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Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.

Un cambio significativo en los documentos oficiales de identificación se aproxima en México. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejará de ser válida como identificación oficial para trámites cotidianos como operaciones bancarias, visitas a museos, accesos a bibliotecas, atención en hospitales y otros servicios públicos o privados. En su lugar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en el documento oficial de identificación nacional.

Este cambio se da como parte de una reforma reciente a la Ley General de Población, impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La nueva disposición establece que la CURP incluirá huellas dactilares y fotografía, lo que la transforma en un documento de aceptación universal y uso obligatorio en todo el país.

En medio de dudas expresadas por algunos consejeros del INE respecto a esta decisión, la senadora Margarita Valdéz aseguró que no existe tal confusión. Explicó que la credencial del INE fue creada exclusivamente para votar, no para identificarse ante instituciones. Una vez que el gobierno federal complete la recolección de datos biométricos de la población, incluyendo menores de edad, la CURP pasará a ser el documento que identifique oficialmente a los mexicanos.

“La INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más”, declaró la legisladora. “La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación”.

Valdéz subrayó que la transición tomará tiempo, ya que la ciudadanía está acostumbrada a usar la credencial del INE como identificación principal, debido a que hasta ahora contenía firma, fotografía y huella digital, lo que la hacía más completa que otros documentos. Sin embargo, insistió en que este hábito debe cambiar.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno federal solicite al INE el padrón electoral para cotejar información con el nuevo registro de CURP biométrica, la senadora no descartó la opción. Señaló que podría realizarse un cruce de datos para estudios o validaciones específicas.

Este proceso marca una nueva etapa en la digitalización e identificación nacional, con un sistema centralizado basado en datos biométricos. Con la CURP biométrica, se busca unificar los registros de identidad bajo un solo documento con validez total en el país.

Varios museos en la Ciudad de México, incluidos el Castillo de Chapultepec, el Museo del Carmen y el Museo Nacional de Antropología, cerraron temporalmente sus puertas esta semana debido a problemas administrativos en la contratación de personal de seguridad. La medida, que tomó por sorpresa a visitantes y trabajadores, activó una serie de decisiones dentro de la Secretaría de Cultura.

La dependencia, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, informó que solicitó la renuncia de Pedro Alberto Velázquez Castro, quien estaba al frente del área de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La decisión fue comunicada oficialmente tras los inconvenientes generados por la interrupción del servicio de vigilancia en diversos recintos culturales.

El cierre se debió a un retraso en la contratación del nuevo equipo de seguridad privada, lo que provocó que los museos no contaran con las condiciones mínimas para operar con normalidad. Ante esta situación, Curiel de Icaza solicitó directamente al titular del INAH, Diego Prieto Hernández, agilizar los trámites necesarios para que los recintos pudieran reabrir al público.

El miércoles 4 de junio, la funcionaria comunicó en su cuenta de X que se estaban realizando gestiones para garantizar la reapertura inmediata de los espacios afectados. Los museos comenzaron a operar nuevamente al día siguiente, sin que se reportaran incidentes posteriores.

La Secretaría de Cultura también anunció que se activaron medidas extraordinarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Entre ellas, destaca la incorporación de la Policía Auxiliar en tareas de resguardo en espacios que pertenecen al INAH. Esta acción busca cubrir las necesidades de seguridad mientras se regulariza el proceso de contratación del personal privado correspondiente.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría enfatizó que “no se pondrá nunca en riesgo el Patrimonio nacional, cuyo cuidado ha sido encomendado a esa institución”. La declaración reafirmó el compromiso de la dependencia con la preservación de los bienes culturales y con el acceso del público a estos espacios.

El incidente marcó un cambio en la estructura operativa del INAH y puso en evidencia los retos logísticos que enfrentan las instituciones encargadas de proteger el patrimonio histórico y cultural del país. Con la reapertura ya en curso y la reorganización administrativa en marcha, las autoridades apuntan a estabilizar el funcionamiento de los museos sin comprometer su seguridad ni su vocación pública.

Desde el 4 de junio, varios museos emblemáticos de la Ciudad de México han cerrado sus puertas al público sin fecha de reapertura anunciada. Esta medida fue informada de manera breve por cada institución, a través de redes sociales, alegando causas de fuerza mayor. El motivo del cierre coincide con el reciente cambio en la administración de seguridad de los recintos, que ahora estará a cargo de una empresa privada.

El Museo de las Intervenciones, el Museo del Carmen y el Museo del Caracol fueron los primeros en comunicar la suspensión de actividades. Cada uno publicó mensajes similares, señalando que el cierre será indefinido y exhortando a los visitantes a seguir atentos a sus canales oficiales para futuras actualizaciones.

Simultáneamente, visitantes y usuarios en redes sociales han reportado que otros recintos también permanecen cerrados. Entre ellos, el Museo Nacional de Antropología, que justamente este miércoles fue reconocido con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. La institución no ha emitido ningún comunicado oficial hasta el momento, y su última publicación en redes se realizó el 3 de junio.

Por su parte, el Museo Castillo de Chapultepec y el Museo Templo Mayor también habrían suspendido su operación. Diversos testimonios en redes indican que al intentar ingresar la mañana del 4 de junio, el acceso estaba restringido, lo que generó inconformidad entre los turistas que planeaban visitarlos.

Estos cierres se producen pocos días después de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciara un cambio importante en la seguridad de sus museos. La Policía Auxiliar de la Ciudad de México dejó de brindar este servicio desde el 30 de mayo. A partir de entonces, dos empresas privadas tomaron el control de la vigilancia en 30 recintos de la capital y otros en distintas entidades del país.

De acuerdo con un comunicado oficial del INAH, las compañías Asistencia y Supervisión S.A. de C.V. y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V. resultaron ganadoras de la licitación pública federal LA-48-D00-042-D0001-N-20-2025. En dicho proceso también participó la Policía capitalina, pero su propuesta no fue elegida, ya que, según el INAH, no cumplía con los criterios establecidos en la ley para garantizar las mejores condiciones posibles en términos de precio, calidad y oportunidad.

Hasta ahora, no se ha ofrecido mayor información sobre cuándo reabrirán los recintos ni si esta situación se extenderá a otros espacios culturales bajo la misma administración. Mientras tanto, el panorama museístico en la capital permanece incierto, en un momento en que muchos turistas y habitantes locales buscan disfrutar de las ofertas culturales de la ciudad.