Etiqueta: inseguridad en México

La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

La violencia en México generó durante 2025 un impacto económico de 4 billones de pesos, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto, mientras el país mantuvo altos niveles de percepción de inseguridad y un aumento en delitos vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026.

El reporte advierte que, aunque los homicidios disminuyeron 22.7% en comparación con 2024 —lo que representó alrededor de 7 mil asesinatos menos—, otros indicadores relacionados con la violencia continuaron al alza. Los delitos asociados con la delincuencia organizada crecieron 6.2% y el miedo a la violencia aumentó 2.6%.

La situación fue más severa en entidades como Colima, donde el costo económico de la violencia superó los 70 mil pesos por habitante. La cifra contrastó con Yucatán, estado que registró el menor impacto nacional con 10 mil 785 pesos por persona.

El estudio colocó a Colima como la entidad menos pacífica del país, con un puntaje de 4.579. En la misma lista aparecieron Sinaloa y Guanajuato, ambos con 4.364; Morelos, con 4.132, y Baja California, con 3.712.

Sinaloa encabezó el deterioro nacional en materia de homicidios. Durante 2025 acumuló mil 732 asesinatos, frente a los mil 22 registrados un año antes, lo que representó un incremento de 70%.

En contraste, Yucatán obtuvo el mejor nivel de paz con un puntaje de 1.279. También figuraron entre las entidades mejor evaluadas Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.

El informe señaló además que México permanece rezagado en la clasificación internacional de paz. Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y la Paz, indicó que el país ocupa el lugar 135 de 163 naciones evaluadas.

“México se coloca en la parte baja de la clasificación. Para contextualizar, Estados Unidos ocupa el lugar 125 y Guatemala el 109. Aunque el país ha mostrado mejoras graduales en el índice nacional, todavía enfrenta rezagos importantes que también se reflejan a nivel internacional”, afirmó Collins.

El Índice de Paz también documentó modificaciones en la estrategia federal de seguridad bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los operativos dirigidos a objetivos prioritarios derivaron en 21 mil detenciones adicionales durante 2025 y elevaron la población penitenciaria a 256 mil personas recluidas.

Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio sobre Sistemas de Justicia, señaló que la disminución de homicidios no se refleja en una mayor sensación de seguridad debido al crecimiento de delitos como la extorsión y el cobro de piso, conductas que continúan afectando a la población y que, en muchos casos, permanecen fuera de las estadísticas oficiales.

La muerte de cinco trabajadores en la refinería Olmeca Dos Bocas reactivó una exigencia que ahora llegó al corazón administrativo de Pemex en Ciudad de México. Padres de familia de dos escuelas ubicadas a menos de 100 metros del complejo petrolero se manifestaron afuera de la torre ejecutiva de la paraestatal para exigir el traslado inmediato de los planteles.

Las familias acusan que, pese al compromiso público anunciado hace dos meses por la presidenta Claudia Sheinbaum, los alumnos de la Escuela Primaria Rural Abías Domínguez Alejandro y del Jardín de Niños Agustín Melgar continúan tomando clases junto a la refinería.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron mantas sobre las rejas del edificio de Petróleos Mexicanos para denunciar los riesgos que enfrentan diariamente los estudiantes por la cercanía con las instalaciones industriales de Dos Bocas, en Tabasco.

“A nuestras escuelas las separa de la refinería únicamente una barda que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruidos ensordecedores ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestros hijos”, afirmó Arina Nava, madre de familia.

La presión de los padres ocurre después del accidente registrado en la refinería, donde al menos cinco trabajadores murieron, hecho que llevó al gobierno federal a anunciar la reubicación de ambos centros educativos.

Frente a los inconformes, el gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, informó que la empresa proyecta concretar para el próximo ciclo escolar el traslado de una de las escuelas y la construcción de otra.

“Vamos a atender en función de la infraestructura existente porque la reubicación no era posible porque no había espacios para hacerlo. Cedimos a la tarea de hacer el proyecto constructivo, están ya, por conseguir el dinero, porque andamos escasos en el área”, declaró el funcionario.

La demanda de cambio de sede comenzó desde abril. Desde entonces, la Asociación de Padres de Familia de la primaria Abías Domínguez Alejandro ha buscado diálogo con autoridades locales para abordar el traslado del plantel, considerado uno de los más cercanos a la refinería Olmeca Dos Bocas.

Más de cinco horas atrapados sobre la carretera federal 54, entre Tabasco y Villanueva, pasaron decenas de civiles mientras personal militar trabajaba en la localización y desactivación de minas terrestres colocadas en la zona. El episodio ocurrió durante una nueva jornada de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el sureste de Zacatecas y coincidió con el relevo en la comandancia de la 11 Zona Militar.

En medio de ese escenario, el General Isaac Bravo López dejó el mando militar en Guadalupe, Zacatecas, después de un año y tres meses en el cargo. El Ejército lo reubicó a la 41 Zona Militar, en Puerto Vallarta, y en su lugar fue designado el General Brigadier Armando Toscano Yáñez.

El cambio se realizó mientras elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) mantenían operativos en municipios del sur del estado por nuevos choques armados entre La Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La región permanece bajo una disputa constante entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control territorial. La violencia ha provocado desplazamientos de familias, abandono de viviendas y tierras de cultivo, especialmente en comunidades colindantes con Jalisco.

Bravo López había asumido la comandancia el 16 de febrero del año pasado en una ceremonia encabezada por el gobernador David Monreal. Su llegada estuvo acompañada del compromiso de reforzar la seguridad en municipios como Guadalupe, Jalpa, Juchipila, Moyahua, Apozol y Tabasco, considerados puntos estratégicos por su ubicación en la franja sur de Zacatecas.

El relevo ocurre también en un contexto marcado por versiones difundidas en redes sociales y medios locales que relacionan al mando militar con la facción de La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos aparece una presunta cercanía con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. A esto se suma la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad y las protestas recientes de productores del campo contra el gobierno estatal.

De acuerdo con reportes extraoficiales, este conjunto de factores habría influido en la salida de Bravo López de la 11 Zona Militar. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha respondido oficialmente a las versiones difundidas ni a las solicitudes de información relacionadas con el caso.