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La Cámara de Diputados recibió este lunes la minuta de la reforma a la Ley de Amparo cinco días después de su aprobación en el Senado. La presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, informó en sus redes sociales que instruyó la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria y que mañana dará cuenta al pleno para turnarla a una comisión para su análisis. En su mensaje, López Rabadán añadió una fotografía de la carátula de la minuta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó este mismo día la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados tras varios días de retraso. “Para continuar con el procedimiento legislativo, hoy enviaremos a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el Senado quedamos atentos al análisis y discusión de esta modificación que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos de las y los mexicanos”, expresó la legisladora de Morena.

El jueves pasado, el pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo, acompañada de una controvertida reserva presentada de última hora por el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que ordena aplicar los cambios de manera retroactiva. Esta modificación afecta directamente a más de 700 mil juicios de amparo en trámite y ha sido señalada como contraria al artículo 14 de la Constitución, que establece que ninguna ley tendrá efectos retroactivos.

La reserva de Huerta Ladrón de Guevara agregó un artículo transitorio que ha generado críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que este artículo transitorio significó una violación a la Constitución y solicitó a los legisladores realizar la modificación correspondiente.

Pese a ello, el senador Huerta ha defendido su propuesta y ha insistido en que la reserva aprobada por la mayoría de los senadores de Morena —con excepción de Javier Corral y Enrique Inzunza— no representa retroactividad. Sin embargo, diversos sectores han señalado que esta reforma restringe los procedimientos del juicio de amparo, mecanismo al que tradicionalmente recurren ciudadanos y organizaciones sociales como defensa ante posibles abusos del poder.

Con la llegada de la minuta a la Cámara de Diputados, el proceso legislativo continuará en comisiones, donde se revisará la reforma junto con los cambios al Código Fiscal Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la espera de su discusión en el pleno de San Lázaro.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que garantiza el libre acceso, gratuito y seguro a las playas marítimas y áreas naturales protegidas de México. Durante la sesión de este miércoles se emitieron 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones al proyecto impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El dictamen establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción, y no podrá ser restringido ni condicionado, salvo por disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con protección ambiental, seguridad pública o interés nacional. La propuesta también prevé que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, establezca un Registro Nacional de Accesos a playas.

Monreal Ávila presentó una reserva para que, a partir de la identificación y validación conjunta derivada de la traza urbana, semiurbana y rural establecida en los programas de desarrollo urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico locales, programas de áreas naturales protegidas y otros instrumentos aplicables, se realice dicho registro. Esta disposición también contempla los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.

En la adición al artículo 127 se estableció que la Semarnat procurará que en centros de población y asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

La reserva de Monreal Ávila se extendió al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Semarnat “debe garantizar” el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia por lo menos un día a la semana, además de domingos y días festivos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante la sesión, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, expresó su inconformidad por la forma en que se realizó la votación, argumentando que la reserva presentada modificaba términos que alteran el sentido del dictamen. Señaló que “el proyecto original, garantizará. Y lo cambia por: debe garantizar. Entre garantizar y deber garantizar hay buenas intenciones, y en los hechos puede ser prácticamente nada”.

Añadió que “no hagamos de la ley un supositorio, porque ya sabemos en dónde terminan los supositorios, y mejor hagamos una ley que genere derechos efectivos, con enunciados claros, con obligaciones concretas, para la ciudadanía”.

Monreal Ávila aceptó el cambio planteado por el coordinador panista, por lo que la asamblea siguió con la discusión y aprobó en lo particular con 470 votos en pro, uno en contra emitido por Juan Armando Ruiz Hernández de Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.

La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.

La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.

Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.

El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.

Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca frenar los cobros excesivos y facilitar la cancelación de servicios contratados a través de plataformas digitales. El proyecto, presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue discutido como de obvia y urgente resolución y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 438 votos a favor.

Desde tribuna, Monreal compartió su experiencia personal para ejemplificar la problemática. Relató que, tras rentar un departamento, intentó cancelar un servicio de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos. “Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta solo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, señaló.

El legislador morenista denunció que alrededor de 62 millones de ciudadanos están expuestos a penalizaciones y a procesos complicados para cancelar sus suscripciones. “Es impresionante, porque es muy fácil contratarlos. Basta un clic para contratar una tecnología de la información. Aprietas el clic y de inmediato quedas sujeto al contrato que te expiden y que te obligan a cumplir. Pero si quieres cancelar una de esas suscripciones, imposible. Sea telefónica, de entretenimiento, música o videojuegos, es un calvario”, advirtió.

La iniciativa establece que las empresas deberán notificar al consumidor al menos cinco días antes de renovar automáticamente un servicio, con el fin de cerrar la puerta a cobros sorpresivos y reforzar el consentimiento informado.

Durante la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, presentó una reserva que fue aceptada y aprovechó para exigir que también se dé salida a las propuestas de su bancada, las cuales, dijo, muchas veces quedan “en la congeladora”. Expresó solidaridad con quienes terminan en buró de crédito por cargos indebidos en tarjetas de crédito y señaló que también ocurre con pagos domiciliados en tarjetas de débito.

“Más tarda en caer su sueldo, que ya se lo están arrebatando por servicios que ni siquiera están recibiendo”,subrayó. Recordó además que en abril de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir las comisiones por pago con tarjeta, pendiente aún en el Senado.

Lixa adelantó que el PAN presentará una iniciativa para eliminar los cobros por consultas de saldo bancario, que calificó como excesivos. También enlistó propuestas en curso: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua, exentar de ISR los aguinaldos, garantizar medicamentos, deducir el pago de colegiaturas y sancionar a funcionarios coludidos con el crimen organizado.

En medio de los cruces parlamentarios, Monreal logró el aval de todos los partidos a su propuesta, que busca poner un alto a lo que calificó como un “calvario” en los procesos de cancelación y cobros indebidos de plataformas digitales.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El Paquete Económico 2026 llegó a la Cámara de Diputados con más de cuatro horas de retraso. El encargado de llevarlo fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien arribó al recinto legislativo a las 10:30 de la noche, pese a que la entrega estaba programada desde la tarde. Tras cumplir con esta primera parada, el funcionario se dirigirá al Senado.

En su intervención, Amador Zamora subrayó que el documento llega en un escenario internacional complicado. “Este paquete se presenta en un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías y que, sin embargo, ha mostrado fortaleza”, afirmó.

Antes de ingresar al Salón Verde, el secretario sostuvo un breve encuentro con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien conversó unos minutos.

El retraso, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario José Elías Lixa criticó con dureza la tardanza, a la que calificó como un hecho inusual: “Estamos ante una insólita informalidad de Hacienda ante la Cámara de Diputados que comenzó con retrasos y que genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.

El legislador panista insistió en que estas especulaciones “poco le sirven al país, que necesita y requiere de certezas de los funcionarios de su estado”.

En contraste, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adoptó un tono más relajado y minimizó la demora. Recordó que “en estricto sentido la ley prevé que se entregue el 8 de septiembre y esto podría haber ocurrido antes de la media noche”.

El Paquete Económico 2026 es uno de los ejercicios más relevantes del año legislativo, pues define la ruta financiera del país. El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal.

Con la entrega ya consumada en San Lázaro, los legisladores disponen ahora del documento que marcará el debate político y económico de los próximos meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los bancos ya no podrán deducir impuestos de las aportaciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), medida que formará parte del Paquete Económico 2026. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina, en la que la mandataria subrayó que el mayor peso de este fondo proviene de la población mexicana.

“El grueso de la aportación al IPAB viene del pueblo de México. Hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron a bonos abiertos. Pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos”, señaló Sheinbaum, quien precisó que esta deducción desaparecerá a partir del próximo año.

De acuerdo con la presidenta, la medida representará una recuperación de alrededor de 10 mil millones de pesos. Además, explicó que la propuesta ya fue consultada con directores generales y propietarios de bancos, quienes en su mayoría manifestaron aceptación. “Es algo que incluso con algunos de los dueños de los bancos lo platiqué en su momento, pero creo que es justo, que no haya esta deducción, entonces ya viene planteada en la ley de ingresos”, puntualizó.

El IPAB es la institución encargada de administrar el “Seguro de Depósitos Bancarios”, un mecanismo que protege automáticamente y sin costo los ahorros de pequeños y medianos depositantes. La cobertura incluye cuentas de ahorro, cuentas de cheques, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y depósitos a plazo, con un límite de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a unos 3 millones de pesos por persona.

Datos del primer trimestre del año muestran que los bancos que operan en México pagaron 9 mil 489 millones de pesos en cuotas ordinarias al IPAB. BBVA México encabezó la lista con 2 mil 182 millones de pesos, seguido por Banorte con mil 268 millones, Santander México con mil 153 millones, Banamex con 735 millones, HSBC con 670 millones, Scotiabank con 608 millones, Inbursa con 446 millones y Citi México con 377 millones de pesos. Estas aportaciones son mayores en las instituciones consideradas de importancia sistémica, dado que administran más activos dentro de la banca nacional.

La mandataria detalló que el Paquete Económico será entregado el lunes por la tarde en la Cámara de Diputados. El martes, la Secretaría de Hacienda dará una conferencia de prensa para explicar los pormenores y, el miércoles, el titular de la dependencia acompañará a la presidenta en su conferencia matutina.

En paralelo, el Banco de México adelantó que el entorno inflacionario permitirá continuar con la reducción en el costo de los créditos, lo que abre un panorama favorable para la actividad financiera en el país.