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El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo su primer informe de gobierno durante un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento congregó a simpatizantes de Morena, gobernadores, integrantes de su gabinete y políticos afines al movimiento que encabeza. La mandataria realizó esta presentación después de recorrer diversos estados para exponer su informe a un año de su llegada a Palacio Nacional.

Desde el templete instalado en la plancha del Zócalo, Sheinbaum dirigió un mensaje en el que marcó distancia con administraciones pasadas. “Eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo enfrenta la justicia”, afirmó. Con esta declaración, reiteró su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción en el ejercicio público.

En su intervención, la presidenta arremetió contra los conservadores y recordó que fue en el pasado cuando los presidentes vivían “rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente y fortunas construidas al amparo del poder público”. La mandataria situó el periodo de 1982 a 2018 como la “oscura noche del neoliberalismo”, en la que, según dijo, los gobernantes carecían de convicciones “más allá del dinero”.

El mensaje presidencial se dio en medio de señalamientos públicos que han marcado la agenda política en semanas recientes. Entre ellos, el enriquecimiento de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena; los viajes al extranjero realizados por integrantes de su movimiento, como el de Andy López Beltrán a Japón; y la revelación de una red de “huachicol” fiscal que involucra a la Marina.

En su discurso, Sheinbaum subrayó que “el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional”. Estas palabras se sumaron a su llamado a consolidar un gobierno cercano a la gente, enfocado en la justicia social y la administración honesta de los recursos.

El acto en el Zócalo se convirtió en un escaparate para reafirmar las prioridades del actual gobierno federal. Entre banderas, consignas y pancartas, simpatizantes y funcionarios escucharon un mensaje que vinculó la gestión presidencial con un proyecto de transformación que, según la mandataria, busca desterrar privilegios y fortalecer la rendición de cuentas. Con este evento, Sheinbaum cumplió su primer año al frente del Ejecutivo federal con una narrativa centrada en la austeridad, la justicia y el combate a la corrupción.

En el marco del 204 aniversario de la Armada de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje contundente contra la corrupción ante cientos de elementos de la Marina y miembros de la clase política morenista. En su discurso, calificó la corrupción como “deslealtad” y sostuvo que no debe tener cabida en las instituciones del país. “Por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”, afirmó.

El pronunciamiento de la mandataria ocurre semanas después de que se diera a conocer el que se considera el mayor acto de corrupción en la historia moderna de México, conocido como el “Huachicol Fiscal”. Este caso involucra a varios marinos y señala a políticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las investigaciones en curso.

Sheinbaum enfatizó que la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad. “La vida de quienes servimos al pueblo y a la patria exige valores profundos, no lujos superfluos”, aseguró en su mensaje. Enfatizó que el dinero producto de la corrupción es fútil y que no hay riqueza que valga más que el honor. “No hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, señaló.

En su discurso, la presidenta también pidió “honrar la honestidad como principio de vida”, calificándolo como un acto de verdadera valentía. Para Sheinbaum, ser valiente no se limita a enfrentar un combate o resistir una tormenta, sino que se ejerce “día con día”: levantarse con la disciplina de servir, mantener la rectitud cuando nadie mira, rechazar la corrupción y ser ejemplo para la familia, los compañeros y la nación entera.

La mandataria aprovechó el evento para expresar un respaldo público al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacando su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

Como parte del acto conmemorativo, la presidenta inauguró oficialmente la Plaza del Heroísmo Veracruzano, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, presenció el desfile conmemorativo por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824. El evento reunió a autoridades civiles y militares, marcando una fecha significativa para las Fuerzas Armadas y para la memoria histórica del país.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo y aseguró que ningún integrante del gobierno de Morena tiene “pactos mafiosos”.

“Un gobierno donde haya honestidad y que condena la corrupción, la colusión y el dispendio. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos ‘cero corrupción y cero impunidad’, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó desde tribuna.

Rodríguez sostuvo que en México existe gobernabilidad y que la administración actual privilegia la civilidad, el diálogo y la concertación. Destacó que la protesta social se atiende mediante mecanismos de diálogo y que están garantizadas las libertades de expresión, movilización y religiosa. “A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, dijo.

En su intervención subrayó que “los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica”.

La titular de Segob también explicó que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regularizar el sector y ofrecer certeza jurídica a los empresarios que operan en él. “Cuando llegué a Gobernación me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité (…) no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios, y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos”, indicó.

Añadió que la dependencia se encuentra en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de las empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos. Señaló que se trabaja en una legislación para dar certeza a las inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Rosa Icela Rodríguez informó además que, del 20 de enero a la fecha, a 103 mil 800 mexicanos repatriados desde Estados Unidos se les han brindado más de 591 mil servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica y tarjetas paisano con 2 mil pesos en nueve centros de atención en la frontera.

En contraste, el senador priista Pablo Angulo afirmó que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con su tarea de proteger la democracia y las libertades. Señaló que el gobierno federal promueve la confrontación mediante discursos de “leales contra traidores, ricos contra pobres, y humanistas contra neoliberales”.

Añadió que la Segob tampoco ha defendido el Estado de derecho y cuestionó si las reformas impulsadas por el gobierno y sus legisladores buscan poner fin a la era de las instituciones democráticas para dar paso al autoritarismo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de intervenir en las elecciones del año pasado en ese estado y afirmó que “no hay ninguna diferencia” con los gobiernos del PRI. “Hay un gravísimo retroceso democrático que alarma”, sostuvo.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y legislador en la Cámara Alta, solicitó asilo en Estados Unidos y Perú debido a que enfrenta cinco órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de Campeche.

Durante la sesión en el Senado, Salgado Macedonio se refirió a los recientes viajes de Moreno Cárdenas, primero a Estados Unidos y después a Perú, como parte de una supuesta estrategia para buscar refugio político. El priista acudió la semana pasada a Washington, donde se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar, y posteriormente viajó a Lima en calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), donde sostuvo un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.

“Por cierto, ¿qué sabes de ‘Alito’? ¿Sí sabes que se nos fue ‘Alito’? A ‘Alito’ le salieron alitas, dicen que ya se fue a Perú, allá donde está una presidenta impostora y que ya no va a venir porque tiene cinco órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué dice ‘Alito’, a ver si viene hoy”, declaró el legislador guerrerense en tono irónico.

El morenista añadió que, según la información que maneja, Moreno acudió primero a Estados Unidos en busca de asilo, pero que le fue negado por tratarse de un tema con implicaciones diplomáticas. “Entiendo que fue a pedir asilo a Estados Unidos; allá le dijeron ‘no, porque me meterías en un problema diplomático con México, mejor vete a un país donde no haya relaciones diplomáticas con México’ y fue precisamente que llegó a Perú”, sostuvo.

Ante estas declaraciones, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, desestimó la versión y defendió a Moreno Cárdenas, asegurando que continuará viviendo en México y que se presentará en el recinto legislativo. “Es una jalada de los pelos; les duele que él vaya y los denuncie. Fue de gira porque es presidente de la Copppal a Perú, y hay quien también anda diciendo que pidió asilo en Perú. Alejandro Moreno va a vivir en México, va a enfrentar, lo han perseguido, les ha ganado todo en la primera acusación en términos de todo lo que orquestaron, del desafuero”, afirmó.

La Fiscalía de Campeche mantiene abiertas investigaciones contra el dirigente priista por presuntos delitos de corrupción, mismas que han sido desmentidas reiteradamente por Moreno, quien acusa una persecución política en su contra.

El intercambio de señalamientos en el Senado reaviva la tensión entre Morena y el PRI en medio de la agenda legislativa, con Moreno en el centro de la polémica por sus viajes recientes y las acusaciones que le atribuye Salgado Macedonio.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.