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La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la nueva Ley de Aguas, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto legislativo. La votación, realizada mientras productores agrícolas mantenían un bloqueo en los accesos de San Lázaro, concluyó con 28 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que la oposición reclamó que no se atendieron las demandas del sector agrícola.

De acuerdo con legisladores consultados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, notificó personalmente y por teléfono a diputados de la oposición que “hay una decisión de más arriba” para modificar el orden del día y dar prioridad a la discusión y votación de la Ley de Aguas en el pleno. Desde temprano, productores de distintas regiones del país se movilizaron hacia la capital y posteriormente instalaron un cerco con tractores y vehículos alrededor del Congreso de la Unión para intentar frenar el avance del proceso legislativo.

Monreal explicó que pidió a la Junta de Coordinación Política realizar el cambio en la agenda para que la reforma sea discutida y votada en las próximas horas. Con la aprobación en comisiones, el dictamen avanza hacia el pleno, donde legisladores anticipan que será votado a favor.

Tras conocer el resultado en comisiones, organizaciones y dirigentes agrícolas expresaron sentirse “traicionados” por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmaron que radicalizarán las movilizaciones en todo el país ante lo que consideran una falta de atención a las observaciones presentadas durante más de una semana de trabajo con legisladores.

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), señaló que habían construido acuerdos para garantizar la continuidad de concesiones y la atención a pozos sin títulos: “Duramos más de una semana trabajando junto con ellos… ya habíamos confiado”. Jorge Gutiérrez, dirigente agrícola de Chihuahua, advirtió que “siguen nada más la línea que le manda la señora presidente”, y responsabilizó a diputados y autoridades federales de las acciones que se deriven.

El malestar también se extendió entre productores como Jorge Robles, quien consideró que la reforma “acorralará” a quienes abastecen de alimentos al país. Otros dirigentes anunciaron que las protestas se ampliarán a todos los estados, incluyendo cierres carreteros y bloqueos en aduanas fronterizas. Señalaron que incluso impedirán el evento masivo convocado por el gobierno federal para celebrar siete años de Morena en el poder.

Baltazar Valdés, también dirigente del FNDCM, afirmó: “El Congreso nos traicionó… necesitamos bloquear el evento del sábado para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos”. En ese mismo sentido, la productora Alexa Jiménez cuestionó que haya motivos para celebrar: “El campo está en el abandono… están a punto de quitarnos la principal materia para producir”.

Con el dictamen aprobado en comisiones y en ruta hacia el pleno, el país entra en una jornada marcada por presión legislativa y una creciente movilización nacional del sector agrícola.

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

El Senado de la República aprobó este jueves en comisiones la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con la cual el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de combate a la extorsión.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 47 votos a favor de senadores de todas las bancadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos. El dictamen será presentado la próxima semana al pleno para su discusión.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos coincidieron en la gravedad del delito y en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentarlo. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión representa “una realidad oculta”, debido a que los registros oficiales no reflejan la magnitud del problema. 

“Mientras los números oficiales hablan de miles de casos, sabemos que la situación real alcanza los millones de personas afectadas año con año, consolidando a la extorsión como un impuesto criminal tolerado socialmente, rentable para los delincuentes y difícil de perseguir para las propias autoridades”, afirmó.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la cifra negra de este delito es del 94%, la más alta después del fraude, que alcanza el 98%. Señaló que la modalidad más común de extorsión es la telefónica, muchas veces vinculada con el cobro de piso.

La senadora Verónica Ramírez, del PAN, manifestó el respaldo de su bancada a la iniciativa presidencial, al reconocer que se trata de un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los niveles de gobierno. “La extorsión es un crimen que vulnera la tranquilidad y la esperanza de las y los mexicanos. Hoy millones de personas viven bajo la amenaza de cobros de piso, llamadas de extorsión y la presión de grupos criminales que operan con impunidad”, declaró.

En la misma línea, Ramírez resaltó que los sectores más afectados son los pequeños comerciantes, empresarios, productores del campo, transportistas y ciudadanos que enfrentan este delito en su vida cotidiana.

Desde la bancada de Morena, la senadora Lucía Trasviña explicó que la reforma permitirá al Congreso de la Unión emitir una ley general en materia de extorsión, que incluya la tipificación del delito, las penas aplicables, los agravantes y la atención integral a las víctimas.

Con este avance en comisiones, el Senado prepara la discusión en el pleno, donde se definirá si la reforma constitucional continúa su camino legislativo para convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la extorsión en México.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

A partir del 1 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará una nueva reforma electoral que busca, entre otros puntos clave, recortar en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Esta propuesta, que ya había sido rechazada en 2019, contempla también reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar el sistema de representación proporcional que actualmente incluye a 200 diputados y 32 senadores.

El proyecto, en elaboración por el senador Ricardo Monreal Ávila con base en los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, será enviado desde Palacio Nacional al Congreso de la Unión como parte del paquete de reformas prioritarias de la llamada Cuarta Transformación. 

Sin embargo, Morena enfrenta nuevamente un panorama legislativo complejo. En su primer intento, realizado en la última sesión del periodo ordinario del 12 de diciembre de 2019, los aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) votaron en contra del recorte, alineándose con la oposición. Solo la entonces diputada petista Rosa María Bayardo Cabrera votó a favor, mientras otros integrantes del PT se ausentaron de la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil, vocera del PT, reiteró su postura basada en la reforma electoral de 2014: “Esto para evitar la intromisión del crimen organizado en las fuerzas políticas y de los poderes fácticos en general, se debe fortalecer a las instituciones públicas que dan acceso al poder”. Aclaró que no puede emitir una posición definitiva hasta conocer el texto oficial de la nueva iniciativa.

Desde el PVEM, el coordinador parlamentario Carlos Puente Salas también se mostró cauteloso. Aunque remarcó la importancia de la equidad en la asignación de recursos y tiempos de medios, señaló que no puede anticipar una postura sin conocer la redacción final. “Es como una carrera de 100 metros, ¿por qué unos arrancan en el metro 40 y otros en el uno? No es parejo”, recordó, citando al entonces vicecoordinador Arturo Escobar en el debate de 2019.

Puente añadió que las prerrogativas no se limitan al dinero, sino también a la difusión en medios, donde existen disparidades significativas. “Podemos coincidir en la reducción si se va a repartir de manera equitativa entre los partidos”, puntualizó.

Durante la votación de 2019, 30 diputados del PT se pronunciaron en contra, incluidos Reginaldo Sandoval, Mary Carmen Bernal Martínez y José Luis Montalvo, además de Alfredo Femat, quien ahora forma parte de la bancada de Morena.

En ese mismo debate, el diputado del PAN, José Elías Lixa, recordó que en 2017 en Yucatán se redujo el financiamiento público en un 50%, pero fue Morena quien presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir esa decisión, encabezada entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Con este nuevo intento, Morena busca retomar la iniciativa en el arranque del nuevo periodo legislativo. A pesar de las diferencias internas y el escepticismo de sus aliados, el partido gobernante perfila una de sus reformas más emblemáticas en materia electoral para los próximos meses.

El Congreso mexicano actuó con contundencia. Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de 14 mexicanos recluidos en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.

El documento aprobado advierte que esta reclusión viola los derechos humanos más elementales. El acuerdo parlamentario califica como inaceptable que se envíe a migrantes a una prisión que impone el terror, vulnera la dignidad humana y funciona al margen de las leyes y la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores de distintos partidos, las condiciones dentro del centro son alarmantes y representan un peligro para la vida de quienes ahí se encuentran. La Comisión Permanente remarcó que este tipo de instalaciones han sido proscritas desde la Segunda Guerra Mundial, y exigió no sólo la liberación de los mexicanos detenidos, sino de todos los migrantes privados de su libertad en ese centro. También demandó el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, al que calificaron como una cárcel infamante.

El senador Homero Davis Castro, del partido Morena, hizo énfasis en los múltiples testimonios y reportes emitidos por organismos de derechos humanos que denuncian las pésimas condiciones de vida en el lugar. Los informes hablan de alimentos en mal estado, baños sin funcionar, escasez de agua potable, falta de atención médica, detenciones prolongadas y ausencia de procesos legales claros.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir activamente para lograr la liberación de los connacionales. Además, alertó sobre el debilitamiento presupuestal del Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. Recordó que en 2018 este fondo contaba con 836 millones de pesos, mientras que para 2025 se contempla apenas una asignación de 524 millones.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada del PAN, denunció las condiciones en las que Estados Unidos deporta a migrantes mexicanos. Relató que aviones los trasladan por la noche a Tabasco y que, ya en territorio nacional, son transportados en autobuses hasta la Ciudad de México, abandonados con apenas unos pesos o un bono.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que el tema del centro de detención es conocido desde junio. Lamentó que la Comisión Permanente lo esté abordando apenas ahora y advirtió sobre el riesgo de que este asunto sea utilizado como distractor ante otros temas graves, como la penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas.

El Congreso mexicano dejó clara su postura: no más omisiones ni silencio frente al trato indigno de los migrantes.

Un cambio significativo en los documentos oficiales de identificación se aproxima en México. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejará de ser válida como identificación oficial para trámites cotidianos como operaciones bancarias, visitas a museos, accesos a bibliotecas, atención en hospitales y otros servicios públicos o privados. En su lugar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en el documento oficial de identificación nacional.

Este cambio se da como parte de una reforma reciente a la Ley General de Población, impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La nueva disposición establece que la CURP incluirá huellas dactilares y fotografía, lo que la transforma en un documento de aceptación universal y uso obligatorio en todo el país.

En medio de dudas expresadas por algunos consejeros del INE respecto a esta decisión, la senadora Margarita Valdéz aseguró que no existe tal confusión. Explicó que la credencial del INE fue creada exclusivamente para votar, no para identificarse ante instituciones. Una vez que el gobierno federal complete la recolección de datos biométricos de la población, incluyendo menores de edad, la CURP pasará a ser el documento que identifique oficialmente a los mexicanos.

“La INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más”, declaró la legisladora. “La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación”.

Valdéz subrayó que la transición tomará tiempo, ya que la ciudadanía está acostumbrada a usar la credencial del INE como identificación principal, debido a que hasta ahora contenía firma, fotografía y huella digital, lo que la hacía más completa que otros documentos. Sin embargo, insistió en que este hábito debe cambiar.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno federal solicite al INE el padrón electoral para cotejar información con el nuevo registro de CURP biométrica, la senadora no descartó la opción. Señaló que podría realizarse un cruce de datos para estudios o validaciones específicas.

Este proceso marca una nueva etapa en la digitalización e identificación nacional, con un sistema centralizado basado en datos biométricos. Con la CURP biométrica, se busca unificar los registros de identidad bajo un solo documento con validez total en el país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

Con una votación histórica y sin precedentes, la Cámara de Diputados marcó un hito en la vida legislativa del país. El pleno aprobó por unanimidad, con 434 votos a favor, el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento clave que redefine la dinámica del debate parlamentario bajo los principios de paridad, pluralidad e inclusión.

Este nuevo reglamento no solo ordena el funcionamiento interno de la Comisión Permanente, sino que establece bases sólidas para que todas las voces tengan cabida en el proceso legislativo. De acuerdo con lo señalado por el diputado presidente de la Comisión, Luis Agustín Rodríguez Torres, este avance permitirá una estructura más justa y representativa al interior del Congreso.

En su intervención, Rodríguez Torres destacó que el reglamento aprobado representa un logro largamente anhelado. Después de al menos seis legislaturas intentando concretar esta transformación, finalmente se consolidó un acuerdo unificado. El documento no solo regula los debates, sino que establece claramente cómo se repartirán los tiempos en agenda política, permitiendo que cada grupo parlamentario cuente con espacio suficiente para abordar los temas de interés nacional.

Uno de los elementos más relevantes es la integración de una Mesa Directiva más amplia y representativa, compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y una secretaría por cada grupo parlamentario. Esta medida busca equilibrar la toma de decisiones y garantizar una representación equitativa sin importar el número de curules que posea cada partido.

El reglamento también contempla el funcionamiento eficiente de las comisiones de trabajo, definiendo tiempos concretos para su instalación y asegurando que su composición refleje la pluralidad del pleno. Además, se abre la puerta a un modelo más flexible al permitir que tanto las sesiones del pleno como las reuniones de comisiones puedan celebrarse de forma semipresencial, siempre que la Mesa Directiva lo acuerde.

Un aspecto clave es la claridad con la que se establecen los mecanismos de difusión y publicación de los trabajos legislativos, así como los tiempos definidos para su ejecución. Esto garantiza una mayor transparencia en el quehacer parlamentario y facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Durante la sesión también se aprobó una reserva consensuada al artículo 24, que regula la participación de los legisladores sustitutos. Según el texto aprobado, estos podrán integrarse a las sesiones y participar activamente, siempre que estén debidamente acreditados. Sus funciones incluirán registrar asistencia, intervenir en los debates y ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no podrán ser parte de la Mesa Directiva.

Luis Agustín Rodríguez Torres subrayó que este avance legislativo no limita las iniciativas ni los puntos de acuerdo que puedan presentar los grupos parlamentarios. Estos temas continuarán siendo organizados conforme a los acuerdos que se generen al interior de la Mesa Directiva.

Este nuevo reglamento será ahora enviado al Senado, donde se espera que continúe su curso para consolidarse como una herramienta esencial en la modernización del trabajo legislativo.

Con este paso, la actual legislatura sella un momento histórico, estableciendo nuevos estándares de funcionamiento legislativo que priorizan el diálogo, la inclusión y la transparencia.