Reforma del “Plan C” de AMLO amenaza organismos autónomos clave

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma del “Plan C” que busca cerrar varios organismos autónomos que actualmente brindan servicios esenciales a miles de ciudadanos. Estos servicios van desde la obtención de historiales clínicos hasta la regulación de precios en productos básicos como la tortilla.

Uno de los organismos afectados sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya desaparición podría limitar el acceso a información crucial para miles de personas. En 2023, el Inai recibió más de 5,600 solicitudes de expedientes médicos, cifra que en 2022 fue de 6,246 y en 2020 de 6,140. Sin datos de 2021, el Inai ha gestionado más de 18,000 solicitudes entre 2020 y 2023, según sus informes anuales.

La reforma también busca eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estos organismos son fundamentales para garantizar la competencia justa en los mercados y regular los servicios de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores con mejores precios y servicios de calidad.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó este paquete de reformas ante la Cámara de Diputados. Con Claudia Sheinbaum como su sucesora y una mayoría en el Congreso, el presidente tiene altas probabilidades de que sus propuestas sean aprobadas antes de finalizar su mandato.

Estos organismos autónomos, que se pretende sustituir por entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desempeñan un papel vital en la protección de derechos y la promoción de la transparencia y la competencia en México.

Nerviosismo por Reformas Judiciales Afecta al Peso Mexicano

La incertidumbre entre los inversionistas ante las propuestas de reforma al Poder Judicial impulsadas por Morena y su mayoría en el Congreso para septiembre ha dejado al peso mexicano bajo presión.

Este viernes 7 de junio, el peso mexicano se depreció un 2.65%, equivalente a 47 centavos, cerrando en 18.36 unidades por dólar. En la semana, la pérdida acumulada fue de 8.22%, o 1.39 pesos frente al dólar.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la necesidad de reformar completamente el Poder Judicial, al considerarlo dominado por “intereses de una minoría”. Propuso que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo presenten sus propios candidatos para reformar el sistema, subrayando que esta medida es beneficiosa para el país.

López Obrador también mencionó el ‘Plan C’, que incluye la eliminación de varios órganos autónomos, tales como:

  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
  • Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
  • Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
  • Comisión Reguladora de Energía (CRE).
  • Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
  • Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex, la depreciación actual del peso no es extrema, aunque sí genera incertidumbre. La volatilidad del tipo de cambio podría hacer que los inversionistas sean más cautelosos, limitando futuras inversiones.

El índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0.80%, alcanzando 104.93 puntos. El índice dólar de Bloomberg (BBDXY) también aumentó un 0.80%, situándose en 1,262.34 unidades. En ventanillas bancarias, Citibanamex reportó que el dólar se vendía a 18.41 pesos.

Otras monedas también sufrieron depreciaciones significativas, como el zloty polaco (-1.56%), el real brasileño (-1.36%), el peso chileno (-1.31%), el forínt húngaro (-1.28%) y la corona checa (-1.14%).

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos fue del 4.41%, mientras que el bono equivalente en México se mantuvo en 9.12%.

SCJN Desestima Controversia Constitucional Sobre Regulación Satelital del IFT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.