Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.
Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.
Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.
La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.
En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.
En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.
