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La contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa incorporó este sábado a uno de los perfiles más cercanos al grupo político que ha gobernado la entidad en los últimos años. Omar Alejandro López Campos formalizó su registro después de renunciar a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado.

El ahora aspirante no sólo formó parte del gabinete estatal. También fue suplente del senador Enrique Inzunza cuando éste solicitó licencia por dos días en mayo. Inzunza ha sido acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de mantener vínculos con Los Chapitos.

López Campos es identificado además como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también ha sido acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su trayectoria en el servicio público se ha desarrollado de la mano de ambos políticos.

Antes de buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, el exfuncionario presentó su renuncia al gabinete estatal el viernes. Un día después se registró para competir en el proceso interno de Morena, PT y PVEM, donde al menos otros 15 morenistas buscan convertirse en el perfil que eventualmente dispute la gubernatura en 2027.

Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, López Campos inició una parte de su carrera en el ISSSTE entre 2013 y 2017, cuando Rocha Moya ocupaba la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí encabezó un área de integración, evaluación y desarrollo educativo.

En 2024 volvió al gobierno estatal como subsecretario de Normatividad e Información Registral. Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya lo nombró secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, cargo que dejó para incorporarse a la disputa interna de Morena. El aspirante también es hijo de Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

Su registro se realizó durante el quinto día del proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM, correspondiente a Sinaloa y Tlaxcala. Entre los participantes también figuran la senadora con licencia Imelda Castro, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas, la diputada local con licencia Teresa Guerra y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.

La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.