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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados, medida anunciada el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump y que entraría en vigor el 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que el objetivo es alcanzar un acuerdo antes del primero de noviembre y no descartó un contacto directo con el mandatario estadounidense. “Vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales”, señaló.

El anuncio de Trump impactó de inmediato a la industria automotriz norteamericana, profundamente integrada por cadenas de suministro regionales entre México, Estados Unidos y Canadá, países socios del T-MEC. Los aranceles contemplan a todos los países exportadores de vehículos pesados, no únicamente a México, aunque el país podría verse más afectado por su alto volumen de exportaciones en el sector.

La mandataria subrayó que los gravámenes no son exclusivos para México, pero reconoció la relevancia del tema por el peso que tiene el comercio automotriz en la economía nacional. “Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente, a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó que su administración dialogará con representantes de la industria mexicana para garantizarles que el gobierno federal tomará todas las medidas necesarias para proteger al sector. “Haremos todo lo que esté de nuestra parte para evitar que se impongan estos aranceles y proteger las exportaciones del país”, afirmó. Actualmente, las exportaciones mexicanas de vehículos pesados superan los 40 mil millones de dólares anuales, lo que convierte al ramo en un eje clave de la economía manufacturera nacional.

En la misma conferencia, la presidenta abordó también la relación bilateral en materia de seguridad, destacando los avances tras la visita reciente del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México. Según explicó, el encuentro permitió consolidar un nuevo marco de entendimiento entre ambos gobiernos enfocado en la cooperación en inteligencia y combate al crimen organizado.

“Hoy llegamos a un acuerdo que tiene cuatro ejes muy importantes, que son los principios de las fuerzas armadas en la cooperación con respeto a la soberanía y a la actuación de cada uno de nosotros en nuestros territorios”, precisó la mandataria.

Con estos esfuerzos diplomáticos y de coordinación bilateral, el gobierno mexicano busca mantener la estabilidad comercial con Estados Unidos y preservar uno de los sectores más estratégicos para su economía: la industria automotriz pesada.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

• Tomate Cherry: 1.70 dólares.
• Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
• Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
• Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
• Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

A partir de este lunes, Estados Unidos activó oficialmente un arancel del 20.91% sobre el jitomate importado desde México, una medida que podría impactar directamente en los precios al consumidor y tensar aún más la relación comercial entre ambos países. La decisión, impulsada por el Departamento de Comercio estadounidense, se venía anunciando desde abril por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El argumento detrás de esta determinación fue la salida de Estados Unidos de un acuerdo previo, alegando que no se brindaban las protecciones necesarias a los productores locales de jitomate. Este movimiento marca un nuevo capítulo en una disputa comercial que ya ha tenido antecedentes importantes, como en 2019, cuando los productores mexicanos lograron un acuerdo con la primera administración de Trump para frenar una investigación antidumping. Dicho acuerdo cerraba ciertas lagunas legales e incluía mecanismos de inspección, con el objetivo de evitar medidas arancelarias.

México es actualmente el principal proveedor de jitomates al mercado estadounidense, con una participación cercana al 70%, muy por encima del 30% que tenía hace veinte años, según datos del Florida Tomato Exchange. La medida afecta directamente este flujo comercial, y según especialistas, podría provocar consecuencias notorias tanto para productores como para consumidores.

De acuerdo con Tim Richards, profesor en la Escuela de Agronegocios Morrison de la Universidad Estatal de Arizona, los precios minoristas de los tomates podrían incrementarse en alrededor del 10.5% como resultado del nuevo arancel. Este incremento impactaría directamente en los bolsillos de los consumidores estadounidenses, especialmente en temporadas donde el jitomate forma parte esencial del consumo diario.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que con este arancel se busca dar un respiro a la menguante industria del jitomate en Estados Unidos, incentivando el consumo de productos cultivados localmente y permitiendo a los agricultores norteamericanos competir en mejores condiciones frente a las importaciones mexicanas.

En contraste, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó la importancia económica del jitomate en México, señalando que esta industria genera más de 400 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos. Además, la producción anual supera los tres millones 461 mil 766 toneladas, consolidando al jitomate como uno de los pilares de la agroindustria nacional.

Este nuevo arancel abre nuevamente un panorama incierto para los exportadores mexicanos, que verán afectados sus márgenes de ganancia, y para los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar un alza significativa en los precios de este producto básico. Las autoridades mexicanas aún no han emitido una postura formal frente a esta medida, pero se anticipa que la industria buscará alternativas para enfrentar el nuevo escenario comercial.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 20.91% a la mayoría de las importaciones de tomate mexicano, con entrada en vigor programada para el 14 de julio. Esta medida surge tras el retiro del gobierno estadounidense de un acuerdo que, según argumenta, no brindó protección suficiente a los productores nacionales. 

Durante 2024, Estados Unidos importó tomates provenientes de México por un valor de aduana de 3,243 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 15%. México se mantuvo como el principal proveedor de esta hortaliza, con una participación del 86% en las importaciones totales, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.

El Departamento de Comercio declaró que esta acción “permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en el mercado”, dando por terminado un esquema de cooperación comercial que ha estado vigente, en distintas versiones, desde 1996.

La decisión ha generado inquietud en el sector agrícola binacional. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expresó su preocupación al considerar que la imposición unilateral de aranceles distorsiona el comercio bilateral y pone en riesgo el abasto continuo de tomate mexicano, que representa el 55% del consumo total en Estados Unidos.

Para el GCMA, el tomate mexicano ha sido pieza clave en la estabilidad de precios y disponibilidad del producto en supermercados estadounidenses durante todo el año. Su competitividad ha sido impulsada por ventajas logísticas, bajos costos y alta calidad.

El comunicado también sostiene que la presión ejercida por productores de Florida ha sido determinante en esta decisión. De acuerdo con el GCMA, estos actores han insistido en acusaciones de dumping sin fundamentos sólidos, mientras evitan confrontar desafíos propios en materia de productividad.

Actualmente, el 98% de las exportaciones mexicanas de tomate se destinan a Estados Unidos. Por tanto, esta medida podría provocar consecuencias significativas tanto para los productores como para los consumidores norteamericanos, que dependen de un suministro constante y de precios accesibles.

El origen de esta disputa se remonta a 2019, cuando se logró el Acuerdo de Suspensión de Tomate (TSA), el cual estableció precios de referencia para distintas variedades del producto mexicano, desde el tipo round hasta los orgánicos, con un diferencial de hasta 40% por encima del convencional.

Desde 1996, los tomates mexicanos han sido regulados por acuerdos de suspensión que buscaron evitar investigaciones antidumping mediante compromisos de precios mínimos. Con este nuevo arancel, se marca una ruptura con casi tres décadas de entendimientos bilaterales, encendiendo las alarmas en ambos lados de la frontera.