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El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó que los delitos de alto impacto en México mantienen una tendencia sostenida a la baja, alcanzando su nivel más bajo en los últimos ocho años. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos los indicadores delictivos muestran reducciones significativas, excepto la extorsión, que continúa siendo el único delito con un incremento respecto a años anteriores.

Durante la presentación del informe mensual, la titular del SNSP, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos en octubre de 2025 fue de 54.4 casos, lo que representa una disminución del 37% en comparación con septiembre del año anterior, cuando se registraban 86.9 en promedio.

Esta reducción marca un avance importante en uno de los rubros más sensibles para la población, aunque los homicidios continúan concentrándose en siete entidades: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

En la comparación con 2019, el informe muestra descensos notables en varios tipos de delitos. Los feminicidios se redujeron un 25%, las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 22.9% y el secuestro extorsivo cayó 59%. 

También se registraron disminuciones importantes en los robos con violencia: 48.6% menos en asaltos generales, 52.3% en robos a casa habitación, 44.3% en robo de vehículos, 49.9% en robo a transportista, 45% en robo a transeúnte y 56.8% en robo a negocio. En promedio, los robos en general con algún tipo de violencia se redujeron cerca del 50% respecto a 2019.

A pesar de la mejora en la mayoría de los indicadores, la extorsión sigue siendo el delito que preocupa a las autoridades. Aunque aumentó 22.9% respecto a 2019, se observó una leve mejora en comparación con 2024, con una reducción diaria del 14% en los reportes registrados. 

El gobierno atribuye esta variación al uso creciente de medios digitales y telefónicos para cometer este delito, lo que representa un reto para las estrategias de prevención y persecución.

En términos generales, el panorama nacional refleja un descenso del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto respecto a 2018, pasando de 969.4 a 522 delitos por día. Esta cifra, según el informe, representa el nivel más bajo de los últimos ocho años y consolida la tendencia descendente que el actual gobierno busca mantener.

El reporte del SNSP forma parte de las evaluaciones periódicas impulsadas por la administración federal para medir el avance de su política de seguridad. Con estos resultados, el gobierno de Sheinbaum busca reforzar la narrativa de una reducción sostenida en los delitos más graves, aunque reconoce que aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de extorsión y violencia focalizada en ciertas regiones del país.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Entre 2022 y 2024, México registró una reducción histórica en la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en esta condición pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que equivale a 8.3 millones menos y una baja de 17.7 por ciento. Esta medición, realizada por primera vez por el Inegi tras la desaparición del Coneval, evalúa la pobreza multidimensional, que considera ingresos, acceso a derechos sociales y contexto territorial.

En 2024, el 29.6 por ciento de la población —tres de cada diez personas— vivía en pobreza multidimensional, una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022. De este total, 31.5 millones enfrentaban pobreza moderada y 7 millones pobreza extrema.

A nivel estatal, Chiapas encabezó la lista con el mayor porcentaje de población en pobreza, con 66 por ciento, seguido de Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el extremo opuesto, Baja California reportó el menor índice, con 9.9 por ciento, seguido por Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%).

La pobreza extrema también mostró un retroceso, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024, equivalente a 5.3 por ciento de la población. Las entidades con mayores porcentajes en esta categoría fueron Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%). En contraste, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1%) presentaron los menores niveles.

Si se observa el periodo completo de la administración de la Cuarta Transformación, la reducción es aún mayor. En 2018, 51.9 millones de personas (41.9% de la población) vivían en pobreza, cifra que en 2024 descendió en 13.4 millones, con una caída de 12.3 puntos porcentuales.

El Inegi reportó mejoras en varias carencias sociales. El rezago educativo bajó de 19.4% a 18.6%, beneficiando a cerca de un millón de personas. El acceso a servicios de salud mejoró de 39.1% a 34.2%, lo que representa 6.4 millones de personas más con cobertura médica. En cuanto a la seguridad social, la carencia se redujo de 50.2% a 48.2%, equivalente a 2.6 millones de personas.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que la medición mantuvo la metodología empleada por el Coneval durante más de 20 años, garantizando su continuidad y comparabilidad. Por su parte, la coordinadora de Medición de Pobreza, Claudia Maldonado, destacó que todas las carencias registraron reducciones.

El análisis del Inegi atribuye la disminución de la pobreza principalmente a mejoras en salarios y condiciones laborales, más que al efecto de los programas de apoyo social. Sin estos programas, la cifra de personas en pobreza sería de 42.7 millones, y la de pobreza extrema de 9 millones, ambas aún menores que las registradas en 2022.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una ambiciosa intervención urbana en Tlatelolco a través del programa “RUTA Tlatelolco mi Amor”, con una inversión cercana a mil 300 millones de pesos. El objetivo es llevar a cabo una transformación integral de esta emblemática zona capitalina, mediante obras de rehabilitación estructural, mejora de servicios urbanos, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Brugada detalló que el proyecto incluye la reconstrucción del cine y el hospital de la Unidad Habitacional, además de una atención prioritaria a la infraestructura urbana deteriorada, como andadores, banquetas, guarniciones, luminarias y áreas verdes. “Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, incluye echar a andar este proceso integral que contempla una gran intervención de atención a los riesgos estructurales que tienen varios edificios”, aseguró durante el evento.

Como parte del plan, se llevará a cabo un estudio preliminar en todos los edificios de la zona. Seis de ellos –Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán y Baja California– recibirán una inversión de entre 500 y mil millones de pesos para su intervención. Además, ocho inmuebles con afectación media serán evaluados simultáneamente, y 13 más con daños menores también serán atendidos como parte de la estrategia integral.

En materia de agua, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tlatelolco, así como la limpieza de todas las cisternas de la unidad habitacional. Además, se implementará el programa “Ciudad Iluminada, Comunidad Segura”, que contempla la instalación de 2 mil 412 luminarias nuevas y la recuperación de 300 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La mandataria precisó que se invertirán 82 millones de pesos en obras y servicios básicos, con acciones puntuales como la rehabilitación de 22 mil 829 metros cuadrados de andadores, banquetas y guarniciones (29 mdp), la pavimentación de 13 mil 500 metros cuadrados de estacionamientos (16 mdp), y una inversión de 35 mdp para iluminación pública.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla la recuperación de cuatro módulos policiales y un incremento del 25% en las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Una de las acciones más destacadas será la demolición del Hospital Gonzalo Castañeda, perteneciente al ISSSTE, para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud. También se demolerá el antiguo Cine Tlatelolco, que será transformado en un espacio recreativo moderno.

Brugada subrayó que su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin distinción partidista, priorizando siempre el bienestar de la población. En el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el impulso de estos proyectos y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los habitantes.

Al anuncio asistieron funcionarios clave del gabinete capitalino, entre ellos Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención Ciudadana; Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

Irregularidades por más de un millón 205 mil pesos fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en hospitales operados por IMSS-Bienestar, como parte de la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2024. El análisis se enfocó en el programa de Equipamiento de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad, que involucró recursos auditados por 447 millones 339 mil pesos.

Entre los hospitales señalados por fallas en la administración, uso o mantenimiento de equipo médico, destacan el Hospital General de Huamantla en Tlaxcala, el Hospital Materno Infantil de Mexicali en Baja California, y el Hospital General de Tijuana.

El Hospital General de Huamantla concentró el mayor número de observaciones. La ASF reportó que un electrocardiógrafo multicanal adquirido por 338 mil pesos no se encuentra en funcionamiento. Además, tres equipos de este tipo fueron transferidos de manera irregular al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. También se identificó un audiómetro de campo libre que no está en uso porque no hay personal especializado para operarlo.

La auditoría apuntó que IMSS-Bienestar no aplicó sanciones económicas por 707 mil pesos a cuatro proveedores responsables del mantenimiento de 19 equipos médicos, incumplimiento que permanece sin consecuencias contractuales.

En Mexicali, el Hospital Materno Infantil recibió observaciones por el incumplimiento del proveedor EMCYHH, S. de R.L. de C.V., quien no realizó mantenimiento preventivo a siete equipos de anestesia básica, con un costo conjunto de casi 483 mil pesos.

Por su parte, el Hospital General de Tijuana fue señalado porque no se localizó una báscula electrónica con valor de 16 mil pesos. La ASF concluyó que el equipo no se encuentra físicamente en el inventario del hospital, lo que constituye una falta de control patrimonial.

El informe, registrado bajo el folio 2024-1-47AYO-19-0411-2025, derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, lo que podría abrir procedimientos contra funcionarios responsables del manejo del equipamiento hospitalario.

Además de las fallas específicas por hospital, el informe expone que el IMSS-Bienestar no acreditó el registro contable del alta de 164 bienes adquiridos mediante el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), por un monto de 226 millones de pesos.

La auditoría también indicó que no existen procedimientos estandarizados para la recepción, resguardo y control de alta y baja de equipos médicos en las unidades hospitalarias fiscalizadas. Esta ausencia de lineamientos compromete la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos asignados al sector salud.

La revisión de la ASF se mantiene como una herramienta clave para la rendición de cuentas del gasto federalizado y el funcionamiento del sistema IMSS-Bienestar en su etapa de consolidación como operador principal de servicios de salud pública en el país.

Durante un operativo de alto riesgo en Tijuana, Baja California, la jefa de enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Abigail Esparza, perdió la vida tras resultar herida por arma de fuego. La información fue confirmada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar, quien destacó el valor y compromiso de la oficial en servicio.

El operativo se desarrollaba en el fraccionamiento Barcelona Residencial, como parte de una acción de aprehensión contra un objetivo considerado de relevancia. En pleno cumplimiento de su labor, Esparza recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Desde su cuenta oficial en X, la mandataria estatal expresó su pesar por los hechos y reconoció públicamente la entrega de la agente caía en cumplimiento del deber. “Mi reconocimiento a los elementos que se encuentran participando de forma valiente y ejemplar en este operativo”, escribió del Pilar, al tiempo que hizo un llamado a honrar la memoria de Esparza.

La oficial formaba parte de las filas de la FESC, una corporación estatal con intervención directa en operativos de alto impacto dentro de la estrategia de seguridad pública en la región. Su papel como jefa de enlace representaba una pieza clave en la coordinación entre fuerzas estatales y federales, en una zona marcada por complejos escenarios de violencia y crimen organizado.

El operativo en el que perdió la vida continúa en desarrollo, con elementos desplegados en distintos puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, la atención se ha centrado en rendir homenaje a la trayectoria de Abigail Esparza, considerada una figura comprometida con la defensa de la seguridad ciudadana.

“Nuestros deseos de pronta resignación están con ustedes, la vida de Abigail será honrada y su muerte no quedará impune”, aseguró la gobernadora Marina del Pilar, reforzando el mensaje de justicia y continuidad operativa en el combate a la inseguridad.

El entorno local ha reaccionado con muestras de respeto y solidaridad hacia la familia de la agente. En redes sociales, compañeros y ciudadanos han compartido mensajes reconociendo su valentía, compromiso y profesionalismo en cada una de sus misiones.

La historia de Abigail Esparza se suma a la de quienes entregan su vida al servicio público, marcando con su memoria un precedente dentro de la lucha por la paz en Baja California. Su nombre quedará ligado a un operativo que cambió el rumbo de la jornada y dejó una profunda huella en la institución que representaba.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México extraditó este viernes a dos ciudadanos mexicanos solicitados por la justicia estadounidense por delitos de homicidio. La entrega se realizó en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

El primer caso involucra a Louie “H”, requerido por la Corte Superior del Estado de Washington, Condado de King, por el asesinato de su expareja. Se le acusa de haberle disparado con un arma de fuego, causándole la muerte. Antes de su extradición, se encontraba detenido en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, donde enfrentaba un proceso penal por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y salud.

El segundo caso es el de Juan “R”, quien fue extraditado a California, donde enfrenta cargos por homicidio, acecho y amenazas. Se le acusa de haber apuñalado a su expareja sentimental, provocando su muerte. Su extradición fue solicitada por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara. Fue detenido en julio de 2024 en Felipe Carrillo Puerto, Michoacán.

Las entregas se llevaron a cabo en distintos puntos fronterizos. Louie “H” fue trasladado a Estados Unidos a través del puente fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Ysidro, California. Por su parte, Juan “R” fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses se hicieron cargo de su traslado final.

Con estas extradiciones, las autoridades mexicanas refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el cumplimiento de la justicia entre ambos países.

El líder pesquero Sunshine Rodríguez Peña fue asesinado el sábado en el Puerto de San Felipe, en Mexicali, Baja California. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que recibió más de 40 disparos en lo que se presume fue un ataque directo perpetrado por al menos tres hombres encapuchados.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, señaló que el ataque ocurrió en una zona con bajo índice delictivo y que los agresores descendieron de un vehículo blanco, disparando con armas calibre nueve milímetros. “No hubo víctimas colaterales y el ataque estuvo dirigido únicamente contra Rodríguez Peña”, explicó Andrade. Además, detalló que la víctima tenía más de 70 lesiones, considerando heridas de entrada y salida de bala.

Las autoridades investigan si los agresores esperaron a que Rodríguez Peña estuviera solo, ya que había otras personas en el lugar que no resultaron heridas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró en redes sociales que no habrá impunidad en este caso. “Hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado esclarecer este hecho. La fiscal María Elena Andrade contará con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado”, afirmó.

La familia del líder pesquero declaró que había recibido amenazas desde hace años, aunque continuaba con su trabajo de venta de pescado en barrios de Mexicali sin esconderse. Su historial judicial incluye una detención en 2021, cuando fue acusado de delincuencia organizada y pesca ilegal de totoaba, una especie cuya captura ha contribuido a la extinción de la vaquita marina en México. Sin embargo, en 2023 fue declarado inocente por un juez tras pasar dos años en prisión. La Fiscalía General de la República presentó más de 20 testigos en su contra, pero el juez determinó que no había pruebas contundentes que lo vincularan con delitos ambientales.

El asesinato de Rodríguez Peña ha generado preocupación en la comunidad pesquera de Baja California, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

El gobierno de México anunció dos importantes inversiones que suman casi 7,000 millones de dólares, realizadas por la empresa de comercio electrónico Mercado Libre y la compañía de infraestructura energética Sempra. Estos proyectos refuerzan el desarrollo tecnológico, financiero y energético del país, generando miles de empleos y promoviendo el crecimiento económico.

Mercado Libre realizará la mayor inversión anual en su historia en el país, con un monto de 3,400 millones de dólares, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Este capital se destinará a fortalecer su ecosistema tecnológico y financiero, así como a la expansión de su capacidad logística.

David Gisen, vicepresidente Senior de Marketplace Hispanos de Mercado Libre, destacó desde Palacio Nacional que, en los últimos cinco años, sumando esta inversión, la empresa habrá inyectado más de 10,000 millones de dólares en México. Además, se prevé la creación de 10,000 nuevos empleos en el país, fortaleciendo su posición como la segunda mayor operación en América Latina.

Por otro lado, Sempra anunció una inversión de 3,550 millones de dólares en dos proyectos ubicados en Baja California, los cuales entrarán en operaciones en 2026. Durante la fase de construcción, estos proyectos han generado aproximadamente 19,000 empleos directos e indirectos.

Uno de los proyectos se desarrolla en Ensenada e involucra un gasoducto de 216 kilómetros conectado a una terminal de gas natural construida en 2008. El otro se encuentra en el municipio de Tecate y consiste en el Parque Eólico Cimarrón, ubicado en la zona de La Rumorosa. Este parque será el más grande del país con una capacidad instalada de 300 megawatts, generando electricidad en tierras de uso limitado para otras actividades productivas.

El secretario de Economía subrayó la relevancia de estas inversiones en un contexto de incertidumbre, debido a la amenaza latente de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense sobre las exportaciones mexicanas. Sin embargo, la llegada continua de capital extranjero demuestra la confianza de las empresas en el potencial de México como un centro estratégico para el desarrollo económico y tecnológico en la región.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la presencia de navíos estadounidenses en las inmediaciones de Baja California, asegurando que se encuentran en una zona de libre navegación internacional. La plataforma Marine Traffic identificó a la embarcación como el USS Nimitz, un barco militar que permanece en la zona desde el 1 de febrero. 

El avistamiento de este navío ocurre poco después de que se reportara la presencia de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Golfo de Baja California. De acuerdo con la plataforma Flight Radar, se trata de un Boeing RC-135V Rivet Joint, una aeronave especializada en tareas de recolección de información.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido declaraciones oficiales sobre la presencia de estos transportes militares en la región ni han confirmado si están relacionados con recientes acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Estos movimientos ocurren un día después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum llegara a un acuerdo con la administración de Donald Trump para aplazar la imposición de aranceles. Aunque no se ha vinculado directamente la presencia de los vehículos militares con dicho convenio, la coincidencia en fechas ha generado especulaciones.

Las autoridades mexicanas han enfatizado que la navegación en la zona es libre conforme al derecho internacional, por lo que la presencia del USS Nimitz no representa una infracción. No obstante, la presencia de un avión de vigilancia en el espacio aéreo cercano ha llamado la atención de analistas y ciudadanos.

La relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio ha sido compleja en los últimos años. La vigilancia en la región, tanto marítima como aérea, ha aumentado en diversos momentos debido a acuerdos estratégicos y operativos entre ambas naciones. Sin embargo, aún no se ha esclarecido si estos recientes avistamientos forman parte de alguna estrategia conjunta.

Mientras se espera una respuesta oficial por parte del gobierno estadounidense, las especulaciones sobre el motivo detrás de estos movimientos militares continúan. Expertos en seguridad internacional sugieren que estos patrullajes podrían estar relacionados con la supervisión de rutas estratégicas en la región.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades de ambos países emitan más información sobre la presencia de estos navíos y aeronaves en las cercanías de Baja California.