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El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la suspensión de visas para conductores de camiones en Estados Unidos no tendrá repercusión en los transportistas mexicanos, gracias a las disposiciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano analiza la medida anunciada el jueves, pero descartó afectaciones para los choferes nacionales. “Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”, señaló.

De la Fuente explicó que la decisión del gobierno estadounidense responde principalmente a la intención de “prevenir el cabotaje”, es decir, el traslado de mercancías entre diferentes estados dentro de Estados Unidos por parte de choferes extranjeros. Subrayó que México continuará revisando los alcances de la medida para garantizar la certidumbre de los trabajadores del transporte.

El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales. Justificó que esta medida busca proteger tanto la seguridad vial como las oportunidades laborales de los camioneros estadounidenses, aunque no presentó cifras sobre accidentes o la proporción de choferes extranjeros en el sector.

El anuncio se dio pocos días después de que un camionero de origen indio, Harjinder Singh, fuera detenido y acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente ocurrido en Florida. El conductor realizó un giro prohibido en una autopista, lo que derivó en el trágico incidente. El caso cobró relevancia política en Estados Unidos, ya que Singh, en situación migratoria irregular, había obtenido su licencia de conducir en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, crítico de la actual administración y posible aspirante presidencial en 2028.

El hecho generó críticas por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quienes lo utilizaron como argumento contra los demócratas en materia de control migratorio y seguridad. En paralelo, la administración republicana confirmó que se lleva a cabo un proceso de verificación de más de 55 millones de visados válidos en ese país. De encontrarse irregularidades, se podría proceder a la anulación de documentos y la deportación de sus titulares.

Mientras tanto, la SRE en México mantiene seguimiento puntual de las disposiciones estadounidenses y reiteró que los camioneros nacionales seguirán protegidos por el marco legal del T-MEC, el cual garantiza la validez de su visa B para operar en territorio estadounidense.

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, tramitó un juicio de amparo en el que denunció “privación ilegal de la libertad e incomunicación” luego de ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos. El caso ahora está en manos del Poder Judicial de la Federación.

La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora, concedió una suspensión de plano con la que ordenó a las autoridades que la “incomunicación cese de inmediato”, garantizando así el acceso del boxeador a comunicación y contacto con el exterior mientras permanece en una prisión de Hermosillo.

De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado el miércoles 20 de agosto, un día después de que Chávez Jr. fuera trasladado a territorio mexicano desde Los Ángeles, California. La detención en Estados Unidos ocurrió en julio, cuando agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas lo arrestaron tras considerarlo relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se realizó días después del combate que el pugilista sostuvo contra el youtuber Jake Paul. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, desde diciembre del 2024 existía una denuncia en su contra que lo clasificaba como una “amenaza para la seguridad pública”, aunque en ese momento no fue prioridad para las autoridades estadounidenses.

Una vez entregado a México, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con organizaciones criminales. La FGR documentó que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se intervinieron teléfonos de presuntos integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas, vinculada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

En esas conversaciones, de acuerdo con la investigación, se mencionaba a Chávez Carrasco en supuestos actos de violencia contra integrantes del Cártel de Sinaloa. Los testimonios señalan que era utilizado para castigar a miembros de la organización, a quienes presuntamente golpeaba como si fueran costales de boxeo, siguiendo instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”. Este último fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El juicio de amparo interpuesto por el exboxeador busca frenar actos que considera violatorios de sus derechos fundamentales, particularmente la incomunicación dentro del penal de Hermosillo. La orden de la jueza Nava Ortega obliga a las autoridades a garantizar que tenga acceso a sus abogados y a establecer contacto con familiares, en tanto se resuelve el fondo del caso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez, y Durango, Esteban Villegas, además de representantes de asociaciones ganaderas, con el objetivo de enfrentar la crisis derivada del cierre de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

El encuentro tuvo como eje la emergencia provocada por la detección del gusano barrenador, que llevó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a suspender la entrada de bovinos mexicanos en julio. Sheinbaum informó que se estableció un programa especial de apoyo destinado a mitigar los efectos del cierre fronterizo. “Acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, destacó que el plan busca dar certeza al sector ganadero, luego de que la decisión estadounidense frenara de inmediato el flujo de exportaciones. Recordó que la medida se tomó apenas tres días después de la reapertura que había permitido enviar 900 cabezas de ganado a Estados Unidos. Este es el tercer cierre en ocho meses, lo que ha generado un fuerte impacto económico en los productores nacionales.

La suspensión fue anunciada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, con el argumento de proteger al mercado interno ante la posible propagación de la plaga.

En paralelo, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) exigió al gobierno mexicano medidas adicionales para proteger a los productores. A través de un comunicado, solicitaron suspender la importación de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala, países donde también se han registrado brotes de gusano barrenador.

El organismo denunció además el tráfico ilegal de aproximadamente 800 mil cabezas de ganado que ingresan por la frontera sur desde Centroamérica. De acuerdo con la UNTA, muchos de esos animales estarían infectados, lo que provocaría pérdidas millonarias al limitar las exportaciones hacia Estados Unidos.

La crisis golpea de manera particular a los estados del norte, donde la producción ganadera representa un motor económico clave. La decisión de Sheinbaum de coordinar acciones conjuntas con los mandatarios estatales busca evitar mayores afectaciones a los productores y establecer medidas de contención frente a la plaga.

Con el nuevo programa de apoyo, el gobierno federal y los estados implicados intentan dar respuesta inmediata a una situación que mantiene en incertidumbre a uno de los sectores estratégicos del campo mexicano.

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, está a punto de declararse culpable de dos cargos por crimen organizado en Estados Unidos. La fiscalía estadounidense confirmó que el narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para evitar un juicio y enfrentar su proceso bajo una negociación judicial.

De acuerdo con un oficio enviado por la fiscalía al juez Brian Cogan, quien encabeza el caso en Brooklyn, Nueva York, Zambada aceptó declararse culpable del cargo de “empresa criminal continua” en esa corte y de “conspiración RICO” en el Distrito Oeste de Texas. Ambos forman parte de los 24 cargos acumulados en su contra.

El Mayo enfrenta actualmente 17 delitos en la corte federal de Brooklyn, relacionados con tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y lavado de dinero. A estos se suman siete acusaciones en Texas, entre ellas la violación de la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

El 18 de agosto de 2025, el DOJ informó que la acusación criminal que pesaba en la corte de El Paso fue transferida a la corte federal de Brooklyn. La decisión obedece a la norma 20 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales, que permite concentrar procesos en una sola jurisdicción. Con ello, el narcotraficante de 76 años enfrentará todo su expediente en Nueva York, el mismo tribunal que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un documento firmado, Zambada García reconoció su intención de declararse culpable: “Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado que hay una acusación pendiente en mi contra en la causa arriba mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Quiero declararme culpable de la ofensa acusada para consentir la disposición del caso en el Distrito Este de Nueva York en el cual me encuentro retenido, y renunciar al juicio en el Distrito Oeste de Texas”.

La acusación de Texas señala que Zambada y sus asociados coordinaron rutas de tráfico de cocaína y mariguana hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales en Ciudad Juárez-El Paso y por zonas desérticas del Valle de Juárez, además de supervisar la distribución de drogas en Texas y otros estados.

Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en 2024, tras ser presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Después de su arresto inicial en El Paso, el DOJ decidió trasladarlo a Nueva York, donde se centralizarán todos los procesos judiciales en su contra.

Con la aceptación de culpabilidad, El Mayo Zambada busca resolver su situación legal mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. De esta manera, enfrentará formalmente 24 cargos, sin necesidad de un juicio largo y mediático.

El Museo Soumaya en Ciudad de México fue el escenario elegido para presentar “Quebranto”, la nueva serie dramática que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación. La noche del sábado reunió a protagonistas, invitados especiales y referentes del entretenimiento en un evento exclusivo que celebró el lanzamiento de la producción, ya disponible en Disney+ en Latinoamérica y en varios mercados internacionales, así como en Hulu para Estados Unidos.

La velada inició con la llegada del elenco principal encabezado por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba, quienes compartieron alfombra con Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Antonio de la Vega, Sebastián Silveti y otros actores de la serie. El director Bernardo de la Rosa acompañó al equipo creativo, mientras que la conducción del evento estuvo a cargo de Lety Sahagún. También asistieron figuras como Carla Medina, Emilio Antun, Lizardo Ponce y Luli González, junto a creadores de contenido y líderes de opinión que dieron un toque de frescura al encuentro.

La historia de Quebranto se centra en Miranda, interpretada por Stoessel, una joven argentina adoptada que convive con la ansiedad provocada por el desconocimiento de sus orígenes. Movida por la necesidad de respuestas, regresa a México para indagar sobre su pasado y descubre verdades dolorosas que la llevan a infiltrarse en una organización criminal.

En ese camino se cruza con Javier Lara (Jorge López), sobrino del líder del grupo, y con Leo (Martín Barba), un exintegrante de las fuerzas especiales mexicanas. Entre secretos, alianzas y traiciones, Miranda se ve obligada a elegir entre la verdad y la supervivencia, entre el perdón y la venganza, en un juego de emociones que desafía todo lo que creía conocer de sí misma.

La serie, producida por Non Stop México, consta de seis episodios de 45 minutos y fue grabada principalmente en locaciones de México y Argentina. El guion estuvo a cargo de Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner, mientras que la dirección recayó en Bernardo de la Rosa. Además, el reparto incluye participaciones especiales de Rafael Ferro y Otto Sirgo, junto a un nutrido elenco de talento latinoamericano como Jyasú Torruco, Rebeca Manríquez, Daniela Vargas, Karla Garrido, Areli González y Albi De Abreu.

El lanzamiento en Ciudad de México no solo marcó la presentación oficial de Quebranto, sino también el inicio de un recorrido que busca conectar con audiencias de distintos países. Con un estilo de thriller emocional, drama familiar y tintes de acción, la serie promete convertirse en una de las apuestas fuertes de la plataforma de streaming para este año.

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la dependencia otorgó contratos por más de 27 millones de pesos a la empresa Megamax, S.A. de C.V., vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los 26 reclusos extraditados esta semana a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por el medio Artículo 7, en los documentos de adjudicación aparecen los nombres de Mendoza Gómez y de su pareja sentimental, Yasmin Garza Quintanilla. Los contratos otorgados corresponden a seis proyectos distintos, cuatro de ellos por licitación pública y dos más a través de invitación restringida.

Cepeda Anaya explicó que dichos contratos se mantuvieron hasta el año 2023 y precisó que en los registros oficiales no figura Mendoza Gómez como propietario ni representante legal de Megamax. No obstante, reconoció que la empresa sí recibió recursos estatales.

El funcionario aclaró que JF Konstruyendo, otra compañía señalada en la misma investigación, no tiene relación con el reo extraditado. Según lo publicado por la reportera Shalma Castillo, ambas firmas habrían recibido en conjunto más de 70 millones de pesos en contratos estatales.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda Anaya reiteró la inexistencia de vínculos directos de Mendoza Gómez con los padrones oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, aunque admitió que se revisarán los antecedentes de los contratos.

Por su parte, José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo, ofreció una conferencia de prensa en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí deslindó a la empresa de cualquier nexo con Mendoza Gómez y anunció que enviará al gobierno estatal una copia certificada del acta constitutiva para respaldar la transparencia de la compañía.

La polémica surge tras el anuncio del gobierno federal sobre la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre los que se encuentran figuras criminales de alto perfil. Entre ellos destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los extraditados enfrentan cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio, tráfico de personas y lavado de dinero. En este contexto, la relación de empresas contratistas con uno de los reos extraditados genera nuevas interrogantes sobre los filtros de adjudicación en los contratos públicos de Tamaulipas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este jueves un mensaje directo desde la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, para subrayar que en el país “el pueblo manda”. La declaración se dio en un video difundido por la mandataria, en clara alusión a los comentarios recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Horas antes, el mandatario estadounidense afirmó, durante una conferencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que México y Canadá acatan las órdenes de su gobierno en materia de seguridad fronteriza. Según Trump, la política migratoria implementada por su administración ha reforzado la seguridad de Estados Unidos, al punto de cerrar ambas fronteras, norte y sur, que describió como “horribles” antes de su llegada al poder.

“Realmente respetan a este país de nuevo (…) México hace lo que les decimos que hagan y Canadá hace lo que les decimos que hagan porque tenemos dos fronteras: la norte y la sur”, declaró el presidente estadounidense, enfatizando que la estrategia migratoria de su gestión ha devuelto el respeto internacional hacia Estados Unidos.

En respuesta, Sheinbaum destacó la independencia de las decisiones políticas mexicanas y la soberanía del país. “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”, afirmó la mandataria, reforzando el papel de la ciudadanía en la conducción del gobierno nacional.

El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de alta sensibilidad política entre ambas naciones, marcado por el permanente debate sobre migración y seguridad en la frontera compartida. Desde su llegada al poder, Trump ha mantenido una postura firme respecto al control fronterizo, lo que ha generado fricciones diplomáticas con México y Canadá.

El mensaje de Sheinbaum fue emitido mientras participaba en las actividades por el Día del Cine Mexicano, celebrado en el Bosque de Chapultepec. El evento, además de conmemorar la producción cinematográfica nacional, sirvió como escenario para enviar un pronunciamiento que busca dejar claro el principio de autodeterminación del país.

Con esta declaración, la presidenta mexicana no solo respondió a los señalamientos de Trump, sino que también reafirmó la postura de que las decisiones internas responden a la voluntad de la población y no a presiones externas. El episodio añade un nuevo capítulo a la dinámica diplomática y mediática que caracteriza la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la que la soberanía nacional se mantiene como un eje central.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) recibieron sobornos por al menos 150 mil dólares entre 2019 y 2021, a cambio de otorgar contratos millonarios a empresarios vinculados a Texas. Los hechos ocurrieron durante la administración de Octavio Romero Oropeza como director de la petrolera estatal.

La acusación, presentada en el Distrito Sur de Texas, apunta a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en Woodlands, Texas, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, de Spring, Texas, actualmente prófugo. De acuerdo con los documentos judiciales, ambos presuntamente conspiraron para pagar sobornos en efectivo, artículos de lujo —incluyendo piezas de Louis Vuitton y relojes Hublot— y otros bienes valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

El objetivo de estos pagos, según la investigación, fue asegurar y mantener contratos por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. “Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos… a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex y PEP”, detalla la acusación.

El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Los documentos judiciales también señalan que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que eleva el perfil criminal del caso.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, subrayó que este tipo de conductas no quedarán impunes. “Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró.

Rovirosa y Ávila enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustanciales por violaciones a la misma legislación. De ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios de Pemex presuntamente implicados en el esquema de sobornos.

Octavio Romero Oropeza dirigió Pemex desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, periodo en el que se habrían registrado estos pagos ilegales. Actualmente, ocupa el cargo de director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El caso refuerza la vigilancia internacional sobre posibles actos de corrupción en la industria petrolera mexicana, involucrando tanto a empresarios como a funcionarios que, de acuerdo con la acusación, se beneficiaron a costa de la integridad del proceso de licitación y del mercado justo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el país no existe ninguna investigación ni evidencia que vincule al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien acusó al mandatario venezolano de colaborar con organizaciones criminales internacionales.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, aseguró la mandataria. Añadió que, como en otros casos, si alguna autoridad extranjera tiene pruebas, “que la muestren”.

Las declaraciones se dan después de que el gobierno estadounidense anunciara un incremento histórico en la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares. La noticia fue difundida a través de canales oficiales del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado.

Pam Bondi, en un mensaje en video, calificó esta cifra como “histórica” y reiteró que Maduro es considerado “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una “amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Según la fiscal, el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, así como dos aviones privados y nueve vehículos. También señaló que Maduro habría utilizado redes delictivas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traficar drogas y generar violencia en distintos países.

En su mensaje, Bondi afirmó que Washington mantiene un compromiso firme para desmantelar las operaciones internacionales de narcotráfico y que la recompensa busca incentivar la cooperación de informantes en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Sheinbaum subrayó que en México no hay procesos abiertos contra Maduro ni investigaciones que lo relacionen con el crimen organizado nacional. Las autoridades mexicanas, dijo, trabajan con información confirmada y no con acusaciones sin sustento dentro del territorio nacional.

El anuncio de la recompensa y la postura del gobierno mexicano marcan un nuevo episodio en la tensión política y judicial entre Estados Unidos y Venezuela, con México manteniendo una posición de distancia frente a las acusaciones internacionales.