Con una apuesta fuerte por la digitalización nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa para crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que asumirá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El objetivo: dar un paso firme hacia un ecosistema de conectividad accesible, moderno y equitativo en todo el país.
La propuesta, incluida dentro de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, detalla que esta agencia será la encargada de regular y supervisar tanto el uso del espectro radioeléctrico como la operación de redes y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. También tendrá bajo su mando la gestión de infraestructura y servicios esenciales para el acceso universal.
La iniciativa plantea una transformación estructural profunda: digitalizar y simplificar más del 50% de los trámites gubernamentales, ofreciendo además una alternativa digital para el 80% de los servicios más demandados. La propuesta se perfila como el proceso de modernización administrativa más radical de la historia del país.
En el ámbito tecnológico, el plan resalta la apertura hacia la experimentación. Se propone una nueva manera de asignar espectro, con modalidades que contemplan desde estaciones terrenas satelitales hasta entornos de prueba llamados sandboxes regulatorios. Se abren las puertas a tecnologías emergentes como el acceso satelital directo a dispositivos, ideales para conectar comunidades remotas.
El sistema de concesiones también será renovado. Se contemplan cuatro modalidades: comercial, público, privado y social, incluyendo proyectos comunitarios, indígenas y afromexicanos. Para el uso público y privado, se implementará un esquema de asignación directa, aunque en el caso del sector privado, con una contraprestación establecida.
Los pilares democráticos de la comunicación también se mantienen presentes. La ley garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en todos los medios, tanto públicos como privados, subrayando el compromiso con una comunicación plural e incluyente.
Respecto a la conectividad, se prevé que todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones estén obligados a interconectarse sin discriminación ni opacidad, asegurando igualdad de condiciones para la operación del sector.
La propuesta incluye además la posibilidad de que el Ejecutivo federal reciba concesiones de bandas de frecuencia, facilitando así el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones desde el Estado.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación en los próximos días. Su aprobación representaría un cambio histórico en la gestión de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, con un enfoque centrado en la transformación digital, la inclusión y la innovación tecnológica.
