Rosa Icela Rodríguez defiende gestión de Segob ante críticas en el Senado

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo y aseguró que ningún integrante del gobierno de Morena tiene “pactos mafiosos”.

“Un gobierno donde haya honestidad y que condena la corrupción, la colusión y el dispendio. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos ‘cero corrupción y cero impunidad’, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó desde tribuna.

Rodríguez sostuvo que en México existe gobernabilidad y que la administración actual privilegia la civilidad, el diálogo y la concertación. Destacó que la protesta social se atiende mediante mecanismos de diálogo y que están garantizadas las libertades de expresión, movilización y religiosa. “A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, dijo.

En su intervención subrayó que “los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica”.

La titular de Segob también explicó que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regularizar el sector y ofrecer certeza jurídica a los empresarios que operan en él. “Cuando llegué a Gobernación me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité (…) no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios, y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos”, indicó.

Añadió que la dependencia se encuentra en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de las empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos. Señaló que se trabaja en una legislación para dar certeza a las inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Rosa Icela Rodríguez informó además que, del 20 de enero a la fecha, a 103 mil 800 mexicanos repatriados desde Estados Unidos se les han brindado más de 591 mil servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica y tarjetas paisano con 2 mil pesos en nueve centros de atención en la frontera.

En contraste, el senador priista Pablo Angulo afirmó que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con su tarea de proteger la democracia y las libertades. Señaló que el gobierno federal promueve la confrontación mediante discursos de “leales contra traidores, ricos contra pobres, y humanistas contra neoliberales”.

Añadió que la Segob tampoco ha defendido el Estado de derecho y cuestionó si las reformas impulsadas por el gobierno y sus legisladores buscan poner fin a la era de las instituciones democráticas para dar paso al autoritarismo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de intervenir en las elecciones del año pasado en ese estado y afirmó que “no hay ninguna diferencia” con los gobiernos del PRI. “Hay un gravísimo retroceso democrático que alarma”, sostuvo.

Vinculan a proceso a exgobernador Roberto Sandoval por desvío millonario y nexos con el narco

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

Salgado acusa a “Alito” de pedir asilo; PRI asegura que seguirá en México

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y legislador en la Cámara Alta, solicitó asilo en Estados Unidos y Perú debido a que enfrenta cinco órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de Campeche.

Durante la sesión en el Senado, Salgado Macedonio se refirió a los recientes viajes de Moreno Cárdenas, primero a Estados Unidos y después a Perú, como parte de una supuesta estrategia para buscar refugio político. El priista acudió la semana pasada a Washington, donde se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar, y posteriormente viajó a Lima en calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), donde sostuvo un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.

“Por cierto, ¿qué sabes de ‘Alito’? ¿Sí sabes que se nos fue ‘Alito’? A ‘Alito’ le salieron alitas, dicen que ya se fue a Perú, allá donde está una presidenta impostora y que ya no va a venir porque tiene cinco órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué dice ‘Alito’, a ver si viene hoy”, declaró el legislador guerrerense en tono irónico.

El morenista añadió que, según la información que maneja, Moreno acudió primero a Estados Unidos en busca de asilo, pero que le fue negado por tratarse de un tema con implicaciones diplomáticas. “Entiendo que fue a pedir asilo a Estados Unidos; allá le dijeron ‘no, porque me meterías en un problema diplomático con México, mejor vete a un país donde no haya relaciones diplomáticas con México’ y fue precisamente que llegó a Perú”, sostuvo.

Ante estas declaraciones, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, desestimó la versión y defendió a Moreno Cárdenas, asegurando que continuará viviendo en México y que se presentará en el recinto legislativo. “Es una jalada de los pelos; les duele que él vaya y los denuncie. Fue de gira porque es presidente de la Copppal a Perú, y hay quien también anda diciendo que pidió asilo en Perú. Alejandro Moreno va a vivir en México, va a enfrentar, lo han perseguido, les ha ganado todo en la primera acusación en términos de todo lo que orquestaron, del desafuero”, afirmó.

La Fiscalía de Campeche mantiene abiertas investigaciones contra el dirigente priista por presuntos delitos de corrupción, mismas que han sido desmentidas reiteradamente por Moreno, quien acusa una persecución política en su contra.

El intercambio de señalamientos en el Senado reaviva la tensión entre Morena y el PRI en medio de la agenda legislativa, con Moreno en el centro de la polémica por sus viajes recientes y las acusaciones que le atribuye Salgado Macedonio.

Federico Döring lleva ante la FGR a Andy López y aliados por enriquecimiento ilícito

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Lujo bajo la lupa: Fiscalía Anticorrupción investiga a exsecretaria de Hacienda de Morelos

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presuntos vínculos con grupo criminal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

De delitos sexuales a Ayotzinapa: El nuevo giro en la investigación que nadie vio venir

Un cambio inesperado acaba de sacudir el caso Ayotzinapa. A menos de dos meses de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el rostro que tomará las riendas de la investigación es Mauricio Pazarán Álvarez. Su nombre tal vez no suena tanto, pero su trayectoria dice mucho: pasó 15 años trabajando en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX, y ahora es el nuevo fiscal provisional del caso que ha marcado a México entero.

La salida de Rosendo Gómez al frente de la investigación, quien estaba en el cargo desde 2022, fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 16 de julio. Y con su renuncia, también se levantó el polvo de una investigación que ha estado envuelta en reclamos, frustraciones y señalamientos por su lentitud y poca claridad.

Pazarán no es ajeno a las fiscalías. Ha sido secretario y Ministerio Público en asuntos del fuero común durante gran parte de su carrera. Entre 2000 y 2015 estuvo enfocado en atender delitos sexuales en la capital del país. Luego, de 2015 a 2021, se movió a la Fiscalía de Narcomenudeo, y después estuvo en la Fiscalía de Asuntos Relevantes. También tuvo una breve pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde estuvo dos meses en el área de Apelaciones y Amparos. Nada en su currículum lo vincula directamente con desapariciones forzadas… hasta ahora.

Su llegada al caso no ha pasado desapercibida. El Centro Prodh, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias desde el inicio, dejó clara su postura: “El relevo del titular de la Unidad Especializada en la Investigación del caso Ayotzinapa, tras escándalos de corrupción y malas prácticas, tardíamente da la razón a las familias”. Y no se quedaron ahí: recalcaron que se perdió tiempo valioso encargando la investigación a un perfil “no idóneo”.

El nuevo fiscal carga con la presión de once años sin respuestas claras y con la exigencia, cada vez más intensa, de verdad y justicia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no se anduvo con rodeos: pidió que se recupere el tiempo perdido y que se avance hacia la verdad.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Las familias siguen esperando. Y el caso Ayotzinapa escribe, otra vez, un nuevo capítulo.

Investigación por corrupción alcanza a Julio Scherer Pareyón: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo que mantiene abierta una investigación en contra del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Julio Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en Sonora.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la carpeta de investigación está en proceso de integración y será presentada ante los tribunales en las próximas semanas. La indagatoria se centra en la asignación del contrato de concesión para operar dicha vialidad, cuya inversión fue anunciada en noviembre de 2022 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con un presupuesto estimado de 500 millones de pesos.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamez, la cual obtuvo un contrato por más de 30 años para la administración del libramiento. Según los registros oficiales, esta empresa fue constituida el 25 de noviembre de 2022, apenas un día después del anuncio de Durazo sobre la ejecución de la obra. La creación exprés de la compañía y su falta de experiencia en infraestructura carretera son ahora elementos clave dentro de la investigación.

El propietario de Operadora de Caminos Carreteros Nogamez es Julio Aceves, identificado como socio directo de Julio Scherer Pareyón, lo que ha generado fuertes señalamientos por presunto conflicto de interés. Empresas que participaron en la misma licitación denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre vínculos familiares y empresariales entre los involucrados.

Además del legislador y su socio, figuran otros nombres dentro de esta posible red: Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, ambos familiares cercanos del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra. Todos ellos están incluidos en la carpeta de investigación y, según el fiscal Gertz Manero, se están estableciendo responsabilidades individualizadas.

 “El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley”, señaló el fiscal durante su intervención, subrayando que no se tolerarán actos fuera del marco legal, sin importar los vínculos políticos o familiares de los implicados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emitir órdenes de aprehensión por este caso, Gertz Manero respondió con contundencia: “Yo espero, pero por supuesto, claro que sí.”

La investigación pone en el foco a figuras públicas cercanas al círculo de poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre los mecanismos de asignación de obras públicas y la fiscalización de los procesos licitatorios a nivel federal y estatal.

Yarrington es procesado por lavado de dinero tras su regreso a México

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

Golpe de los 2,488 millones: Sheinbaum celebra justicia histórica contra García Luna

Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.

“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.

García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.

La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.

El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.

La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.