Una conversación telefónica difundida por el periodista Héctor de Mauleón colocó nuevamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el centro de la atención pública al exhibir los movimientos que realiza para atender su situación ante autoridades de Estados Unidos tras la cancelación de su visa.
En el audio, la mandataria reconoce que busca resolver cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra mediante canales legales y con la intervención de un abogado estadounidense al que contrató específicamente para llevar su caso.
La grabación muestra el diálogo de Ávila con un grupo de personas que, según la información difundida, mantienen contacto con agencias de inteligencia de Estados Unidos y han sido identificadas como “asesores externos del FBI”. Durante la conversación, estos interlocutores le plantean la posibilidad de reunirse junto con su equipo jurídico en una oficina privada del consulado estadounidense en Tijuana.
“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana y aparte de eso ayudarla con los términos, sanciones y cargos, ahorita, señora gobernadora, estamos muy muy a tiempo de poderlo de poderlo lograr bien”, se escucha en la llamada.
La propuesta ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con lo revelado por De Mauleón, existiría preocupación por posibles sanciones que el gobierno estadounidense pudiera presentar próximamente.
Ante ello, Marina del Pilar señala que ya ha sostenido encuentros con agencias de ese país después de haber sido buscada por dichas autoridades. Sin embargo, deja claro que cualquier gestión futura deberá canalizarse mediante su representante legal.
“Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara, pues de todos los trámites legales y jurídicos, que me pudiera explicar exactamente este pues toda la situación”, afirma.
La gobernadora identifica a su defensor como Michael Nadler. En la misma conversación destaca que el litigante estuvo relacionado, como fiscal, con el caso de Alex Saab, señalado como prestanombres de Nicolás Maduro.
Ávila también explica por qué decidió buscar representación fuera de México. Según relata, al inicio optó por contratar a un abogado alejado de Baja California para reducir el riesgo de filtraciones sobre el caso, aunque asegura que el jurista viaja regularmente a la entidad cuando su presencia es necesaria.
