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El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

El estado de Oaxaca celebra este domingo 25 de enero un ejercicio inédito de participación ciudadana al llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la gubernatura a nivel estatal. La jornada electoral definirá si Salomón Jara continúa o no al frente del gobierno del estado, en un mecanismo que coloca directamente en manos de la ciudadanía la permanencia del titular del Ejecutivo local.

La votación se desarrolla de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con la instalación de más de 2 mil 800 casillas distribuidas en todo el territorio oaxaqueño, de acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El organismo electoral es el encargado de coordinar y supervisar este proceso, considerado un precedente en la vida política estatal.

Hasta ahora, el único antecedente similar en el país se registró en 2022, cuando se realizó a nivel nacional la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Oaxaca, se trata del primer ejercicio de este tipo aplicado a una gubernatura, lo que marca un hecho relevante dentro de los mecanismos de democracia directa en México.

Durante la jornada, el gobernador Salomón Jara acudió a emitir su voto en una casilla ubicada en el municipio donde reside. Tras participar en el proceso, ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que se refirió al significado del ejercicio y a su postura ante el resultado que emane de las urnas.

“Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (…) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza”, expresó el mandatario estatal luego de depositar su boleta.

Jara también señaló que está dispuesto a respetar la decisión ciudadana, cualquiera que sea el resultado de la votación. En ese contexto, afirmó que se encuentra preparado tanto para continuar en el cargo como para dejarlo si así lo determina la ciudadanía.

“(Estoy) preparado para todo. Preparado para que el pueblo nos diga que continuemos, preparado para seguir trabajando o también preparado para el otro. Hoy esperamos esta jornada los resultados y si el pueblo nos dice que ya no nos da la confianza, pues ya les comenté, yo me voy a mi casa”, aseguró.

Con este proceso, Oaxaca se coloca en el centro de la atención nacional al poner en marcha un mecanismo que evalúa directamente el respaldo ciudadano a su gobierno estatal mediante el voto.

En su visita a Toluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas al final de su gobierno, siempre y cuando la consulta de revocación de mandato le permita concluir el sexenio.

“Si me dejan terminar el sexenio, el salario mínimo aumentará en 2030”, aseguró la mandataria durante el mitin de este domingo, al explicar que la meta es que pase del nivel actual de 1.7 a 2.5 canastas básicas.

La presidenta destacó que el incremento salarial es una herramienta para una mejor distribución de la riqueza: “Cuando los salarios son bajos, hay más ganancia para algunos, pero cuando aumenta, se distribuyen las ganancias”. También subrayó que los aumentos al salario mínimo “han sido muy importantes para distribuir la pobreza en nuestro país”.

En referencia a lo señalado en su conferencia del pasado viernes, Sheinbaum explicó que el alza podría mantener la misma tendencia registrada en 2025, cuando se autorizó un incremento del 12%. “Puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en máximo 4%”, afirmó.

La mandataria también resaltó la relevancia de los programas del Bienestar en la reducción de los índices de pobreza. En su discurso, reconoció el trabajo legislativo que respalda estas políticas: “Hay que darle un aplauso a los diputados y senadores del movimiento, porque están establecidos en la constitución”, expresó, acompañada por legisladores como Juan Hugo de la Rosa, exalcalde de Nezahualcóyotl.

El evento estuvo marcado por una protesta en las primeras filas. Una mujer con el rostro cubierto levantó en varias ocasiones una pancarta con la leyenda “Menos discurso y más resultados”. Ante la insistencia, Sheinbaum solicitó apoyo a su equipo de trabajo y finalmente sometió el asunto a votación entre los asistentes.

“Aquí hay libertad de expresión, no hay ningún problema, pero también tiene que haber respeto”, aclaró. Acto seguido, pidió a los presentes levantar la mano para manifestar si debía prevalecer el respeto. La mayoría de los asistentes apoyó la propuesta, y ninguno lo hizo en contra. “Bueno, pues, respeto compañeros, no pasa nada”, concluyó la presidenta, retomando su intervención.

En su mensaje, Sheinbaum insistió en que su gobierno mantiene el compromiso de continuar con la lucha que lo llevó al poder: “No llegamos a administrar seis años y olvidarnos de nuestra lucha, llegamos a seguir luchando por el pueblo de México”, declaró.

La presidenta también elogió a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a quien describió como un ejemplo de liderazgo: “Nunca se le olvida porque es sabia y sencilla. Ese es nuestro origen y destino”, afirmó.