Anaya alerta sobre riesgos al T-MEC y advierte impacto directo en empleo y exportaciones de México

En el contexto del debate político y económico sobre el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que diversas acciones y omisiones del actual gobierno federal ponen en riesgo la continuidad del acuerdo comercial. El legislador señaló como factores críticos los presuntos vínculos de integrantes de la jerarquía de Morena con el crimen organizado, el envío de petróleo a Cuba y la llamada reforma judicial impulsada por la administración en turno.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista con medios de comunicación durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, donde Anaya subrayó la relevancia estratégica del tratado para la economía nacional. En ese espacio, afirmó que la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado representa un problema central en la relación con Estados Unidos y Canadá. “La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

El senador panista sostuvo que el T-MEC es fundamental para el país y que cualquier error en su negociación o renovación tendría consecuencias económicas de gran magnitud. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 12 millones de empleos en México dependen directamente del tratado, además de que el 85% de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense. “Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, afirmó.

Anaya calificó como “de vida o muerte” para México la suscripción del acuerdo comercial y advirtió que un escenario en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra concretarlo sería “catastrófico” para la estabilidad económica del país. En ese sentido, exigió a la denominada Cuarta Transformación evitar acciones que puedan servir como argumento al gobierno estadounidense para no firmar o renegociar el tratado en términos desfavorables.

El legislador también hizo un llamado a que la negociación con los socios comerciales se realice con profesionalismo y visión de largo plazo. “Por eso lo que nosotros le exigimos al gobierno es que no haya ni improvisación ni sumisión. Lo que tiene que haber es capacidad, talento, altura de miras para negociar con profesionalismo la renovación del Tratado Libre de Comercio que es indispensable para nuestro país”, expresó.

Asimismo, exigió al gobierno federal convencer a Estados Unidos y Canadá de la importancia del acuerdo y alcanzar una negociación favorable. “Lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país”, sostuvo. Anaya recordó que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC es irrelevante para su país, postura que, según el senador, contrasta con la dependencia económica de México respecto al tratado. “Para México no sólo no es irrelevante… el Tratado de Libre de Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, insistió.

Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad en Tabasco, bajo investigación por presuntos nexos con el CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.