Sobornos por 150 mil dólares destapan red de corrupción en Pemex en la gestión de Romero Oropeza

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) recibieron sobornos por al menos 150 mil dólares entre 2019 y 2021, a cambio de otorgar contratos millonarios a empresarios vinculados a Texas. Los hechos ocurrieron durante la administración de Octavio Romero Oropeza como director de la petrolera estatal.

La acusación, presentada en el Distrito Sur de Texas, apunta a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en Woodlands, Texas, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, de Spring, Texas, actualmente prófugo. De acuerdo con los documentos judiciales, ambos presuntamente conspiraron para pagar sobornos en efectivo, artículos de lujo —incluyendo piezas de Louis Vuitton y relojes Hublot— y otros bienes valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

El objetivo de estos pagos, según la investigación, fue asegurar y mantener contratos por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. “Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos… a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex y PEP”, detalla la acusación.

El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Los documentos judiciales también señalan que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que eleva el perfil criminal del caso.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, subrayó que este tipo de conductas no quedarán impunes. “Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró.

Rovirosa y Ávila enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustanciales por violaciones a la misma legislación. De ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios de Pemex presuntamente implicados en el esquema de sobornos.

Octavio Romero Oropeza dirigió Pemex desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, periodo en el que se habrían registrado estos pagos ilegales. Actualmente, ocupa el cargo de director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El caso refuerza la vigilancia internacional sobre posibles actos de corrupción en la industria petrolera mexicana, involucrando tanto a empresarios como a funcionarios que, de acuerdo con la acusación, se beneficiaron a costa de la integridad del proceso de licitación y del mercado justo.

Pesca clandestina en el Golfo: Tripulación mexicana cae en operativo federal

Un caso sin precedentes ha llamado la atención en la frontera sur de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos mexicanos han sido acusados formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Texas por presunta pesca ilegal en aguas estadounidenses del Golfo de México. La información fue confirmada este jueves por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que se trata del primer caso de este tipo procesado en la región.

Los acusados son Miguel Ángel Ramírez Vidal, de 32 años; Jesús David Luna Márquez, de 20; Jesús Roberto Morales Amador, de 27; y José Daniel Santiago Mendoza, de 22. Según el comunicado oficial, enfrentan cargos por “transporte ilegal de pescado extraído del Golfo de México” con la presunta intención de comercializarlo en territorio mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la embarcación en la que viajaban fue detectada aproximadamente a siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al norte de la línea fronteriza marítima entre México y Estados Unidos, y más de 33 kilómetros al este de la Isla del Padre, en Texas. En ese punto, el grupo habría sido sorprendido pescando con cerca de cuatro kilómetros de sedal de nailon grueso y un aproximado de mil 200 anzuelos.

La acusación federal sostiene que los implicados operaban en una lancha sin identificación visible: sin nombre, sin registro oficial, sin bandera de ningún país y sin luces de navegación. Las autoridades también afirman que ninguno de los tripulantes contaba con permisos válidos para realizar actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos.

Entre los hallazgos más relevantes del caso se encuentra la cantidad de producto presuntamente capturado: aproximadamente 315 kilogramos de huachinango, especie altamente valorada en el mercado, que habría sido extraída de forma ilegal para su posterior venta en México.

Las penas que podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, incluyen hasta cinco años de prisión federal, además de una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares, según la legislación vigente.

El caso ha encendido alertas sobre la vigilancia en aguas internacionales y las prácticas ilegales que amenazan los recursos marinos compartidos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan reforzando los operativos de control en las zonas marítimas del sur de Texas.