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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

La mañana del pasado miércoles, alrededor de cien exjueces y exmagistrados federales tomaron la avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, para reclamar la falta de pagos que, aseguran, les adeuda el Poder Judicial. El cierre vial se realizó a la altura del cruce con Loreto, justo frente al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), donde los inconformes esperaban ser atendidos por autoridades judiciales, aunque no obtuvieron respuesta.

El grupo de exjuzgadores denunció que no se les ha entregado la indemnización extraordinaria que les corresponde tras haber dejado sus cargos dentro del sistema judicial. Este pago, previsto por la normativa interna del Poder Judicial, busca garantizar estabilidad económica a quienes concluyen su labor como impartidores de justicia, pero los manifestantes aseguran que ha sido retenido sin justificación.

La protesta provocó un bloqueo total en ambos sentidos de Insurgentes Sur, una de las principales arterias de la capital, generando congestión vehicular y el desvío de rutas de transporte público. Los participantes, vestidos de traje y con carteles en mano, expresaron su descontento con consignas que exigían respeto a sus derechos laborales y al reconocimiento de su trayectoria dentro del sistema judicial.

Esta movilización se suma a la realizada un día antes, el martes 11 de noviembre, cuando el mismo grupo bloqueó la avenida Revolución y marchó hacia el Tribunal de Disciplina Judicial. En ambas jornadas, su objetivo fue el mismo: presionar a las autoridades judiciales para que liberen los pagos pendientes y establezcan un canal formal de diálogo con los exfuncionarios.

El reclamo de los exjueces y exmagistrados surge en un contexto de tensiones internas en el Poder Judicial, derivadas de los recientes ajustes administrativos y financieros impulsados tras la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia encargada de supervisar el comportamiento ético y profesional de jueces y magistrados. Con este organismo en funcionamiento, varios juzgadores se han retirado o separado de sus cargos, situación que ha derivado en conflictos sobre sus compensaciones económicas.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades judiciales no habían emitido una respuesta oficial ni se reportaban avances en las negociaciones. La movilización sobre Insurgentes concluyó después de varias horas, pero los participantes advirtieron que podrían retomar las protestas si no se concreta el pago de las indemnizaciones.

Con esta manifestación, los exjuzgadores buscan visibilizar una problemática que, según ellos, afecta a decenas de funcionarios que dedicaron años de servicio al Poder Judicial y que hoy exigen lo que consideran un derecho legítimo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con el fin de combatir a los cárteles de la droga, frenar el robo de combustible, enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad en la frontera común.

A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos subrayaron que esta coordinación se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial. 

El documento enfatiza que “el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”. 

Entre las acciones destacadas, se planteó atender de forma inmediata el movimiento irregular en la frontera, con medidas enfocadas en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del trasiego ilegal de armas.

Con este propósito, Sheinbaum y Rubio acordaron la creación de un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar las acciones que cada país implementa en su territorio.

El listado de medidas incluye contrarrestar a los cárteles del narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza, eliminar túneles clandestinos, prevenir el robo de combustibles o “huachicol” y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales.

El comunicado oficial fue leído por el canciller Juan Ramón de la Fuente al concluir la conferencia de prensa conjunta, realizada después del encuentro privado entre Sheinbaum y Rubio en Palacio Nacional.

La visita del secretario de Estado ocurre en un contexto en el que Washington refuerza su ofensiva contra grupos criminales con operaciones internacionales. Estados Unidos ha puesto particular atención en organizaciones con alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

La reunión entre ambos funcionarios representa la primera visita oficial de Marco Rubio a México en calidad de secretario de Estado y forma parte de la agenda bilateral enfocada en seguridad, migración y desarrollo económico. El acuerdo de crear un mecanismo de alto nivel busca garantizar que los compromisos asumidos no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas de combate al crimen organizado.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.