Categoría: Elecciones

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta con firmeza la controversia en torno a las facultades unilaterales que el Congreso le ha conferido para designar a los titulares de unidades técnicas dentro del organismo. A pesar de la decisión mayoritaria de seis consejeros de llevar el asunto ante la Suprema Corte, Taddei rechazó tajantemente que exista un conflicto interno en el INE. “No hay ningún conflicto interno en un consejo colegiado capaz de no ser resuelto”, afirmó.

 

La polémica surge tras la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, quien propuso elevar a rango constitucional los “superpoderes” de Taddei. Esto permitiría que la presidenta del INE tenga la facultad exclusiva de nombrar a los responsables de direcciones ejecutivas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, facultades que tradicionalmente se han otorgado de manera colegiada. Durante su intervención en la instalación de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei se mostró serena, destacando que el debate y las diferencias de opinión son naturales en un organismo colegiado.

 

“La toma de decisiones en un consejo como el INE implica acuerdos, y algunas veces se logran de manera unánime y otras no; lo importante es que todos buscamos siempre el bienestar del sistema electoral”, explicó. Taddei recalcó que, aunque cuestiona la decisión de sus colegas de impugnar sus nuevas facultades, respeta la autonomía de cada consejero. La iniciativa de controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por seis consejeros del INE es inédita, pues busca limitar la concentración de poderes en una sola persona dentro de un órgano colegiado. Este planteamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia del INE y la manera en que debe estructurarse la toma de decisiones en el organismo.

 

“No existe siquiera la atribución de interponer una controversia constitucional en este caso, pero es un acuerdo tomado por el Consejo General, y así debemos asimilarlo”, puntualizó Taddei, sugiriendo que el asunto debería resolverse dentro del propio consejo, sin necesidad de involucrar a la Suprema Corte.

 

Además del debate interno, Taddei enfatizó la prioridad del INE en asegurar un proceso electoral exitoso en 2025, que incluye la compleja elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta aseguró que la experiencia y el profesionalismo del organismo garantizarán que la jornada electoral del próximo año se desarrolle sin contratiempos. “La complejidad de un proceso electoral no debe confundirse con la capacidad del INE para ejecutarlo de manera imparcial y eficiente”, señaló.

 

Por su parte, los consejeros que apoyan la controversia constitucional han subrayado que su objetivo es proteger el carácter democrático del INE. Argumentan que centralizar las decisiones en una sola persona podría poner en riesgo la imparcialidad del organismo electoral en momentos clave para el país. Uno de los consejeros, bajo condición de anonimato, comentó que “el INE ha sido un baluarte de la democracia en México, y debemos cuidar que su estructura colegiada se mantenga intacta”.

 

Esta situación se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y el INE, con la reforma política-electoral como un tema de fondo en la agenda legislativa. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, donde Taddei estuvo presente, discutirá en las próximas semanas la propuesta de Gutiérrez Luna y otros puntos de la reforma que podrían redefinir la organización del INE de cara a las elecciones de 2025.

Vínculos con crimen organizado, desvío de recursos públicos y conspiración contra la normatividad sanitaria para el ganado en Veracruz tienen en el reflector de los escándalos al Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza. 

 

El funcionario estatal está en la mira de las autoridades judiciales por sus vínculos con Jacinto Rodríguez, líder de un grupo armado brazo local del Cartel Jalisco Nueva Generación.

 

Además, el Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza ha sido señalado por el desvio de recursos al usar maquinaria del gobierno del estado para trabajos particuares en su rancho. 

 

Por si esto fuera poco está en la mira de la SADER federal y de SENASICA por quererse saltar la normatividad federal y pretender irse por la libre haciendo su propio negocio del control zoosanitario y de movilización del ganado, lo que pone en riesgo los estatus zoosanitarios de Veracruz. Así, en su rancho, el subsecretario Humberto Amador, areta vacas compradas en Playa Vicente, con aretes de la Asociación Ganadera de Isla, de la que su compadre Ramón Trees es el presidente.  

 

En las comunidades de Playa Vicente,  los pobladores y demás productores han visto con recelo el crecimiento y mejora del rancho de la familia del sub secretario de Ganadería, y se dan cuenta como en cada feria Ganadera, que se organizan en coordinación con municipios, varios de los productos que se ofertan, y que se compran con recursos públicos, van a parar al rancho de Amador Zaragoza. 

 

Imágenes que circulan en múltiples medios locales, muestran que este funcionario no ha tenido empacho ni vergüenza en usar los recursos públicos para mejorar sus propiedades, mientras el productor promedio, tiene que sacar dinero de su bolsa para mejor sus ranchos, no tienen la suerte de estar en gobierno como el sub secretario.

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de un proyecto crucial para el sistema judicial mexicano. La iniciativa, redactada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone invalidar varios elementos de la reforma judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que ha generado amplio debate sobre la independencia judicial en México.

 

 

En una sesión privada celebrada esta semana, la SCJN acordó iniciar la discusión sobre este proyecto, marcando un momento sin precedentes en la historia de la Corte. De aprobarse, este proyecto no solo redefiniría la estructura de selección de jueces y magistrados, sino que podría tener implicaciones profundas en la dinámica de la justicia en México. González Alcántara Carrancá sugiere que el voto popular solo debería aplicarse en la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el resto de los jueces y magistrados federales serían seleccionados mediante otros mecanismos.

 

La reforma judicial que entró en vigor en el último año introdujo cambios polémicos, como la figura de “jueces sin rostro” y los comités de evaluación para juzgadores federales. Además, se reformó el artículo 107, prohibiendo la emisión de suspensiones con efectos generales contra leyes, lo que ha sido criticado por limitar la capacidad de los ciudadanos para desafiar normas legales que consideran injustas. La propuesta de Alcántara Carrancá plantea eliminar estos elementos, argumentando que distorsionan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

 

“La justicia debe ser independiente de presiones externas, incluyendo las populares”, declaró una fuente cercana al ministro. Esta afirmación destaca el dilema que enfrenta la SCJN: garantizar que el sistema judicial permanezca libre de influencias políticas, mientras se respeta el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes legales.

 

Otro aspecto clave del proyecto es la continuidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados actuales mantendrían sus cargos hasta 2027, como dicta la reforma. Tras esa fecha, la propuesta contempla que los ciudadanos elijan a los magistrados del TEPJF mediante voto popular, una medida que algunos consideran un avance hacia la transparencia, aunque otros lo ven como una posible amenaza a la imparcialidad judicial.

 

La decisión de la SCJN de abordar esta reforma es histórica, ya que desde 1994 solo se habían aceptado tres impugnaciones similares sin que la Corte emitiera una resolución. Esta vez, sin embargo, el proyecto atenderá las impugnaciones presentadas por partidos nacionales como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y sobreseerá las impugnaciones realizadas por minorías legislativas, como el Partido Unión Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas.

 

Para el jurista Raúl Ávila, la revisión de la Corte “representa un reto que pondrá a prueba la solidez de nuestras instituciones judiciales”. Según Ávila, el debate sobre si los jueces deben ser elegidos por voto popular o seleccionados de manera independiente es un tema delicado que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la sociedad mexicana.

 

El próximo 5 de noviembre marcará, sin duda, un punto de inflexión para el sistema judicial en México, mientras el país espera el veredicto de su máxima autoridad en justicia. La decisión de la SCJN tendrá implicaciones que podrían trascender la actual administración, configurando los cimientos del sistema judicial para las próximas décadas.

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

El devastador paso del huracán “John” dejó profundas cicatrices en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde casi 154 mil viviendas resultaron afectadas. Después de semanas de esfuerzos de emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró oficialmente el fin de esta fase y el inicio de la etapa de reconstrucción y apoyo a las familias afectadas. Desde la Base Naval de Acapulco, Sheinbaum presentó un informe detallado sobre las acciones que ya han comenzado a transformar la región.

 

“Hoy podemos decir que la emergencia ha terminado, pero el apoyo continúa”, afirmó Sheinbaum, destacando que la prioridad será proporcionar recursos para la limpieza y posteriormente para la rehabilitación de viviendas dañadas. Esta etapa será el primer paso de un proceso que incluye el lanzamiento de la estrategia “Acapulco se transforma contigo”, una iniciativa enfocada en revitalizar el puerto y restablecer su economía tras los embates naturales que ha sufrido en los últimos dos años.

 

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que el censo ya ha identificado 153 mil 723 viviendas afectadas en 66 municipios de Guerrero y Oaxaca. Para estos hogares, el gobierno destinará más de 6 mil millones de pesos en apoyos, lo cual contempla desde fondos para limpieza hasta subsidios diferenciados para la rehabilitación, en función del nivel de daño. En Acapulco, el municipio más afectado, se destinarán 2 mil 960 millones de pesos, alcanzando ya a 32 mil beneficiarios en la región.

 

El programa también asignará un apoyo de limpieza de 8 mil pesos para cada vivienda afectada y recursos adicionales que varían según la gravedad del daño estructural: 15 mil pesos para daños menores, 30 mil para daños medianos y hasta 60 mil para aquellos considerados graves. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, reconoció que, aunque significativos, los fondos no siempre serán suficientes para los hogares con pérdidas totales. “Sabemos que el apoyo de los 60 mil pesos para los daños mayores no es suficiente, pero estamos trabajando para cubrir las necesidades más críticas de estas familias”, comentó.

 

El huracán “John” también afectó gravemente la infraestructura de Guerrero, interrumpiendo el acceso a agua potable, electricidad y comunicaciones en diversas zonas. Sin embargo, los funcionarios informaron de importantes avances. Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que los sistemas de bombeo de agua en Acapulco están al 100% de su capacidad operativa, restableciendo el suministro a las comunidades afectadas. Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que el servicio eléctrico ha sido restablecido para más de 193 mil usuarios, mientras que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, confirmó que los caminos de acceso a las comunidades afectadas ya están despejados.

 

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que, de los más de 10 mil planteles educativos en Guerrero, el 97% ya han retomado clases presenciales, mientras que el 2% continúa en modalidad en línea y solo 16 escuelas permanecen sin actividades por daños severos.

 

Con miras a impulsar la economía y reconstruir el tejido social, el gobierno anunció una serie de eventos de alto impacto en Acapulco, incluyendo un concierto del cantante Luis Miguel y otros eventos deportivos y musicales que buscan atraer el turismo y mejorar la ocupación hotelera, que actualmente se encuentra en un 40%.

 

“Es importante que la comunidad y los visitantes vean que Acapulco sigue de pie y que juntos podemos sacar adelante este lugar maravilloso”, expresó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. La estrategia pretende que los eventos generen un flujo de ingresos para la región y estimulen la actividad económica local en los próximos meses.

L El Sistema Cutzamala, fundamental en el suministro de agua para el Valle de México, se enfrenta a una nueva crisis. La Secretaría del Agua del Estado de México (SAEM) confirmó este sábado el fallecimiento de Israel Gutiérrez Chávez, un trabajador de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), quien perdió la vida mientras realizaba labores de reparación de una megafuga en una tubería del sistema en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

 

Israel Gutiérrez, descrito como un hombre comprometido y de gran entrega, dejó una profunda huella en sus compañeros y superiores. En un comunicado difundido a través de la plataforma X, la SAEM expresó su respeto y gratitud hacia Gutiérrez, destacando que su “profesionalismo e integridad permanecerán en cada acción que emprendamos”. Según la dependencia, el esfuerzo y compromiso del trabajador inspirarán a la institución a seguir adelante con la misma entrega que él demostró en vida.

 

La megafuga, que fue reportada el viernes 26 de octubre, ocurrió en la colonia Adolfo López Mateos en Atizapán de Zaragoza. La fuga, visible desde varios metros de distancia, fue un llamado de emergencia para los trabajadores de CAEM, quienes rápidamente acudieron al lugar para intentar controlar la situación. Testigos y residentes compartieron en redes sociales imágenes de la fuga, que mostraban el agua saliendo de la tubería con tal presión que alcanzaba varios metros de altura, lo que complicó las labores de contención.

 

A raíz de esta emergencia, SAPASA de Atizapán de Zaragoza y la Comisión del Agua del Estado de México unieron fuerzas para mitigar el impacto de la fuga y restaurar el suministro de agua, afectado desde el viernes en varias zonas del municipio. Sin embargo, el accidente que cobró la vida de Gutiérrez Chávez dejó en claro los peligros y sacrificios a los que se enfrentan quienes laboran en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.

 

“Israel Gutiérrez era un hombre ejemplar, cuya entrega nos recordará siempre la importancia de nuestro trabajo”, señaló un miembro de CAEM, quien prefirió mantener el anonimato. “Su partida es un recordatorio de los riesgos que enfrentamos cada día, pero también de la fortaleza y el compromiso que tenemos por garantizar el suministro de agua a nuestras comunidades”.

 

Las autoridades locales informaron que el tránsito en la autopista Chamapa-Lechería, cercano a la zona de la fuga, fue interrumpido para facilitar los trabajos de reparación, que se espera concluyan en las próximas horas. Aunque el proceso de restablecimiento del suministro será paulatino, se prevé que para la tarde-noche de este sábado, el servicio comience a normalizarse en las áreas afectadas.

 

En redes sociales, decenas de ciudadanos han expresado sus condolencias a la familia de Gutiérrez Chávez y han manifestado su apoyo a los trabajadores que continúan en el lugar, enfrentando un reto tanto técnico como emocional.

La captura de Edwin Antonio “N”, alias “El Max” o “El Oso”, en un operativo militar en Sinaloa dejó una marca violenta esta semana con el abatimiento de 19 miembros del Cártel de Sinaloa. Este suceso, sin bajas militares, fue explicado en una conferencia de prensa por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien detalló las razones detrás de la feroz respuesta de las fuerzas armadas. “La violencia y el armamento que ahora exhiben estos grupos criminales son una amenaza latente; están dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a sus líderes”, sostuvo el general.

 

Trevilla indicó que tras la captura de figuras clave como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la ofensiva contra Ismael “El Mayo” Zambada, la estructura del Cártel de Sinaloa ha endurecido sus filas con escoltas y sicarios cada vez más agresivos y bien equipados. “Los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas. Estos son sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida por sus protegidos”, señaló Trevilla, al tiempo que defendió la actuación del Ejército en este último operativo.

 

Para el general, el incremento en la capacidad de fuego y la voluntad de los criminales para enfrentar a las autoridades no dejan margen de error. “El personal militar que participa en estos operativos está adiestrado, capacitado y equipado para hacer frente a un nivel de violencia que ha escalado”, añadió, explicando que los soldados emplean equipo de protección como chalecos antibalas y cascos, aspectos que fueron determinantes para evitar bajas en las filas militares.

 

En medio de cuestionamientos por la crudeza de los enfrentamientos, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia Militar ya han abierto investigaciones para esclarecer si hubo alguna violación a los derechos humanos en el operativo. Trevilla confirmó que ambas instituciones “tomaron cartas de inmediato”, y destacó que cualquier irregularidad se informará una vez concluida la investigación.

 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de los soldados, reiterando su postura de cero tolerancia a ejecuciones extrajudiciales. “En este gobierno, no se tolerará ninguna acción fuera de la ley”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la respuesta de los militares fue consecuencia de una agresión directa por parte de los sicarios.

 

La declaración de Sheinbaum marca un contraste con la postura que en su momento mantuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que en México las masacres en operativos de seguridad habían llegado a su fin. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y el cambio en la estructura delictiva obligan a una revisión de las estrategias de seguridad, que ahora parecen centrarse en contener la fuerza de estos grupos con una respuesta igualmente contundente.

Este jueves, el bullicio cotidiano de la plaza comercial Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, se transformó en caos cuando un incendio en una zapatería obligó a la evacuación de más de 450 personas. El suceso, que generó pánico entre los asistentes, movilizó rápidamente a equipos de emergencia y cuerpos de bomberos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, aunque varias personas sufrieron crisis nerviosas debido a la situación.

 

El incendio, que inició en uno de los locales del popular centro comercial, generó una densa columna de humo visible desde las inmediaciones del Circuito Exterior Mexiquense. Jesús Miranda Cárdenas, director de Protección Civil y Bomberos del municipio, explicó que la magnitud del humo complicó las labores de entrada para los bomberos. “El humo es bastante denso y costó un poquito de trabajo a la entrada por lo mismo del humo, pero el fuego ya está controlado”, señaló.

 

El fuego se extendió rápidamente por varios comercios, causando daños significativos en los locales situados en la parte frontal y superior del pasillo principal de la plaza. Aunque no se ha proporcionado una cifra exacta de los negocios afectados, se estima que el área de impacto abarca aproximadamente 100 metros cuadrados. Las labores de remoción de escombros están en marcha, y los equipos de emergencia revisan minuciosamente las áreas dañadas, incluidas la sala de exhibición y la bodega del local donde se originó el siniestro.

 

“Todavía falta tiempo para que se haga un recuento completo de los daños y se elimine todo el humo del recinto”, agregó Miranda Cárdenas, dejando claro que el proceso de recuperación de la plaza será prolongado. Mientras tanto, la entrada al centro comercial permanece cerrada tanto para el público como para los locatarios, quienes deberán esperar hasta que las autoridades declaren seguro el acceso.

 

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, más de 450 personas fueron evacuadas de manera ordenada. Entre los evacuados se encontraban empleados, clientes y trabajadores de otros locales cercanos al punto de origen del fuego. No obstante, la incertidumbre y el miedo provocaron que algunos sufrieran crisis nerviosas, requiriendo atención médica en el lugar.

 

Las autoridades hicieron un llamado a la calma, exhortando a los comerciantes y trabajadores de la plaza a permanecer fuera del recinto hasta que se garantice su seguridad. Aunque no se ha determinado con exactitud la causa del incendio, se espera que las investigaciones continúen una vez que los bomberos finalicen su labor de remoción y enfriamiento.

 

Este incidente pone de manifiesto la importancia de los protocolos de emergencia y las medidas de seguridad en espacios comerciales tan concurridos como Las Américas, que alberga más de 200 establecimientos. La rápida acción de los cuerpos de bomberos evitó una tragedia mayor, pero también evidenció los desafíos que puede representar un fuego en un lugar tan vasto y con tantos visitantes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión que reaviva uno de los episodios más oscuros de la política mexicana. Este miércoles, la Primera Sala de la Corte revocó el amparo que podría haber permitido la liberación de Mario Aburto Martínez, quien fue detenido en 1994 por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Esta resolución no solo cierra la puerta a la libertad inmediata de Aburto, sino que también ordena reponer el juicio y, por primera vez, incluir a la familia de Colosio en el proceso legal.

 

La votación se llevó a cabo en una sesión clave a la que asistió la ministra Lenia Batres, cuyo voto resultó determinante tras un empate en la deliberación anterior, celebrada el 25 de septiembre. Con tres votos a favor, los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Batres Guadarrama se impusieron sobre la postura de sus colegas Margarita Ríos Fajart y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes votaron en contra de la revocación.

 

El proyecto, identificado como 6917/2023, no fue nuevamente debatido en esta ocasión, lo que permitió un avance rápido en la resolución. Sin embargo, el impacto de la decisión resuena más allá del ámbito judicial, ya que ordena que se convoque a los familiares de Colosio para que sean parte del proceso. Este punto ha sido un tema largamente discutido, pues muchos consideraban que la familia de Colosio no había tenido la representación adecuada en el proceso legal que condenó a Aburto a 45 años de prisión.

 

Esta resolución surge a raíz de una impugnación promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra un amparo otorgado a Aburto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El amparo, concedido a principios de año, abría la posibilidad de revisar su condena y, eventualmente, su liberación. Sin embargo, la FGR argumentó que la liberación de Aburto sin un proceso adecuado afectaría los derechos de los involucrados, incluyendo los de la familia del candidato asesinado.

 

Es importante recordar que Aburto ha sostenido, desde hace varios años, que fue torturado tras su detención en 1994, acusaciones que llevaron a su defensa a promover diversas acciones legales. En mayo de este año, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México admitió un recurso de impugnación interpuesto por la defensa de Aburto, quien buscaba que se avanzara en la investigación por actos de tortura, mismos que la FGR había desestimado.

 

Aburto Martínez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, acusado de disparar contra Colosio durante un mitin político. El asesinato del candidato presidencial del PRI conmocionó al país y dio lugar a teorías de conspiración que hasta el día de hoy siguen alimentando el debate público. A pesar de la condena y la sentencia de 45 años que cumple Aburto, su caso continúa siendo un punto de controversia, sobre todo por las persistentes acusaciones de tortura y los cuestionamientos sobre la investigación original.

 

Aunque Aburto permanecerá en prisión, la orden de reponer el juicio e incluir a la familia de la víctima en el proceso podría cambiar el rumbo de este caso que ha marcado la historia política de México.

En un operativo que destaca la crítica situación migratoria en México, un total de 111 migrantes fueron rescatados este lunes del interior de un tráiler en el municipio de Janos, Chihuahua. Las autoridades confirmaron que las personas viajaban en condiciones deplorables y hacinadas en el vehículo de carga, desde el cual algunas lograron pedir ayuda. El conductor, identificado como Rubén “G”, fue detenido y enfrenta cargos por tráfico de personas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

 

El rescate ocurrió en el Puesto Militar de Seguridad 35-3 Janos, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) detectaron el tráiler. Las autoridades señalaron que los migrantes se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema, sin ventilación ni condiciones adecuadas para su traslado, y que sus gritos de auxilio fueron lo que alertó a los elementos de seguridad.

 

“Los migrantes eran transportados en condiciones denigrantes”, afirmó la FGR en un comunicado. Entre los rescatados se encontraban hombres, mujeres y niños que buscaban llegar al norte del país, pero que fueron víctimas de las redes de tráfico de personas que operan en la región.

 

El conductor del tráiler, Rubén “G”, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, donde un juez de control dictó su vinculación a proceso por el delito de tráfico de personas. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada. El tráfico de migrantes en México ha sido una problemática creciente, especialmente en las rutas que atraviesan el norte del país hacia Estados Unidos. Las redes criminales que controlan estas rutas suelen exponer a las personas migrantes a condiciones inhumanas y peligrosas, como lo demuestran los recientes rescates.

 

El operativo de Janos es solo uno de los varios casos recientes de rescate de migrantes en situación de riesgo en el país. En este contexto, las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de personas, una actividad ilícita que genera enormes ganancias a las organizaciones criminales, pero que pone en grave peligro la vida de miles de personas que buscan mejores oportunidades.

 

En una operación similar llevada a cabo también el lunes, pero en la región sur del país, nueve migrantes de origen indio, nepalí y bengalí fueron rescatados de un hotel en Tapachula, Chiapas. Las autoridades no han confirmado si estas personas fueron víctimas de secuestro o si fueron abandonadas por traficantes de personas. El Instituto Nacional de Migración y la policía estatal de investigación participaron en el operativo, que culminó con el traslado de los migrantes a la estación Siglo XXI, donde recibieron atención médica y apoyo psicológico.

 

Estos hechos ponen en relieve los retos a los que se enfrenta el gobierno mexicano en materia de migración, ya que miles de personas de diversas nacionalidades transitan por el país, muchas veces expuestas a abusos y violaciones a sus derechos humanos. Hasta el momento, en el caso de Chiapas no se ha reportado la detención de personas implicadas en el tráfico de estos migrantes, aunque las investigaciones continúan.

 

Las autoridades federales hicieron un llamado a la población para que, ante cualquier sospecha de actividad ilícita relacionada con la trata o el tráfico de personas, denuncien de inmediato. “No podemos permitir que este tipo de delitos sigan ocurriendo en nuestro país”, señaló un portavoz de la Guardia Nacional. Además, se destacó la importancia de que la comunidad internacional colabore en la lucha contra las redes de tráfico que operan a nivel global.

 

Los migrantes rescatados en Chihuahua y Chiapas ahora se encuentran bajo custodia de las autoridades migratorias, a la espera de recibir el apoyo necesario para regularizar su situación o retornar a sus países de origen, según sea el caso.