Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.
“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.
García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.
La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.
El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.
La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.
