Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.
En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.
El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.
El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.
En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.
Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.
Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.
El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.
Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.
La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.
