Etiqueta: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Una serie de resoluciones disciplinarias que involucran a 11 servidores públicos fue difundida este domingo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con medidas aplicadas en distintas dependencias federales tras procedimientos internos y determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el ámbito de la Guardia Nacional se concentró un bloque de sanciones que afectó a seis elementos. Tres de ellos recibieron una suspensión de 15 días luego de presentar un certificado sin validez. A este grupo se suma un integrante sancionado con el mismo periodo por extraviar equipo táctico. Otro elemento fue suspendido por retirarse del área de servicio sin autorización, mientras que un sexto caso corresponde a un agente sancionado por conducir de manera imprudente una patrulla.

En paralelo, la Secretaría de Cultura informó la suspensión de 15 días contra Alejandro “H”, jefe de departamento de Organización Documental, tras registrarse faltas de índole sexual dentro de su área de trabajo.

El sector salud concentra dos de los casos restantes dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Uno de ellos corresponde a Jorge “C”, médico suspendido por nueve meses debido a omisiones en el diagnóstico y en el tratamiento postoperatorio de un paciente menor de edad que presentaba fractura de cadera.

El otro caso del instituto involucra a Pedro “C”, médico especialista que fue inhabilitado por un año. La resolución fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras una investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE.

El expediente está relacionado con una denuncia presentada por una paciente, quien lo señaló por presuntos tocamientos indebidos durante una consulta realizada en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría, ubicada en Tlatelolco, en la Ciudad de México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que el servidor público sancionado tiene la posibilidad de impugnar la resolución, mientras que la dependencia señaló que la determinación será defendida con base en evidencia y conforme a derecho.

En conjunto, las medidas abarcan a 11 servidores públicos sancionados entre suspensiones temporales e inhabilitación, distribuidos entre la Guardia Nacional, el ISSSTE y la Secretaría de Cultura.

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

Las asociaciones que representan a jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un posicionamiento público en el que advierten posibles efectos legales y constitucionales derivados de la reciente reforma en materia de pensiones aprobada por el Congreso. El pronunciamiento, difundido este domingo, estuvo dirigido tanto a la opinión pública como a la Cámara de Diputados, a cuyos integrantes solicitaron actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” durante la elaboración de las leyes secundarias.

El llamado ocurre luego de que el Poder Legislativo avaló la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 constitucional. La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La medida también abarca a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

No obstante, el proyecto incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las contribuciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva. Uno de los puntos que ha generado mayor inconformidad entre jubilados y sectores de oposición es el contenido de los artículos transitorios, que contemplan el ajuste de pensiones ya otorgadas al nuevo límite, lo que ha sido interpretado como un posible efecto retroactivo.

Las asociaciones de jubilados de confianza de Pemex señalaron que la modificación de condiciones previamente otorgadas implicaría una afectación a “derechos consolidados”. También advirtieron que la alteración de reglas establecidas durante la vida laboral de los trabajadores podría generar incertidumbre jurídica, al modificar de manera unilateral condiciones bajo las cuales se planificó el retiro.

En su pronunciamiento, las agrupaciones indicaron que permitir ajustes discrecionales en beneficios previamente definidos “rompe el principio de legalidad” y coloca a los jubilados en situación de vulnerabilidad frente a decisiones del poder público.

Los jubilados también cuestionaron la difusión de información realizada el 13 de marzo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la que acusaron de divulgar datos “falsos” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”. Según el pronunciamiento, la publicación incluyó identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.

Actualmente, el proceso legislativo continúa en los congresos estatales del país. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales antes de su publicación oficial y eventual entrada en vigor, paso previo para la elaboración de las leyes secundarias que definirán su aplicación.