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Maduro y Cilia Flores comparecen este lunes ante la justicia federal de EU en Nueva York

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York en una operación encabezada por autoridades estadounidenses. Ambos serán presentados ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde enfrentarán formalmente los cargos en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro y Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 del mediodía, hora local. Desde la noche del sábado, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde suelen ser ingresados acusados de delitos federales graves mientras se desarrollan los procedimientos iniciales de sus casos.

La detención de Maduro y su esposa ocurrió durante la madrugada del sábado en Caracas, como parte de una operación relámpago de Washington denominada “Resolución Absoluta”. Tras su captura, fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones que desde hace varios años pesan en su contra ante la justicia federal estadounidense.

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento en apoyo de actividades criminales. Además, las acusaciones incluyen su presunta colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

Según los señalamientos presentados originalmente en 2020 y ratificados tras su captura, las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro habría encabezado durante años una red criminal que utilizó el tráfico de drogas como un instrumento dirigido contra Estados Unidos. Los documentos judiciales describen una estructura que habría operado con alcance internacional y con apoyo logístico y armado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas actividades de apoyo logístico y financiero a la misma red criminal. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las acusaciones contra la diputada venezolana están vinculadas a su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el funcionamiento de dicha estructura.

En esta primera audiencia, como ocurre en casos federales de alto perfil, el procedimiento contempla la lectura formal de los cargos, la confirmación de la identidad de los acusados y la revisión de aspectos preliminares del proceso judicial. Entre estos puntos se incluyen la situación legal de los detenidos, la posibilidad de que permanezcan bajo detención preventiva y la designación o ratificación de su representación legal.

La comparecencia de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial contra Maduro y Flores en Estados Unidos, bajo la jurisdicción de una de las cortes federales más relevantes del país para casos de crimen organizado y narcotráfico internacional.

Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad en Tabasco, bajo investigación por presuntos nexos con el CJNG

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

El gobernador Rubén Rocha responde con firmeza sobre las acusaciones de ‘El Mayo’ Zambada

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En medio de la controversia generada por las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, que lo acusan de complicidad en su captura, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha rechazado tajantemente cualquier vínculo con actividades criminales. Durante la inauguración del Hospital General IMSS Bienestar Dr. Bernardo J. Gastelúm, Rocha Moya se pronunció sobre el tema, subrayando que no tiene relación alguna con el narcotráfico y retando a cualquiera que busque pruebas en su contra.

 

“No hay nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante y contundente,” afirmó Rocha Moya con visible determinación. En su discurso, el gobernador insistió en que las acusaciones en su contra son infundadas y lamentó el estigma que conlleva ser originario de Badiraguato, una región históricamente asociada con el narcotráfico. “El estigma alcanza tanto que a cada rato dicen cosas, hasta en una portada me pusieron queriéndome hacer narco a fuerzas. La gente de Badiraguato es buena y trabajadora, no hay elementos para que nos lleven en ese estigma,” expresó con descontento.

 

Las declaraciones del gobernador surgen tras la publicación de una carta, difundida por el abogado de Zambada, Frank Pérez, en la que el capo acusa a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de haberlo engañado y secuestrado para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Según la versión de Zambada, Guzmán López lo citó a una reunión el 25 de julio con el gobernador Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con el supuesto fin de resolver disputas políticas.

 

Zambada detalló que al llegar al rancho Huertos del Pedregal, donde supuestamente se celebraría la reunión, fue emboscado por hombres armados, quienes lo golpearon y trasladaron a Texas, donde fue arrestado por autoridades estadounidenses. Esta versión sugiere una conspiración que involucra a altos mandos del Cártel de Sinaloa y plantea serias dudas sobre las conexiones entre el crimen organizado y figuras políticas.

 

Rocha Moya no solo negó rotundamente estas acusaciones, sino que también exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a fondo los hechos del 25 de julio, con el fin de garantizar la imparcialidad y despejar cualquier sospecha. “No queremos estar bajo sospecha, queremos que se garantice la imparcialidad,” subrayó el gobernador, haciendo un llamado directo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y asegure que la investigación se lleve a cabo con total transparencia.

 

La firmeza de Rocha Moya en su defensa contrasta con la gravedad de las acusaciones que enfrenta. El gobernador reiteró que, el día en cuestión, ni siquiera se encontraba en Sinaloa, desmintiendo categóricamente cualquier posibilidad de que estuviera involucrado en el supuesto encuentro. “Si dijeron que iba a estar yo, mintieron, y si alguien lo creyó, cayó en la trampa,” declaró con convicción, haciendo eco de su rechazo a las imputaciones que lo relacionan con el narcotráfico.

 

Previo a su conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, Rocha Moya reafirmó su compromiso con la transparencia. “Todo, todo, todo,” respondió cuando se le preguntó si sería transparente en este proceso, asegurando que no tiene nada que ocultar.