Investigación de peculado agravado: Fiscalía de Chihuahua asegura cabaña de Javier Corral

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) aseguró un inmueble propiedad del exgobernador del estado, Javier Corral Jurado, como parte de una investigación penal en curso por presunto peculado agravado. La acción se realizó con el objetivo de garantizar la posible reparación del daño al erario estatal, estimado en 98.6 millones de pesos, en caso de que los ilícitos imputados sean acreditados conforme a derecho.

De acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía especializada, el aseguramiento del bien se encuentra vinculado a la carpeta de investigación 3050/2024. El inmueble está registrado dentro de la declaración patrimonial del exmandatario, quien actualmente forma parte de la bancada legislativa de Morena y ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal relacionados con su gestión al frente del gobierno estatal.

La propiedad asegurada corresponde a una cabaña localizada en una zona montañosa de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida del municipio de Ocampo. El documento oficial describe el inmueble como una construcción de estilo rústico, situada en una región de abundante vegetación y considerada una zona exclusiva de esa región del estado de Chihuahua.

Según lo informado por la Fiscalía Anticorrupción, el aseguramiento tiene como finalidad impedir que el inmueble sea transmitido, enajenado o gravado bajo cualquier modalidad mientras continúan las indagatorias. “Este aseguramiento de la Clave Catastral, de este bien inmueble (…) se realiza con el objetivo de impedir que esta propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad, mientras continúan las indagatorias correspondientes”, señala el comunicado.

La autoridad precisó que esta medida cautelar busca preservar el valor del bien para que, en caso de comprobarse el presunto ilícito, pueda ser utilizado para resarcir el daño ocasionado a las finanzas públicas del estado. Desde 2021, Javier Corral ha sido señalado por presuntamente haber afectado el patrimonio estatal durante su administración, acusaciones que el exgobernador ha rechazado públicamente y que ha calificado como intentos por desacreditar su trayectoria política.

El aseguramiento de la cabaña se suma a otros episodios relevantes dentro del proceso. En agosto de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desplegó un operativo para detener a Corral Jurado en un restaurante ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, específicamente en la calle Álvaro Obregón. Sin embargo, la acción no se concretó luego de la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió al lugar e impidió la detención.

Con esta medida, la FACH mantiene activas las acciones legales dentro de la investigación en curso, enfocadas en asegurar bienes patrimoniales del exmandatario mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Héctor Miguel Ortiz: Morelos cambia el rumbo en la Fiscalía de Feminicidios

Un nuevo capítulo comienza en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el estado de Morelos. Este martes, la Fiscalía General del Estado anunció el nombramiento de Héctor Miguel Ortiz Acosta como nuevo titular de la dependencia, en sustitución de Fabiola García Betanzos.

La decisión, confirmada a través de un comunicado oficial, fue tomada por el fiscal general Uriel Carmona y ejecutada por el fiscal especializado Edgar Maldonado. La renovación de liderazgo busca reforzar las acciones institucionales en uno de los frentes más sensibles de la agenda de justicia en Morelos.

Con una sólida formación profesional, Héctor Miguel Ortiz Acosta llega al cargo con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como una Maestría en Criminalística y una Especialidad en Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio, ambos estudios cursados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Su perfil académico refleja un enfoque técnico y actualizado ante los desafíos del nuevo sistema penal.

Ortiz Acosta asume la dirección tras la salida de Fabiola García Betanzos, quien encabezó esta fiscalía durante cinco años. Su gestión estuvo marcada por diversos señalamientos sobre el manejo de investigaciones, siendo uno de los casos más mediáticos el de Malú, una mujer encontrada sin vida en Tepoztlán, cuyo expediente generó protestas, cuestionamientos y exigencias de justicia por parte de colectivos y familiares.

La llegada del nuevo fiscal ocurre en un contexto de presión social constante para atender con eficacia y sensibilidad los casos de feminicidio. El estado de Morelos ha sido escenario de múltiples manifestaciones y exigencias ciudadanas que reclaman resultados concretos, transparencia y un verdadero compromiso institucional ante la violencia de género.

Con este relevo, la Fiscalía de Morelos pretende duplicar esfuerzos en la atención y persecución de los delitos contra las mujeres. La renovación del mando busca generar confianza en las víctimas y sus familias, fortalecer las capacidades técnicas del equipo ministerial y garantizar investigaciones con perspectiva de género y rigor jurídico.

El nombramiento de Ortiz Acosta marca una etapa de renovación institucional, con la expectativa de avanzar hacia una estructura más eficaz y sensible, en consonancia con las demandas ciudadanas y los estándares nacionales en materia de justicia para las mujeres. 

Asamblea Nacional Popular llama al boicot electoral por caso Ayotzinapa

La Asamblea Nacional Popular (ANP), coalición que aglutina diversas demandas sociales, ha decidido convocar a un boicot a las campañas políticas de los candidatos a cargos de elección popular. Esta medida se adopta en respuesta a la falta de avances en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrida hace casi una década, y a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de reunirse con los afectados antes de las elecciones del 2 de junio.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este pasado fin de semana. Participaron madres y padres de los desaparecidos, estudiantes y diversas organizaciones sociales.

“Nos comprometemos a llevar nuestra protesta a las calles, especialmente instando al boicot de las campañas electorales y del proceso en sí”, reza el comunicado aprobado por la ANP.

El presidente López Obrador ha manifestado que no atenderá a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta después de las elecciones, argumentando que no desea que el encuentro sea utilizado con fines políticos.

La ANP ha advertido que el caso Ayotzinapa no debe ser sujeto a los calendarios electorales, sino a la búsqueda de justicia. Por lo tanto, rechaza esperar hasta después de las elecciones para reunirse con el presidente, como él ha sugerido.

Las organizaciones sociales y los afectados insisten en que la lucha continuará hasta que haya un diálogo real. Además, planean sumar a otros sectores, como campesinos, maestros e indígenas.

La falta de avances en la investigación, según las madres, padres y organizaciones, se debe a la falta de una fiscalía especializada e independiente. Acusan al presidente de frenar las pesquisas cuando estas apuntaron hacia el Ejército mexicano.

Se ha programado una serie de acciones de protesta en la Ciudad de México, desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo, según lo establecido en el documento de la ANP.