Sheinbaum reconoce que el huachicol persiste, aunque con fuerte caída y bajo vigilancia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el robo de combustible —incluyendo el conocido “huachicol” y el llamado “huachicol fiscal”— continúa ocurriendo en México, aunque en niveles mucho menores que en años anteriores. La mandataria abordó el tema durante su conferencia matutina, donde explicó que, pese a que esta actividad ilegal no ha sido erradicada por completo, sí presenta una reducción sustancial.

Sheinbaum detalló que las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han disminuido “muchísimo”, aunque reconoció que aún existen casos. Señaló también que se ha reducido la importación ilegal de combustible realizada bajo la simulación de mercancías distintas para evitar el pago de impuestos. Según explicó, este tipo de operación es parte del esquema de “huachicol fiscal”, uno de los focos más recientes de atención para las autoridades.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Pemex reportara a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que la extracción y el comercio ilegal de hidrocarburos representan riesgos en materia financiera y operativa. En el documento, la empresa del Estado advierte que esta actividad puede provocar incendios, explosiones y daños a la propiedad y al medio ambiente, además de derivar en pérdidas económicas relevantes.

Sheinbaum subrayó que el mercado formal del combustible ha mostrado señales positivas. “Si ha incrementado la venta legal de combustible, las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustibles, la mejor señal”, afirmó. Aun así, puntualizó que el fenómeno no ha sido eliminado por completo: “Todavía ocurre, sí todavía, en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada”.

El tema del huachicol ha sido recurrente en la agenda pública durante los últimos años. En su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su administración había “eliminado prácticamente” el robo de combustible. No obstante, en meses recientes se han revelado nuevos esquemas de “huachicol fiscal”, algunos de ellos asociados a operaciones en las que se ha señalado participación de elementos de la Marina mexicana.

Con el reconocimiento de que la problemática sigue presente, el gobierno federal mantiene bajo observación la actividad vinculada al mercado ilegal de hidrocarburos, al tiempo que Pemex continúa reportando riesgos y reforzando las acciones destinadas a proteger su infraestructura y sus ingresos.

Aprueban nueva Ley Federal de Derechos; oposición acusa de “hacer que todos paguen más”

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.

Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.

La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.

Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.

Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.

Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local. 

También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.

Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.

Plaza Izazaga 89, símbolo del comercio ilegal, será sujeta a extinción de dominio

En un esfuerzo por combatir el contrabando en la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que Plaza Izazaga 89, un conocido punto de comercio irregular, será sometida al proceso de extinción de dominio. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó que la medida sigue a un operativo en el que se incautaron miles de productos ilegales, buscando frenar el impacto del comercio ilícito en la industria nacional.

El operativo, liderado por la Secretaría de Economía, contó con la colaboración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y autoridades locales. Durante la intervención, se decomisaron 88 mil piezas de contrabando, mayormente de origen chino. Según Ebrard, los productos carecían de documentación que acreditara su legalidad, lo que llevó a las autoridades a aplicar la extinción de dominio como un recurso definitivo para erradicar estas actividades.

Ebrard detalló que este no es el primer operativo en esta plaza, conocida también como México Mart, la cual ha sido clausurada en repetidas ocasiones por irregularidades. “Ya son tres o cuatro intervenciones sin resultados duraderos; por eso hemos decidido proceder con firmeza”, explicó.

La extinción de dominio permitirá al Estado tomar control del inmueble, ya que se ha demostrado su uso reiterado para actividades ilegales. Esta acción no solo busca desmantelar redes de comercio ilícito, sino también enviar un mensaje a propietarios que toleran estas prácticas.

Plaza Izazaga 89 ha sido señalada como un centro de distribución de mercancías ilegales que afectan sectores como el calzado, el textil y los juguetes, impactando tanto la economía nacional como las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El operativo fue respaldado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de combatir el comercio ilegal en la capital. “Hemos iniciado una operación de limpieza en el Centro Histórico con el apoyo de la Marina y la Policía de la Ciudad de México”, afirmó Ebrard a través de su cuenta de X.

La intervención marcó la primera participación de la Secretaría de Marina en este tipo de operativos bajo la actual administración. Con 32 elementos de Infantería, el despliegue reflejó la seriedad del compromiso gubernamental.

El IMPI señaló graves violaciones a las normas de etiquetado y propiedad intelectual, mientras que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) había clausurado previamente la plaza por operar sin permisos. Sin embargo, algunos locatarios ignoraron la clausura y continuaron sus actividades, lo que motivó medidas más severas.

Ebrard destacó que la problemática trasciende la evasión fiscal, ya que este tipo de comercio representa una competencia desleal para las empresas mexicanas y pone en riesgo la soberanía económica. Asimismo, la investigación apunta a identificar cómo esta mercancía logra ingresar al país y llegar al centro de la capital, con puertos como Manzanillo bajo escrutinio.

Con esta acción, las autoridades buscan establecer un precedente que desincentive el uso de inmuebles para actividades ilegales. Según el Secretario de Economía, este es solo el inicio de una estrategia más amplia que incluirá otros inmuebles en situaciones similares, reafirmando el compromiso del gobierno con la legalidad y la protección de la industria nacional.