Senado recibe propuestas de Sheinbaum para mejorar la justicia y protección de la propiedad intelectual

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

Adán Augusto se deslinda de Hernán Bermúdez y afirma poder comparecer ante autoridades

El senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró estar dispuesto a comparecer tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad durante su administración estatal y que es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández manifestó su “disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera”. Además, subrayó que fue él mismo quien solicitó “que se investigue a fondo este caso”, tras las acusaciones que rodean a su excolaborador.

Bermúdez Requena, conocido con los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación conjunta entre autoridades de ambos países. Se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

El legislador de Morena se desmarcó públicamente de su exfuncionario y reiteró el compromiso de su partido con la “justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, destacando que esta es “la diferencia con el pasado”. En su mensaje, también apuntó contra gobiernos anteriores del PAN y mencionó al senador Ricardo Anaya, a quien acusó de haber guardado “silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)”.

Durante el gobierno de López Hernández en Tabasco (2019-2021), Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad. Según el propio senador, su nombramiento ocurrió en diciembre de 2019 en medio de una crisis de violencia, y aclaró que el funcionario no formó parte de su gabinete desde el inicio de su mandato. “Nunca, durante el ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha”, señaló en declaraciones previas.

Las investigaciones apuntan a que Bermúdez Requena mantenía vínculos con organizaciones criminales desde 1999. De acuerdo con reportes de inteligencia, incluso habría sido detenido en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El 22 de julio, el gobierno mexicano confirmó que existía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario tabasqueño, quien estaba prófugo desde que se le vinculó con “La Barredora”, célula criminal dedicada al narcomenudeo y la extorsión, con nexos directos al CJNG. Estados Unidos incluyó a este cartel entre los seis grupos criminales mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta ahora un proceso judicial que podría traer nuevas repercusiones políticas, mientras las autoridades mexicanas esperan concretar su extradición desde Paraguay para responder por los delitos que se le imputan.

Después de las ausencias: Teatro documental que retrata la búsqueda de desaparecidos en México

La obra de teatro documental Después de las ausencias se presenta los días 30 y 31 de agosto de 2025 en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta propuesta escénica, creada colectivamente y dirigida por Julieta Casavantes, aborda el dolor, la fortaleza y la resistencia de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en México.

La producción, realizada por Anhelo Teatro con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Centro Cultural Helénico, traza un vínculo generacional entre las desapariciones durante la Guerra Sucia de los años setenta y la actual crisis derivada de la llamada guerra contra el narco”. La obra documenta los procesos y obstáculos que enfrentan miles de familiares de desaparecidos, exponiendo las dificultades administrativas y la violencia institucional que entorpece la búsqueda de justicia y verdad.

En el montaje, el caso de Antonio Reynoso, joven desaparecido en 2021 durante un operativo policial irregular en Tlaquepaque, Jalisco, sirve como eje narrativo. La obra combina tres voces fundamentales: el testimonio en vivo de su madre, Mayra Hernández, los relatos de otras madres buscadoras y líderes de colectivos, y el análisis de especialistas que contextualizan la crisis humanitaria en México. Esta estructura documental permite que el público transite de lo personal a lo colectivo, visibilizando la experiencia de los familiares y la magnitud del problema.

El estado de Jalisco, donde se centra la obra, registra entre los índices más altos de desapariciones en el país y ocupa el primer lugar en desaparición de jóvenes de 16 a 25 años. La obra aborda cómo miles de familias enfrentan la imposibilidad de realizar un rito de despedida y se encuentran con averiguaciones previas mal integradas, personal insuficiente y escasa resolución de casos, según lo señalado por el Plan Estatal de Desarrollo.

Después de las ausencias se estrenó el 30 de agosto de 2021, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el aniversario de la desaparición de Antonio Reynoso. Desde entonces, la compañía ha presentado funciones anuales en distintas ciudades, transformando cada puesta en un homenaje vivo a quienes aún no son encontrados.

La producción contó con apoyo de programas como Proyecta Producción de Cultura Jalisco, Enartes del FONCA, Habita la Escena de Cultura Jalisco y el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes 2022, lo que permitió realizar giras estatales y nacionales.

El elenco está integrado por Adriana Palafox y Alex Morán, mientras que el equipo creativo incluye a Juliana Orea y Abel Tejeda en producción audiovisual, Nano Cano en iluminación y espacio escénico, Nancy Martínez en operación de iluminación, Julieta Casavantes en vestuario, Luisa Pardo en asesoría documental, Teófilo Guerrero en dramaturgia y Jenny Cruz en producción ejecutiva.

Las funciones se llevarán a cabo a las 18:00 horas, con boletos a $238, disponibles en taquilla del Centro Cultural Helénico, avenida Revolución 1500, o en línea a través de helenico.gob.mx. La obra ofrece una experiencia intensa que documenta la búsqueda de desaparecidos y refleja la resiliencia de quienes no renuncian a encontrar a sus seres queridos.

Cruce de declaraciones: Sheinbaum y el abogado de Ovidio Guzmán escalan su confrontación

El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

Defienden el hogar: Instalan primera mesa contra el Despojo de Viviendas en el Zócalo

En un paso firme por proteger el patrimonio de miles de familias en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino, liderado por Clara Brugada Molina, activó esta semana la primera Mesa de Atención contra el Despojo de Inmuebles. El anuncio se realizó en el corazón de la ciudad, el Zócalo, durante la jornada número 34 del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano.

Este nuevo espacio especializado atenderá directamente a quienes han sido víctimas o están en riesgo de perder su vivienda por fraudes, amenazas o procedimientos legales irregulares. Además, ofrecerá acompañamiento legal y canalización directa de casos a las autoridades competentes.

El evento no solo sirvió para presentar esta acción, sino también para escuchar y atender más de 760 solicitudes ciudadanas de diversos temas. La instalación de la mesa representa un avance claro en el compromiso de brindar justicia a quienes han sido despojados de su patrimonio. Según información oficial del gobierno local, se busca con esta estrategia proteger los derechos patrimoniales de la población y reforzar el acceso a la justicia.

El gabinete responsable está conformado por un equipo interinstitucional que incluye a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Vivienda y la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Este grupo ha tenido resultados palpables, al lograr recuperar varios inmuebles tanto públicos como privados en diferentes puntos de la ciudad. La operación de este equipo es constante y se mantiene activa para responder ante nuevos casos.

Actualmente, el despojo de vivienda ya es considerado un delito tipificado en el Código Penal local, con penas que van de cinco a diez años de prisión. Este tipo de delitos han venido en aumento, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas más directas, como esta mesa de atención.

Durante el anuncio, Clara Brugada envió un mensaje contundente a quienes han sufrido este delito: “No están solos. Aquí tienen un gobierno que los respalda”. Su postura reafirma el objetivo de esta acción: dar voz y respaldo legal a las víctimas que antes no sabían a dónde acudir.

Esta mesa no es un hecho aislado. Marca el inicio visible de una estrategia integral para detener el avance del despojo habitacional, asegurar los derechos legales de las familias y evitar que más personas pierdan su hogar por actos ilegales o abusos. La ciudad se mueve, se organiza y protege a quienes más lo necesitan.

Xime y Pepe, un mes de ausencia que sacudió al Gobierno capitalino

A un mes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el Gobierno de la Ciudad de México rindió un homenaje en su memoria y reafirmó su compromiso con la justicia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió un mensaje contundente en el que aseguró que este crimen no quedará impune.

Ambos funcionarios fueron encontrados sin vida el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan. Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular, mientras que José Muñoz era coordinador de asesores de la jefatura de Gobierno. Su labor cercana a la administración capitalina y la brutalidad del crimen generaron una ola de consternación y exigencias de justicia en diversos sectores políticos y sociales.

Desde entonces, el caso se ha manejado con estricta discreción. Las autoridades han evitado filtrar detalles de la investigación, que continúa en curso y ha sido catalogada como de alta complejidad. Este viernes, durante un mensaje público, Clara Brugada expresó: “Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad”, y agregó: “Vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”.

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, señaló esta semana que el caso está siendo investigado a fondo y con estricto apego a derecho. Aseguró que no se fabricarán responsables, y que el proceso requiere tiempo para obtener resultados sólidos y justos.

A la investigación se han sumado instancias federales. Personal vinculado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también participa en el análisis del caso, en coordinación con la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En paralelo, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció la realización de un homenaje para recordar a las víctimas, el cual tuvo lugar este viernes. A través de redes sociales, escribió: “A un mes de su partida… Homenaje a la vida de Xime y Pepe”.

La ceremonia no solo recordó su legado profesional, sino que también funcionó como un acto simbólico de exigencia y memoria colectiva. La administración local, al frente de Brugada, reiteró su postura firme de no dejar el crimen sin consecuencias y de seguir trabajando para que la verdad y la justicia prevalezcan.

Ximena y José dejaron una huella dentro del servicio público capitalino, y su ausencia ha marcado profundamente a quienes los rodeaban. Su recuerdo continúa vivo en los espacios que construyeron, y en las voces que siguen exigiendo respuestas.

Indignación en Cuernavaca por asesinato de hija de funcionaria de justicia en Morelos

El clima de violencia en Morelos alcanzó un punto especialmente doloroso con el asesinato de Sarah Olivia Rendón Parra, joven estudiante e hija de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres del estado, Sara Olivia Parra Téllez. El hecho ocurrió la noche del martes 27 de mayo en la colonia El Empleado, ubicada en Cuernavaca.

El ataque, ocurrido durante lo que se presume fue un intento de asalto, ha generado una ola de indignación y pesar entre autoridades, colectivos sociales y ciudadanos. La noticia se dio a conocer cuando Parra Téllez expresó su dolor públicamente en redes sociales. “Me hayan arrebatado a mi hermosa hija Sarah Olivia Rendón Parra, un ser único y excepcional, inteligente, proactiva, estudiosa, humana”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos informó que se están siguiendo todas las líneas de investigación posibles, con el compromiso de no dejar impune este crimen. Se trata de un caso que ha tocado fibras sensibles por su cercanía con una funcionaria activa en temas de atención y protección a víctimas de violencia.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, también se pronunció ante el homicidio. Declaró que el caso se investigará a fondo y que se buscará a los responsables. “Nuestra responsabilidad como gobierno es asegurar la paz en el estado de Morelos”, afirmó la mandataria en una declaración pública.

Este hecho no solo ha sacudido a la comunidad jurídica de Morelos, sino también a sectores de la sociedad que han alzado la voz en memoria de Sarah Olivia. En medio del dolor, su historia ha resonado con fuerza por tratarse de una joven con un futuro brillante, descrita como una persona comprometida con sus estudios y cercana a los valores familiares.

La directora Parra Téllez agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido, reconociendo que aún se encuentra en estado de shock. La pérdida ha sido profundamente sentida no solo por su familia, sino por muchos que vieron en Sarah Olivia a una joven promesa.

Con este suceso, el llamado a reforzar la seguridad y garantizar justicia en Morelos se vuelve aún más urgente. La exigencia de verdad y resultados en la investigación se ha vuelto central en la conversación pública. La memoria de Sarah Olivia impulsa ahora una demanda colectiva por paz, justicia y respeto a la vida.

Golpe de los 2,488 millones: Sheinbaum celebra justicia histórica contra García Luna

Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.

“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.

García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.

La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.

El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.

La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.

Ulises Lara: Se instala en Morelos; del despacho capitalino al frente federal

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.

Héctor Miguel Ortiz: Morelos cambia el rumbo en la Fiscalía de Feminicidios

Un nuevo capítulo comienza en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el estado de Morelos. Este martes, la Fiscalía General del Estado anunció el nombramiento de Héctor Miguel Ortiz Acosta como nuevo titular de la dependencia, en sustitución de Fabiola García Betanzos.

La decisión, confirmada a través de un comunicado oficial, fue tomada por el fiscal general Uriel Carmona y ejecutada por el fiscal especializado Edgar Maldonado. La renovación de liderazgo busca reforzar las acciones institucionales en uno de los frentes más sensibles de la agenda de justicia en Morelos.

Con una sólida formación profesional, Héctor Miguel Ortiz Acosta llega al cargo con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como una Maestría en Criminalística y una Especialidad en Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio, ambos estudios cursados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Su perfil académico refleja un enfoque técnico y actualizado ante los desafíos del nuevo sistema penal.

Ortiz Acosta asume la dirección tras la salida de Fabiola García Betanzos, quien encabezó esta fiscalía durante cinco años. Su gestión estuvo marcada por diversos señalamientos sobre el manejo de investigaciones, siendo uno de los casos más mediáticos el de Malú, una mujer encontrada sin vida en Tepoztlán, cuyo expediente generó protestas, cuestionamientos y exigencias de justicia por parte de colectivos y familiares.

La llegada del nuevo fiscal ocurre en un contexto de presión social constante para atender con eficacia y sensibilidad los casos de feminicidio. El estado de Morelos ha sido escenario de múltiples manifestaciones y exigencias ciudadanas que reclaman resultados concretos, transparencia y un verdadero compromiso institucional ante la violencia de género.

Con este relevo, la Fiscalía de Morelos pretende duplicar esfuerzos en la atención y persecución de los delitos contra las mujeres. La renovación del mando busca generar confianza en las víctimas y sus familias, fortalecer las capacidades técnicas del equipo ministerial y garantizar investigaciones con perspectiva de género y rigor jurídico.

El nombramiento de Ortiz Acosta marca una etapa de renovación institucional, con la expectativa de avanzar hacia una estructura más eficaz y sensible, en consonancia con las demandas ciudadanas y los estándares nacionales en materia de justicia para las mujeres.