La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.
La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.
La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.
Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.
El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.
Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.