En un amplio operativo de seguridad, autoridades federales y estatales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, señalado como jefe de plaza de La Familia Michoacana en varios municipios de la región. La captura ocurrió el domingo durante un despliegue estratégico que tuvo lugar sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad de El Xhitey.

García Luna, considerado “objetivo prioritario” por las autoridades, es identificado como líder operativo del cártel en Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay. De acuerdo con información oficial, también es señalado como responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo. La SSPC precisó que existe conocimiento de su participación, el 22 de julio de 2025, en el secuestro de un líder de taxistas en Jilotepec.

Durante el operativo, los elementos de seguridad detectaron una camioneta blanca sin placas de circulación. Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los tripulantes intentaron huir, lo que dio inicio a una persecución que culminó metros más adelante con la detención de los ocupantes.

En la revisión al vehículo se encontró un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares. El segundo detenido fue identificado como Edgar de Jesús Ramos, de 25 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). También intervinieron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de Jilotepec, en un esfuerzo coordinado para neutralizar actividades delictivas en la región.

Con esta detención se asesta un golpe importante a la estructura operativa de La Familia Michoacana en el Estado de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para profundizar en las redes criminales asociadas al detenido y el alcance de sus operaciones ilícitas en la zona norte de la entidad.

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reafirmó su postura en contra de la gentrificación que impacta directamente la vida de muchas personas en la capital, al provocar el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de familias mexicanas que no pueden cubrir los costos de renta. La mandataria se pronunció luego de una protesta registrada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cientos de personas expresaron su rechazo a este fenómeno que altera el tejido social de diversas colonias.

La movilización comenzó en el corazón de la colonia Condesa, específicamente en el Parque México. Sin embargo, el tono de la protesta cambió radicalmente cuando un grupo de manifestantes causó daños en restaurantes y cafeterías de la zona, además de dejar pintas en varios inmuebles. Las acciones de vandalismo generaron reacciones divididas y una fuerte conversación en redes sociales.

Horas después de los hechos, Brugada difundió un comunicado en el que destacó que la gentrificación es un problema que afecta a miles de capitalinos. Señaló que el incremento en la llegada de extranjeros ha disparado la demanda de vivienda, lo que ha derivado en una escalada de precios que pone en riesgo el derecho a la ciudad para muchos mexicanos.

Durante una conferencia de prensa realizada tras una jornada de trabajo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Brugada volvió a hablar del tema. Afirmó que, aunque comparte el fondo de la demanda, las expresiones utilizadas por algunos sectores durante la marcha fueron xenofóbicas, lo cual rechazó tajantemente. “Rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer se expresaron contra algunos grupos en particular”, declaró.

La mandataria capitalina reiteró que su gobierno priorizará medidas para frenar la gentrificación, pero también para generar un debate profundo sobre la violencia en las manifestaciones y la manera en que estas deben desarrollarse sin vulnerar derechos. “No podemos, en esta ciudad, que haya agresiones o discriminación a grupos diversos como ayer”, agregó.

Las acciones violentas en la Condesa fueron duramente criticadas por sectores de la sociedad, quienes desde redes sociales señalaron una posible relación entre los hechos y actores vinculados al partido Morena. Edgar Jiménez, uno de los usuarios que reaccionaron en línea, expresó: “Clara Brugada iztapalizó la CDMX; mandó a sus porros de Iztapalapa a vandalizar la Condesa para crear una cortina de humo. Morena es un cáncer, resentimiento y mediocridad”.

El tema de la gentrificación continúa generando debate entre autoridades, activistas y habitantes de la Ciudad de México, quienes enfrentan realidades distintas ante un mismo fenómeno urbano.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivió una jornada de tensión este viernes 23 de mayo, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaran los accesos de ambas terminales aéreas, afectando operaciones y provocando una oleada de reacciones entre usuarios, autoridades y hasta representantes diplomáticos.

Las movilizaciones comenzaron desde tempranas horas en la Terminal 1 del AICM, donde los maestros se instalaron para impedir el paso de pasajeros como parte de una jornada de exigencias sindicales. Pocos minutos después, otro grupo se desplegó en los accesos de la Terminal 2, complicando aún más la movilidad dentro del principal aeropuerto del país.

En medio del bloqueo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos, recomendando evitar la zona del aeropuerto debido a la situación. A través de un comunicado difundido en redes sociales, se señaló que el personal del gobierno estadounidense también debía mantenerse alejado del lugar hasta nuevo aviso. La representación diplomática subrayó que quienes tuvieran programado ingresar o salir del AICM, debían seguir todas las instrucciones de las autoridades mexicanas para garantizar su seguridad.

En respuesta al bloqueo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos de tránsito que ofrecieron apoyo a los pasajeros varados, ayudándolos a acercarse al interior del recinto aeroportuario. El caos generado en los accesos, sin embargo, no pudo evitar afectaciones temporales en la operación aérea.

Fuentes federales confirmaron que el AICM suspendió operaciones por un lapso de veinte minutos, entre las 2:00 y las 2:20 de la tarde. Posteriormente, se levantó la restricción, pero no se proporcionó un balance oficial sobre cuántos vuelos resultaron demorados o cuántos pasajeros fueron impactados directamente.

Las redes sociales se llenaron de reportes ciudadanos. Algunos usuarios denunciaron retrasos y cancelaciones. Una pasajera relató que el capitán del vuelo 1023, que cubría la ruta Cancún–Ciudad de México, decidió regresar a la posición inicial tras recibir instrucciones desde el aeropuerto sobre la suspensión de despegues y aterrizajes.

Los docentes movilizados señalaron que sus protestas buscan una respuesta directa por parte del gobierno federal. Entre sus demandas se incluye la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, un incremento salarial del 100% sobre el sueldo base y la homologación de prestaciones laborales.

Los manifestantes también exigieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta ser escuchados. El aeropuerto, un punto estratégico para la conectividad del país, se convirtió en escenario de una protesta que pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre derechos laborales y canales de negociación en México.

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron en conferencia conjunta que ninguna línea de investigación ha sido descartada sobre la ejecución de los dos de los servidores públicos más cercanos de la jefa de Gobierno. 

Los detalles del operativo detrás del doble asesinato son inquietantes. Según la fiscal, al menos cuatro personas participaron: un tirador y tres cómplices que proporcionaron apoyo logístico. La ruta de escape incluyó el uso de una motocicleta, dos camionetas —una de ellas con reporte de robo y número de serie alterado— y una huida hacia el Estado de México. Todo fue registrado de forma meticulosa, sin dejar rastros biológicos o dactilares. Los implicados utilizaron guantes en todo momento.

Durante los peritajes, se confirmó que los agresores contaban con información detallada del entorno. La revisión del sistema de videovigilancia reveló la presencia de una persona vigilando el área del crimen días antes del ataque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que esta observación sugiere un conocimiento previo de la rutina de las víctimas, aunque no hay pruebas concluyentes de un seguimiento a largo plazo.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, enfatizó que las investigaciones siguen abiertas y que se prioriza la localización y detención de los responsables materiales del crimen. A pesar de los avances técnicos, no se ha identificado a los atacantes, y el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— no estaba registrada en delitos anteriores.

La magnitud del ataque ha impulsado un análisis inmediato sobre las medidas de protección de funcionarios del gobierno local. Se realizarán estudios de riesgo individuales y, con base en ellos, se determinarán acciones específicas, siempre bajo un enfoque técnico y sin reacciones precipitadas, según explicó Vázquez Camacho.

El impacto de este crimen ha sido profundo. Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, eran conocidos por su cercanía con la ciudadanía y su labor constante en territorio. A pesar de contar con conocimientos en materia de autocuidado, ninguno de los dos disponía de escoltas ni protección adicional. Los informes forenses confirmaron que Ximena recibió ocho impactos de bala y José, cuatro. Ambos fueron atacados de forma directa, en un lugar específico, y con una mecánica que demuestra control absoluto del entorno por parte de los agresores.

Las autoridades reiteraron su compromiso con una investigación rigurosa. “Este caso será tratado con el mismo rigor que otros de alta prioridad”, aseguró Vázquez Camacho. La instrucción es clara: agotar todas las líneas de investigación y no permitir que este ataque quede impune.

Mientras la ciudad permanece a la expectativa, el caso sigue su curso en medio del hermetismo propio de una operación que, por ahora, ha dejado más preguntas que respuestas.

Las autoridades de la Ciudad de México rescataron a 27 migrantes que habían sido privados de su libertad en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mayoría de los afectados eran originarios de la India, además de una mujer de Nepal y un hombre de El Salvador. Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro. 

El operativo tuvo lugar el viernes 21 de febrero, después de que el Centro de Atención al Turista recibiera una llamada de auxilio de una de las víctimas. Al arribar al hotel, los elementos de seguridad fueron recibidos por una mujer que afirmó ser la dueña del lugar. No obstante, al escuchar voces en otros idiomas, los agentes ingresaron para inspeccionar.

Dentro del establecimiento encontraron a los migrantes en condiciones de evidente maltrato: con golpes visibles, nerviosos y sucios, según informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC. Uno de los migrantes explicó que llevaban 15 días sin poder salir y que les habían quitado sus identificaciones, pasaportes, dinero y teléfonos celulares.

Los detenidos incluyen a una mujer de 53 años y dos hombres de 29 y 23 años. Fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal. Mientras tanto, las víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro y posteriormente al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) en la alcaldía Venustiano Carranza, donde reciben atención y apoyo.

Las embajadas de India, Nepal y El Salvador fueron notificadas sobre el hallazgo de sus connacionales. Además, el hotel donde ocurrieron los hechos fue asegurado para continuar con las investigaciones pertinentes. En el lugar, las autoridades encontraron 20 teléfonos celulares, documentos de identidad y dos perros de raza bulldog francés y pug.

Este caso ha puesto de relieve la problemática del secuestro de migrantes en la Ciudad de México, así como la importancia de la pronta actuación de las autoridades para garantizar su seguridad.