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Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal por Morena y exgobernador de Morelos, puso en venta su departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La propiedad, adquirida por el exfutbolista en 2007, cuando jugaba para el equipo Chicago Fire, se encuentra a unos pasos del paseo de playa más popular de esa ciudad, en un sector rodeado por tiendas de lujo y exclusivos restaurantes.

El precio original del inmueble fue de 450 mil dólares, según los registros públicos del condado de Cook revisados por Latinus. En marzo de 2025, este departamento fue puesto a la venta a través de distintas plataformas inmobiliarias, con un precio inicial de 400 mil dólares, lo que equivale a poco más de ocho millones de pesos mexicanos. Sin embargo, en los últimos días, el valor ofertado ya bajó a 380 mil dólares, conforme a información proporcionada por tres agencias inmobiliarias con sede en Estados Unidos.

Esta propiedad cobró relevancia pública desde el año 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó al Congreso del estado abrir una investigación contra Blanco por presunto enriquecimiento ilícito. La indagatoria incluyó la revisión de bienes del entonces gobernador, entre ellos, este departamento en territorio estadounidense.

En su más reciente declaración patrimonial, presentada en septiembre de 2024 como parte de sus funciones como legislador federal, Cuauhtémoc Blanco reportó la posesión de cinco propiedades. No obstante, en dicha documentación oficial no se especifica que alguno de esos inmuebles haya sido adquirido ni valuado en dólares.

Este movimiento inmobiliario se suma a un contexto de cuestionamientos legales que rodean al exfutbolista, convertido en figura política, quien ha sido objeto de diversas investigaciones por presuntas irregularidades en su patrimonio.

El departamento, cuya ubicación privilegiada lo convierte en un bien altamente cotizado, representa uno de los bienes más emblemáticos ligados al historial financiero de Blanco desde su etapa como jugador profesional en la liga estadounidense de fútbol.

La situación patrimonial del diputado ha sido observada con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, debido al contraste entre sus ingresos reportados y las propiedades que ha acumulado a lo largo de su carrera en el deporte y la política.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma histórica para garantizar el reconocimiento y los derechos de las personas no binarias dentro de la “Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+”. Con 47 votos a favor y cuatro en contra, la medida representa un avance en la lucha contra la discriminación y promueve el respeto a la identidad de género.

Esta reforma modifica el artículo 4 de la normativa vigente para incluir expresamente a las personas no binarias, reconociéndolas más allá de las categorías tradicionales de género masculino o femenino. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso, responsable de la iniciativa, enfatizó la importancia de eliminar barreras de discriminación y garantizar el derecho de cada individuo a definir su identidad.

Cecilia Vadillo, presidenta de la comisión, destacó que esta medida beneficia a más de 340 mil 600 personas en México que se identifican como no binarias y que enfrentan obstáculos burocráticos y sociales. Además, subrayó que la identidad de género no siempre coincide con el sexo biológico asignado al nacer y que es fundamental garantizar su reconocimiento legal y social.

Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho, impulsor de la reforma, señaló que esta comunidad enfrenta situaciones de discriminación, exclusión y violencia, por lo que es prioritario brindarles garantías legales que protejan su dignidad y derechos. Asimismo, calificó esta modificación como un avance en la lucha contra la exclusión basada en la identidad de género y la orientación sexual.

Otro cambio relevante en la legislación es la actualización del término oficial de “LGBTTTI” a “LGBTTTI+”, con el objetivo de englobar una mayor diversidad de identidades y orientaciones de género. Esta inclusión refleja el compromiso del Congreso capitalino con la equidad y la diversidad.

Un estudio del Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA y Yaaj México, realizado en 2024, señala que 340 mil 620 personas mayores de 15 años en el país se identifican como no binarias, lo que representa un 38% de la población de género no conforme en México. Esta cifra incluye otras identidades como género fluido, agénero y bigénero.

El Congreso de la Ciudad de México, a través del grupo parlamentario de Morena, está impulsando una iniciativa para regular los monopatines y bicicletas eléctricas que circulan en la capital, especialmente en las ciclovías. Esta propuesta busca la creación de un padrón oficial de vehículos de propulsión eléctrica para mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Brenda Ruiz, vicecoordinadora de la bancada morenista en el Congreso capitalino, explicó que la iniciativa involucrará a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para recopilar información sobre el número de motos, bicimotos, motonetas eléctricas y monopatines en circulación. “Equiparar los vehículos de propulsión eléctrica con los motorizados permitirá mejorar la seguridad vial no sólo en la Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana”, señaló Ruiz en un comunicado.

La popularidad de las bicicletas eléctricas ha crecido rápidamente, generando debates sobre su seguridad y calidad. Actualmente, su mercado se estima en 130 millones de pesos, y se espera que alcance los 150 millones de pesos para 2029. Sin embargo, la falta de regulación ha permitido que estos vehículos circulen en espacios no diseñados para ellos, lo que ha resultado en accidentes y riesgos para peatones y ciclistas.

Ruiz enfatizó que las ciclovías en la CDMX son exclusivas para ciclistas, patinadores y patinadores, y no para vehículos eléctricos o de combustión. “Los accidentes en estos vehículos son muy similares a los que ocurren con motocicletas, debido a las altas velocidades que alcanzan. Se trata de un problema metropolitano de movilidad y seguridad vial”, afirmó.

El padrón permitirá conocer las características técnicas de estos vehículos, facilitando la implementación de normas de seguridad como el uso obligatorio de casco y protecciones. También brindará mayor control a las autoridades sobre inconformidades presentadas por los propietarios de estos medios de transporte.

A pesar de su conveniencia y accesibilidad, los monopatines y bicicletas eléctricas representan un riesgo en la vía pública, ya que pueden circular en ciclovías, carriles vehiculares e incluso banquetas, muchas veces sin el equipo de seguridad adecuado. La regulación de estas unidades está a cargo de la Secretaría de Movilidad (Semovi), mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) aún no puede aplicar sanciones debido a la falta de lineamientos claros en el reglamento de tránsito.

No obstante, iniciativas como el programa Salvando Vidas, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, han promovido el uso de equipamiento de seguridad entre motociclistas y otros conductores. La implementación del padrón busca reforzar estas medidas y garantizar un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía pública.