Sheinbaum exige reglas claras a EE.UU. para evitar cierres fronterizos por caso de gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves a Estados Unidos establecer indicadores técnicos claros y específicos que regulen el cierre de la frontera ante casos sanitarios como el del gusano barrenador del ganado. La mandataria subrayó que no se puede aceptar que “por cualquier pretexto” se detenga el comercio binacional, afectando a miles de productores ganaderos mexicanos y provocando efectos negativos también en el mercado estadounidense.

Sheinbaum precisó que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura y su titular, Julio Berdegué, mantiene un diálogo constante con las autoridades estadounidenses para lograr una reapertura basada en criterios científicos y técnicos. El país ha cumplido con medidas sanitarias rigurosas como filtros sanitarios, inspección por parte de veterinarios certificados y procesos de lavado para el ganado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta puntualizó que la existencia de un solo caso, como el registrado en Veracruz, no debe justificar el cierre de toda la frontera, especialmente considerando la distancia entre estados como Sonora —vecino fronterizo con EE.UU.— y el estado afectado. “No se puede seguir así, que porque se encontró uno en tal lugar, entonces ya se cierra la frontera”, declaró.

La mandataria reiteró que México está solicitando lineamientos específicos y verificables para que ambos países actúen con base en evidencia técnica. Detalló que ya existe un grupo técnico binacional trabajando en esos indicadores y que, según le informó Berdegué, ya hay un avance sustancial en la definición de estos criterios, aunque aún deben ser revisados para garantizar una solución de largo plazo.

Como parte de los acuerdos bilaterales en marcha, Estados Unidos aportará 30 millones de dólares para instalar una planta productora de la mosca estéril, el único medio biológico efectivo para eliminar al gusano barrenador. La instalación ya tiene ubicación definida y se están coordinando los trabajos con el único fabricante en el mundo de este tipo de equipamiento. Se estima que la planta estará lista en aproximadamente 10 a 11 meses, aunque Sheinbaum aclaró que esto no implica una reapertura inmediata de la frontera.

Recordó además que, en cada zona donde se detecta un animal infectado, deben transcurrir 28 días sin nuevos casos para declararla libre de la plaga. Por ello, se continúa trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense, particularmente con la Secretaría de Agricultura de ese país.

Sheinbaum señaló que los cierres fronterizos intermitentes generan incertidumbre para los productores mexicanos y también impactan a Estados Unidos al generar escasez de carne y, con ello, el aumento en los precios. “Un día cierran, otro día no y otro día sí, y afectan a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta”, indicó.

La suspensión más reciente fue anunciada el pasado 9 de julio por la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, luego de confirmarse un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz. Este cierre, el tercero en apenas ocho meses, se produjo tan solo tres días después de que se reanudaran los envíos, con un primer cargamento de 900 cabezas de ganado.

Sheinbaum concluyó que el tema técnico está siendo atendido y confió en que pronto se pueda restablecer de forma estable el flujo de ganado mexicano hacia Estados Unidos, uno de los principales destinos para la ganadería nacional.

EU activa arancel de 21% al jitomate mexicano: Prevén alza de precios y tensiones

A partir de este lunes, Estados Unidos activó oficialmente un arancel del 20.91% sobre el jitomate importado desde México, una medida que podría impactar directamente en los precios al consumidor y tensar aún más la relación comercial entre ambos países. La decisión, impulsada por el Departamento de Comercio estadounidense, se venía anunciando desde abril por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El argumento detrás de esta determinación fue la salida de Estados Unidos de un acuerdo previo, alegando que no se brindaban las protecciones necesarias a los productores locales de jitomate. Este movimiento marca un nuevo capítulo en una disputa comercial que ya ha tenido antecedentes importantes, como en 2019, cuando los productores mexicanos lograron un acuerdo con la primera administración de Trump para frenar una investigación antidumping. Dicho acuerdo cerraba ciertas lagunas legales e incluía mecanismos de inspección, con el objetivo de evitar medidas arancelarias.

México es actualmente el principal proveedor de jitomates al mercado estadounidense, con una participación cercana al 70%, muy por encima del 30% que tenía hace veinte años, según datos del Florida Tomato Exchange. La medida afecta directamente este flujo comercial, y según especialistas, podría provocar consecuencias notorias tanto para productores como para consumidores.

De acuerdo con Tim Richards, profesor en la Escuela de Agronegocios Morrison de la Universidad Estatal de Arizona, los precios minoristas de los tomates podrían incrementarse en alrededor del 10.5% como resultado del nuevo arancel. Este incremento impactaría directamente en los bolsillos de los consumidores estadounidenses, especialmente en temporadas donde el jitomate forma parte esencial del consumo diario.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que con este arancel se busca dar un respiro a la menguante industria del jitomate en Estados Unidos, incentivando el consumo de productos cultivados localmente y permitiendo a los agricultores norteamericanos competir en mejores condiciones frente a las importaciones mexicanas.

En contraste, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó la importancia económica del jitomate en México, señalando que esta industria genera más de 400 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos. Además, la producción anual supera los tres millones 461 mil 766 toneladas, consolidando al jitomate como uno de los pilares de la agroindustria nacional.

Este nuevo arancel abre nuevamente un panorama incierto para los exportadores mexicanos, que verán afectados sus márgenes de ganancia, y para los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar un alza significativa en los precios de este producto básico. Las autoridades mexicanas aún no han emitido una postura formal frente a esta medida, pero se anticipa que la industria buscará alternativas para enfrentar el nuevo escenario comercial.

Tortilla más barata en camino gracias a nuevo pacto nacional

Una reunión de alto nivel en Palacio Nacional concluyó con la firma del Acuerdo Nacional Maíz – Tortilla entre el Gobierno Federal y diversos actores de la cadena productiva del maíz. El objetivo: mejorar los procesos, reducir costos y estabilizar el precio de la tortilla, alimento base en millones de hogares mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro con representantes de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros. El acuerdo contempla una serie de acciones para fortalecer a la industria y facilitar una reducción progresiva en el precio del kilo de tortilla durante el actual sexenio.

El compromiso central establece una meta gradual de reducción del 10 por ciento en el precio de la tortilla. Esta baja se realizará en dos fases: la primera buscará una disminución del 5 por ciento en los próximos años, y la segunda alcanzaría otro 5 por ciento, siempre y cuando se den condiciones favorables en el mercado, el clima, las finanzas y el comercio internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se implementarán medidas específicas para apoyar a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final. Se prevé otorgar financiamiento en condiciones preferenciales, mejorar la logística del transporte de maíz y reforzar la seguridad en el sector.

“El cinco por ciento es el punto de base. Es una cosa que se tiene que ir revisando”, aseguró el funcionario, quien también señaló que estas acciones buscan reducir los costos indirectos en toda la cadena productiva, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.

Otro de los elementos clave del acuerdo es su carácter voluntario. Así lo explicó Alejandro Nicolás, enlace con sectores productivos de la Secretaría de Economía, quien detalló que cada actor podrá sumarse al plan conforme a sus posibilidades. Esta estrategia permitiría que más empresas se incorporen de forma gradual a mejores prácticas y precios más accesibles.

La estabilización del precio del grano también forma parte del plan. Para lograrlo, se establecerán contratos por cosecha con precios fijos, acceso a financiamiento y coordinación con harineras. Con ello, se pretende que los costos bajen desde el origen, impactando positivamente en el precio final del producto.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla varía significativamente en el país. Existen zonas donde puede llegar hasta los 35 pesos, mientras que en otras regiones se mantiene en los 18 pesos. Esta diferencia responde a múltiples factores, entre ellos la ubicación geográfica, el acceso a insumos y las condiciones del transporte.

El acuerdo también contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender temas logísticos, como el transporte de maíz, y prevenir afectaciones al abastecimiento. Esta línea de acción busca garantizar el cumplimiento del pacto sin interrupciones ni encarecimientos por factores externos.

Con este acuerdo, se inicia una nueva etapa para el sector del maíz y la tortilla en México, marcada por la colaboración entre gobierno e industria, con el fin de garantizar precios más estables y accesibles para los consumidores.

Canasta blindada: Gobierno y empresarios congelan precios por seis meses más

La estabilidad en los precios de productos esenciales seguirá siendo una realidad en México por otros seis meses. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con líderes de importantes empresas comercializadoras y productoras de alimentos, firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo que asegura mantener el costo máximo de la canasta básica en 910 pesos.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se concretó este compromiso con la presencia de representantes del sector privado y funcionarios del gabinete federal. La firma simboliza un esfuerzo conjunto por proteger la economía de millones de familias mexicanas que dependen de estos productos día a día.

“Firmamos la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con tiendas de autoservicio y productores agropecuarios; este acuerdo significa que no aumentará el precio de los 24 productos de la canasta básica. Cuidamos la economía popular”, compartió la mandataria en redes sociales.

Los empresarios confirmaron que los términos establecidos en noviembre se mantienen intactos: mismos productos, mismo precio, mismo objetivo. Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, indicó que el acuerdo se extiende por seis meses más. José Fimbres, de Grupo Calimax, reafirmó que los parámetros permanecen sin cambios.

El Pacic no es una medida aislada, sino una alianza voluntaria entre el gobierno federal y el sector empresarial para contener el impacto inflacionario. La canasta abarca 24 artículos de consumo esencial como arroz, frijol, leche, huevo, aceite, pollo, tortilla, azúcar, verduras, frutas, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

Al encuentro acudieron altos funcionarios como los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; de Infraestructura, Jesús Esteva; de Seguridad, Omar García Harfuch; y de Agricultura, Julio Berdegué. También participaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y del Consejo Asesor Empresarial.

Empresas clave como Walmart, Chedraui, San Juan, Bachoco, Bimbo y La Comer también estuvieron presentes, respaldando este acuerdo que permite mantener a raya los incrementos en los productos más demandados por los hogares.

Con esta renovación, el Pacic reafirma su papel como instrumento de contención frente a la inflación. El precio de la canasta básica seguirá fijo hasta nuevo aviso, en una estrategia que busca dar certidumbre al consumo cotidiano. Esta alianza público-privada ofrece una pausa necesaria en tiempos de presión económica, asegurando el acceso a productos indispensables sin golpear el bolsillo.