. El conflicto escaló hasta el punto de que ambos países se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con acusaciones mutuas de violaciones al derecho internacional y a los tratados diplomáticos. Las relaciones, hasta la fecha, permanecen congeladas.

 

Las relaciones entre México y Perú también han sido tensas desde 2022, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Castillo, intentó un autogolpe de Estado. Tras su destitución, Dina Boluarte asumió el poder, pero López Obrador nunca reconoció su legitimidad. “Boluarte es una usurpadora,” llegó a afirmar el presidente mexicano en repetidas ocasiones, agudizando la confrontación política entre ambas naciones.

 

López Obrador no solo rechazó reconocer al gobierno de Boluarte, sino que también ofreció asilo a la familia de Castillo, lo que agravó aún más el conflicto. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre México y Perú han estado prácticamente inexistentes, y la ausencia de representación peruana en la toma de protesta de Sheinbaum fue una confirmación de ese distanciamiento.

 

El desafío que enfrenta Claudia Sheinbaum en el escenario internacional es significativo. Si bien su llegada a la presidencia de México abre una nueva etapa en la política nacional, los conflictos diplomáticos que heredó de la administración anterior son un lastre que no puede ignorar. Las ausencias en su toma de protesta simbolizan la magnitud del reto que tiene por delante para restaurar las relaciones bilaterales con estos países clave.

 

En sus primeras declaraciones, Sheinbaum ha expresado su deseo de reencauzar las relaciones internacionales de México, apostando por el diálogo y la cooperación. “Nuestra prioridad es mantener relaciones de respeto mutuo y avanzar hacia la estabilidad regional,” aseguró la mandataria en un intento de suavizar las tensiones heredadas. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación diplomática no será fácil, y dependerá de cómo gestione estos primeros meses en el poder.