La muerte de “Vito”, mascota del político Gabriel Quadri, tras un ataque ocurrido en calles de la Ciudad de México, colocó nuevamente en la agenda pública la legislación que regula el paseo de perros en la vía pública y las sanciones por incumplirla. El hecho se registró cuando el animal fue atacado por otro perro mientras caminaban por la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, y derivó en la difusión de información sobre las obligaciones legales de los tutores de mascotas.

La normativa vigente en la capital establece de manera expresa la obligación de llevar a los perros con correa al transitar por espacios públicos. Esta disposición se encuentra en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como en los artículos 4 y 30 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ambas leyes señalan que los tutores o responsables deben asumir las consecuencias de los daños que sus animales puedan causar a terceros.

El texto legal indica: “Toda persona tutora responsable o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública”. El incumplimiento de esta medida puede derivar en distintas sanciones, que van desde multas económicas hasta arrestos administrativos o trabajo comunitario.

Gabriel Quadri informó a través de redes sociales que el ataque ocurrió en la esquina de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha. De acuerdo con su relato, “Vito” fue agredido por un perro de raza Pastor Belga Malinois. Posteriormente, el político compartió un video en el que se observa al perro agresor correr directamente hacia su mascota sin que se aprecie el uso de correa, para luego atacarla. Quadri también señaló que el dueño del animal no asumió responsabilidad por lo ocurrido.

Según la Ley de Cultura Cívica, las personas que no adopten medidas de seguridad para prevenir agresiones pueden ser sancionadas con multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA para 2026, esto representa montos que oscilan entre mil 290 y 4 mil 692 pesos.

Además de la sanción económica, la legislación contempla la posibilidad de un arresto de entre 13 y 24 horas, o la imposición de trabajo comunitario por un periodo de seis a 12 horas. Estas medidas buscan reforzar la responsabilidad de los dueños de mascotas y prevenir incidentes similares en espacios públicos de la capital.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión de alto nivel con funcionarios del Gobierno mexicano, luego del ataque de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el océano Pacífico, hecho que generó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los reportes, el diplomático estadounidense arribó la tarde de este martes a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde sostuvo un diálogo con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Morales. La reunión se realizó a petición expresa de la mandataria mexicana, tras conocerse los ataques que dejaron un sobreviviente y la destrucción de al menos cuatro vehículos marítimos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber solicitado el encuentro con el embajador, tras calificar de inaceptables las acciones realizadas por las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. “Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, declaró.

La mandataria explicó que el llamado se realizó “en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos”,con el objetivo de analizar a fondo la situación y exigir explicaciones formales sobre los hechos ocurridos.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Marina será la encargada de ofrecer detalles sobre el incidente, el cual tuvo lugar a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, dentro de aguas internacionales. “Les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente. Lo que sí, fue en aguas internacionales”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que los ataques se realizaron el lunes, cuando fuerzas estadounidenses emprendieron una operación contra cuatro embarcaciones en el océano Pacífico, que dejó 14 personas muertas y un sobreviviente.

Aunque el gobierno estadounidense no ha precisado aún las causas ni el objetivo de la operación, la reacción del Gobierno de México ha sido inmediata, con el llamado a mantener la cooperación bilateral bajo los tratados vigentes y el respeto al derecho internacional.

La reunión entre Ronald Johnson, Juan Ramón de la Fuente y Raymundo Morales se desarrolla en un contexto de tensión diplomática, mientras ambos países buscan esclarecer los hechos y garantizar que los mecanismos de seguridad conjunta se mantengan dentro de los marcos legales establecidos.

El clima de violencia en Morelos alcanzó un punto especialmente doloroso con el asesinato de Sarah Olivia Rendón Parra, joven estudiante e hija de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres del estado, Sara Olivia Parra Téllez. El hecho ocurrió la noche del martes 27 de mayo en la colonia El Empleado, ubicada en Cuernavaca.

El ataque, ocurrido durante lo que se presume fue un intento de asalto, ha generado una ola de indignación y pesar entre autoridades, colectivos sociales y ciudadanos. La noticia se dio a conocer cuando Parra Téllez expresó su dolor públicamente en redes sociales. “Me hayan arrebatado a mi hermosa hija Sarah Olivia Rendón Parra, un ser único y excepcional, inteligente, proactiva, estudiosa, humana”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos informó que se están siguiendo todas las líneas de investigación posibles, con el compromiso de no dejar impune este crimen. Se trata de un caso que ha tocado fibras sensibles por su cercanía con una funcionaria activa en temas de atención y protección a víctimas de violencia.

La gobernadora del estado, Margarita González Saravia, también se pronunció ante el homicidio. Declaró que el caso se investigará a fondo y que se buscará a los responsables. “Nuestra responsabilidad como gobierno es asegurar la paz en el estado de Morelos”, afirmó la mandataria en una declaración pública.

Este hecho no solo ha sacudido a la comunidad jurídica de Morelos, sino también a sectores de la sociedad que han alzado la voz en memoria de Sarah Olivia. En medio del dolor, su historia ha resonado con fuerza por tratarse de una joven con un futuro brillante, descrita como una persona comprometida con sus estudios y cercana a los valores familiares.

La directora Parra Téllez agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido, reconociendo que aún se encuentra en estado de shock. La pérdida ha sido profundamente sentida no solo por su familia, sino por muchos que vieron en Sarah Olivia a una joven promesa.

Con este suceso, el llamado a reforzar la seguridad y garantizar justicia en Morelos se vuelve aún más urgente. La exigencia de verdad y resultados en la investigación se ha vuelto central en la conversación pública. La memoria de Sarah Olivia impulsa ahora una demanda colectiva por paz, justicia y respeto a la vida.