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Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la designación de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en México.

La llegada de Reyes Colmenares ocurre en un momento crítico. Actualmente, la UIF tiene en curso investigaciones sobre instituciones financieras mexicanas como Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por organismos como el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) por presuntas operaciones vinculadas al narcolavado.

Con una trayectoria consolidada en áreas de seguridad e inteligencia, Omar Reyes ya había formado parte del equipo operativo cercano a Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su perfil técnico-operativo también lo vincula estrechamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Su experiencia en la capital del país abarca cargos de alto impacto. En 2024, fungió como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), específicamente en el área de Fuerza de Seguridad e Inteligencia. Antes, fue director general en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, donde enfrentó situaciones complejas como la riña registrada en 2023 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la cual derivó en disturbios y la irrupción de familiares al penal. Durante su gestión se reforzaron los operativos de decomiso, logrando incautar más de 6 mil celulares en los centros penitenciarios capitalinos.

En el año 2021, tuvo a su cargo la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, unidad especializada en responder a delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, con una operación táctica coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previo a estas funciones, en 2020, trabajó en la Policía Bancaria e Industrial, también dentro de la SSC, en tareas de inteligencia destinadas a proteger infraestructura crítica, como entidades financieras y centros de distribución.

A nivel federal, su papel más destacado fue entre 2017 y 2019, cuando se desempeñó como director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo colaboró en la ejecución de alertas rojas y procesos de coordinación internacional para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

En cuanto a su formación, Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título que registró en 2019, según consta en su declaración patrimonial publicada en la plataforma Declara CDMX.

Identificado en círculos de seguridad como “El Aceites”, Reyes Colmenares llega a la UIF con un perfil operativo y técnico que responde a la lógica del nuevo gabinete de seguridad encabezado por Sheinbaum: estructura cerrada, confianza política y eficacia institucional.

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el Gobierno de la Ciudad de México rindió un homenaje en su memoria y reafirmó su compromiso con la justicia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió un mensaje contundente en el que aseguró que este crimen no quedará impune.

Ambos funcionarios fueron encontrados sin vida el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan. Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular, mientras que José Muñoz era coordinador de asesores de la jefatura de Gobierno. Su labor cercana a la administración capitalina y la brutalidad del crimen generaron una ola de consternación y exigencias de justicia en diversos sectores políticos y sociales.

Desde entonces, el caso se ha manejado con estricta discreción. Las autoridades han evitado filtrar detalles de la investigación, que continúa en curso y ha sido catalogada como de alta complejidad. Este viernes, durante un mensaje público, Clara Brugada expresó: “Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad”, y agregó: “Vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”.

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, señaló esta semana que el caso está siendo investigado a fondo y con estricto apego a derecho. Aseguró que no se fabricarán responsables, y que el proceso requiere tiempo para obtener resultados sólidos y justos.

A la investigación se han sumado instancias federales. Personal vinculado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también participa en el análisis del caso, en coordinación con la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En paralelo, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció la realización de un homenaje para recordar a las víctimas, el cual tuvo lugar este viernes. A través de redes sociales, escribió: “A un mes de su partida… Homenaje a la vida de Xime y Pepe”.

La ceremonia no solo recordó su legado profesional, sino que también funcionó como un acto simbólico de exigencia y memoria colectiva. La administración local, al frente de Brugada, reiteró su postura firme de no dejar el crimen sin consecuencias y de seguir trabajando para que la verdad y la justicia prevalezcan.

Ximena y José dejaron una huella dentro del servicio público capitalino, y su ausencia ha marcado profundamente a quienes los rodeaban. Su recuerdo continúa vivo en los espacios que construyeron, y en las voces que siguen exigiendo respuestas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.

La estabilidad en los precios de productos esenciales seguirá siendo una realidad en México por otros seis meses. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes de importantes empresas comercializadoras y productoras de alimentos, firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo que asegura mantener el costo máximo de la canasta básica en 910 pesos.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se concretó este compromiso con la presencia de representantes del sector privado y funcionarios del gabinete federal. La firma simboliza un esfuerzo conjunto por proteger la economía de millones de familias mexicanas que dependen de estos productos día a día.

“Firmamos la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios; este acuerdo significa que no aumentará el precio de los 24 productos de la canasta básica. Cuidamos la economía popular”, compartió la mandataria en redes sociales.

Los empresarios confirmaron que los términos establecidos en noviembre se mantienen intactos: mismos productos, mismo precio, mismo objetivo. Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, indicó que el acuerdo se extiende por seis meses más. José Fimbres, de Grupo Calimax, reafirmó que los parámetros permanecen sin cambios.

El Pacic no es una medida aislada, sino una alianza voluntaria entre el gobierno federal y el sector empresarial para contener el impacto inflacionario. La canasta abarca 24 artículos de consumo esencial como arroz, frijol, leche, huevo, aceite, pollo, tortilla, azúcar, verduras, frutas, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

Al encuentro acudieron altos funcionarios como los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Infraestructura, Jesús Esteva; de Seguridad, Omar García Harfuch; y de Agricultura, Julio Berdegué. También participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y del Consejo Asesor Empresarial.

Empresas clave como Walmart, Chedraui, San Juan, Bachoco, Bimbo y La Comer también estuvieron presentes, respaldando este acuerdo que permite mantener a raya los incrementos en los productos más demandados por los hogares.

Con esta renovación, el Pacic reafirma su papel como instrumento de contención frente a la inflación. El precio de la canasta básica seguirá fijo hasta nuevo aviso, en una estrategia que busca dar certidumbre al consumo cotidiano. Esta alianza público-privada ofrece una pausa necesaria en tiempos de presión económica, asegurando el acceso a productos indispensables sin golpear el bolsillo.

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se encuentra en Washington para una visita de trabajo clave. Acompañado por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario mexicano sostendrá reuniones con integrantes del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La SRE confirmó la visita este lunes a través de sus redes sociales, destacando que el objetivo es dar continuidad a las conversaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump. Esta reunión se produce en un contexto de alta tensión comercial, con la inminente imposición de aranceles generalizados del 25% a productos mexicanos, medida que entrará en vigor el 2 de abril.

Para frenar estos aranceles, México ha desplegado 10 mil elementos de la Guardia Nacional en su frontera, intensificando sus acciones contra el tráfico de migrantes y drogas, particularmente el fentanilo. Como parte de estos esfuerzos, el gobierno mexicano ha reportado el decomiso de casi 24 toneladas de droga, incluyendo aproximadamente 130 kilos de fentanilo.

El viaje de García Harfuch también ocurre pocos días después del encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la Ciudad de México. En la reunión, ambas mandatarias abordaron temas prioritarios como la migración y la seguridad fronteriza, reafirmando su compromiso de cooperación.

Kristi Noem reconoció los esfuerzos de México, especialmente el despliegue de la Guardia Nacional y la aceptación de vuelos con personas deportadas. No obstante, subrayó que “aún queda mucho trabajo por hacer”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha mantenido una postura crítica hacia México, acusando a su gobierno de no tomar suficientes medidas contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular. Ante este panorama, la visita de García Harfuch cobra especial relevancia, consolidando el diálogo y la cooperación entre ambas naciones en temas clave para la seguridad y estabilidad regional.

Las negociaciones continúan mientras el reloj avanza hacia la fecha límite de los aranceles, marcando un momento decisivo para las relaciones entre México y Estados Unidos.