Marx Arriaga denuncia presión para rehacer 107 libros de la NEM y rechaza abandonar la SEP

Marx Arriaga afirmó que su salida de la Dirección General de Materiales Educativos se originó por negarse a modificar los libros de texto gratuitos vinculados a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), proyecto educativo impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, sostuvo que recibió instrucciones para realizar cambios de fondo que, a su juicio, resultan incompatibles con la orientación pedagógica de ese modelo.

El funcionario explicó que las solicitudes comenzaron con ajustes al libro del maestro y posteriormente se extendieron a los materiales de Educación Primaria y Preescolar. Según detalló, le presentaron una tabla con los proyectos que debían modificarse, lo que en los hechos implicaba elaborar nuevos libros. “Prácticamente es hagan unos nuevos libros de texto”, señaló.

Entre los contenidos que se pidió retirar mencionó referencias a las violencias que ha enfrentado el magisterio, los mecanismos de organización docente y una visión histórica construida desde los territorios. También aseguró que se buscaba privilegiar un enfoque “instrumental” con una didáctica simplificada. “Que no se hablara ni de las violencias que ha sufrido el magisterio ni del mecanismo que ha utilizado para organizarse”, expresó.

Desde su oficina en un edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado sobre Avenida Universidad en la colonia Xoco, Arriaga indicó que la presión se intensificó en semanas recientes mediante oficios y estrategias legales que calificó como intimidatorias. Afirmó que la normativa fue utilizada como “cachiporra” para forzar la decisión.

El exfuncionario vinculó las exigencias con la intención de elaborar un nuevo plan de estudios alejado de la NEM. En respuesta, dijo haber impulsado la creación de comités para defender el modelo educativo. Subrayó que los 107 libros del plan de estudios 2022 ya fueron publicados y recordó que su elaboración contó con la participación de docentes del país.

Arriaga aseguró que no ha recibido notificación formal de despido y que, por lo tanto, no entregará la oficina, pese a que este viernes fue escoltado por cinco policías que le solicitaron retirarse. Señaló que no atribuye la decisión a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo desconocer si fue avalada por el secretario de Educación, Mario Delgado, al tiempo que apuntó a la Subsecretaría de Educación Básica.

En su posicionamiento, defendió que los materiales incluyan temas como abusos del Estado contra el magisterio y episodios de la llamada guerra sucia. Añadió que, de no continuar en el cargo, regresará a la docencia y a la organización gremial, y reiteró que permanecerá en el espacio mientras no exista un oficio oficial que determine su separación.

Coneval desaparece y oposición enciende alertas por el control total de los programas sociales

Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.

Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.

Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.

La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.

En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.

En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.