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Este miércoles, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió una de las sentencias más contundentes en la historia reciente de la justicia estadounidense: más de 38 años de prisión por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. Además de la pena de cárcel, García Luna deberá cumplir cinco años de libertad condicional y pagar una multa de dos millones de dólares, sanciones que marcan el fin de una carrera política llena de poder y controversia.

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, tras un juicio que mantuvo al mundo en vilo desde su inicio. García Luna, quien ha estado recluido en un penal de Brooklyn durante casi cinco años, escuchó el veredicto después de una breve intervención personal. Aunque trató de argumentar a su favor, las pruebas y testimonios presentados en su contra resultaron abrumadores.

El exfuncionario mexicano fue declarado culpable en febrero de este año, luego de que un jurado compuesto por 12 miembros deliberara tras tres semanas de audiencias, en las cuales se presentaron 26 testimonios. Entre los declarantes se encontraban antiguos colaboradores y miembros de los cárteles de droga, quienes aseguraron que García Luna no solo protegió a organizaciones criminales durante su gestión, sino que también facilitó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La carrera de Genaro García Luna comenzó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), una dependencia cuyo objetivo era combatir el crimen organizado. Posteriormente, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública, donde desempeñó un papel crucial en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que desató un violento conflicto entre las fuerzas del Estado y los cárteles.

A pesar de su ascenso meteórico en la política mexicana, García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, bajo cargos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, su detención y posterior juicio han expuesto una red de complicidades entre altos mandos del gobierno mexicano y los cárteles de la droga, manchando profundamente la imagen de las instituciones de seguridad del país.

El día de la sentencia, una decena de manifestantes mexicanos se congregaron en las inmediaciones de la Corte de Brooklyn, exigiendo una condena aún más severa para García Luna. Con pancartas que leían “Calderón sí sabía” y “Genaro García Luna representa al PAN”, los manifestantes clamaron por justicia, no solo por los crímenes cometidos en Estados Unidos, sino también por las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico” en México.

Uno de los manifestantes declaró: “García Luna podrá pagar por sus delitos en este país, pero aún le debe mucho a México. Nosotros somos quienes vivimos las consecuencias de sus acciones y de la estrategia fallida de seguridad”. La indignación de los presentes se centraba también en el expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizan por las miles de muertes derivadas de la militarización del combate al narcotráfico.

Entre consignas como “Calderón, te espera la prisión”, los manifestantes hicieron eco de la creciente demanda de justicia en México. Consideran que la sentencia de García Luna es solo el comienzo, y que figuras como Calderón también deberían rendir cuentas por las decisiones que llevaron al país a una ola de violencia sin precedentes.

La condena de García Luna marca un hito en la lucha contra la corrupción en México, ya que por primera vez un alto funcionario de tal envergadura ha sido condenado por sus vínculos con el narcotráfico en un tribunal extranjero. Esta decisión judicial pone en relieve la falta de rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial mexicano, donde García Luna operó con aparente impunidad durante años.

Con este fallo, queda claro que la sombra de la corrupción no solo afecta a los gobiernos locales, sino que también permea a los más altos niveles del poder. La condena de García Luna es un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, finalmente llega para aquellos que abusan de su posición para enriquecerse a costa de la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, los ojos de México y el mundo estarán puestos en las posibles repercusiones de este veredicto en otros actores políticos del pasado reciente del país.

Ismael “El Mayo” Zambada, una de las figuras más enigmáticas del narcotráfico en México, se enfrenta a una nueva fase en su proceso legal tras ser trasladado desde El Paso, Texas, a Brooklyn, Nueva York. El viernes 13 de septiembre, Zambada tendrá su primera audiencia en la corte federal de Brooklyn, donde será presentado ante el juez magistrado James R. Cho a las 10:00 a.m., hora local. Este movimiento marca un cambio estratégico en la batalla legal que enfrenta el capo.

La decisión de trasladar a “El Mayo” a Nueva York no fue sencilla. Originalmente, su defensa se opuso al cambio de jurisdicción, argumentando que la solicitud de la fiscalía estadounidense carecía de fundamentos sólidos. Sin embargo, tras semanas de deliberación, el acusado finalmente accedió al traslado. “El acusado, sin embargo, notificó al gobierno que ya no se opone a ser transferido”, detalló la fiscalía en documentos judiciales.

El traslado de Zambada desde El Paso a Brooklyn se llevó a cabo al mediodía del 12 de septiembre, según confirmó una fuente de la corte federal de Texas. Este cambio no es menor, pues ahora su caso se encuentra en manos del juez Brian Cogan, quien previamente sentenció a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La corte de Brooklyn, donde será juzgado, es conocida por su riguroso enfoque en casos de alta seguridad y narcotráfico, con la participación de agencias como la DEA y Seguridad Interna.

Desde su arresto el pasado 25 de julio en Santa Teresa, Nuevo México, Zambada había comparecido en dos ocasiones ante la juez Kathleen Cardone en Texas. En ambas, su respuesta fue limitada, respondiendo únicamente con un “sí” o “no” a las preguntas formuladas por la juez. Este silencio, sin embargo, no ha frenado el avance de su caso, que ahora cobra mayor relevancia en una de las cortes más vigiladas del país.

La defensa de Zambada busca frenar el inicio de los procedimientos, señalando que el traslado a Nueva York debió realizarse poco después de su detención y no un mes más tarde. Sin embargo, la fiscalía argumenta que el caso de Zambada es complejo y requiere de un entorno judicial robusto, lo que justifica su reubicación a Brooklyn.