México se moviliza: Arranca campaña nacional para un país libre de violencia y propuesta legislativa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes una campaña nacional centrada en la prevención de la violencia contra las mujeres, acompañada de una propuesta legislativa para homologar el artículo 260 del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. La iniciativa incorpora mensajes audiovisuales, materiales impresos y actividades formativas dirigidas al personal público de todo el país.

Durante el anuncio, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la modificación jurídica busca que el abuso sexual se persiga de oficio en las 32 entidades del país. Actualmente, 22 estados ya tienen iniciativas ingresadas en sus congresos locales; uno de ellos la aprobó en comisión y otros 10 presentarán sus propuestas este mismo martes. Señaló que el objetivo es cerrar brechas legales y garantizar un procedimiento uniforme en la atención de víctimas.

La campaña federal contempla la difusión de spots dedicados a la prevención de diversas formas de violencia, así como la realización de talleres y charlas dirigidas a servidores públicos e integrantes de fiscalías locales. Estas acciones se desplegarán como parte de una estrategia permanente que busca ampliar el alcance institucional y fortalecer la capacidad de respuesta frente a casos de violencia de género.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la que la presidenta Sheinbaum había anticipado que presentaría esta iniciativa, días después de haber sufrido una agresión mientras caminaba en calles de la Ciudad de México. El contexto reforzó el mensaje oficial sobre la urgencia de iniciativas de prevención y educación en todo el país.

Como parte del plan, la secretaria Hernández resaltó que también se incorporará un llamado dirigido a los hombres para promover prácticas de respeto y erradicar conductas violentas. “Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan, de hombres que no abusan (…) de hombres que no violentan y de hombres que no acosan”, afirmó durante la presentación.

En la conferencia matutina, los 32 gobernadores del país participaron de manera remota y asumieron diez compromisos para fortalecer la implementación de la estrategia. Entre ellos destacan la difusión de la campaña en sus entidades, el acompañamiento al proceso de homologación del delito de abuso sexual, la creación de senderos seguros, la capacitación continua a servidores públicos y la realización de actividades mensuales en escuelas —cada día 25— para impulsar el respeto y el trato igualitario. Además, se acordó establecer una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías estatales.

La reforma federal propuesta redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas. El proyecto establece penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA y la obligación de los agresores de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario. También incluye agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, exista violencia o haya complicidad.

Nueva Ley de Telecomunicaciones avanza entre votos divididos y fuertes posicionamientos

Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.

En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.

El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.

El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.

En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.

Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.

El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.

Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.

La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.