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La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

La primera concentración multitudinaria encabezada por Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa se desarrolló en una jornada marcada por hechos violentos en Culiacán, donde horas antes se registró una riña en el penal de Aguaruto y posteriormente fueron reportadas quemas de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Pese a los incidentes, miles de personas se congregaron este domingo en la explanada del Palacio de Gobierno para participar en la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó un mensaje desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del gobierno estatal, al encuentro asistieron 45 mil personas. Familias, jóvenes, militantes y simpatizantes acudieron al lugar para seguir el informe presidencial, en lo que representó el primer evento masivo de Bonilla desde que asumió la gubernatura de manera interina.

La actividad política ocurrió después de una mañana de tensión en la capital sinaloense. En el Centro Penitenciario de Aguaruto se registró una riña que dejó un saldo de una persona muerta y al menos siete lesionadas, según los reportes difundidos durante el día.

Más tarde, medios locales informaron sobre la quema de al menos dos vehículos. Uno de los casos fue reportado en el bulevar Rolando Arjona y otro frente a la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Las mismas versiones señalaron que un establecimiento comercial también habría resultado afectado en uno de estos hechos. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían proporcionado detalles sobre los incendios ni información adicional sobre las circunstancias en que ocurrieron.

La presencia de Bonilla en el acto público se produjo casi un mes después de haber sido nombrada gobernadora interina de Sinaloa. Su llegada al cargo ocurrió tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.

El mandatario con licencia es señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, situación que derivó en su separación temporal del gobierno estatal y en la designación de Bonilla al frente de la administración sinaloense.

En medio de las investigaciones y acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa contra funcionarios estatales, la Novena Zona Militar tendrá un relevo en su estructura de mando. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que el general de brigada Julio César Islas Sánchez asumirá la comandancia en sustitución de Santos Gerardo Soto.

El anuncio ocurre días después de que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos, tras los señalamientos por narcotráfico realizados por el gobierno de Donald Trump. En ese mismo contexto también fue mencionado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Aunque el nombramiento ya fue confirmado, Bonilla Valverde explicó que el nuevo jefe militar todavía no entra en funciones porque aún no se define la fecha de la toma de protesta.

“¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos”, declaró la mandataria en entrevista con medios locales.

La gobernadora interina insistió en que desconoce las razones específicas detrás de la sustitución en la Novena Zona Militar, una de las principales estructuras operativas del Ejército en el estado.

Mientras se concreta el relevo, el gobierno estatal aseguró que mantendrá coordinación con la Federación y reforzará las acciones de seguridad en Sinaloa.

El ajuste militar se suma a la presión política y de seguridad que enfrenta la administración estatal desde que autoridades estadounidenses vincularon a funcionarios sinaloenses con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En días previos, Bonilla Valverde también se deslindó del nombramiento del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal. La mandataria afirmó que la designación no correspondió a Rubén Rocha Moya, sino directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Debe aclararse que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”, afirmó. El Gabinete de Seguridad confirmó el viernes que el general en retiro se entregó a autoridades estadounidenses el lunes 11 de mayo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó cambios en cargos clave de la institución luego de la salida de Dámaso Castro Saavedra, quien dejó la Vicefiscalía General tras solicitar licencia en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñónez Coronado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General de la entidad, posición que ocupaba Castro Saavedra antes de separarse del cargo.

Ese mismo miércoles también fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la dependencia.

En el documento, la Fiscalía indicó que Sánchez Kondo pidió a los nuevos funcionarios conducirse bajo criterios de legalidad y profesionalismo durante el desempeño de sus funciones.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, señala el comunicado.

La salida de Dámaso Castro Saavedra ocurre después de que el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre el inicio de una investigación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el entonces vicefiscal, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Mientras avanzan las indagatorias iniciadas por autoridades estadounidenses, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa evalúa modificar la situación laboral del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, recientemente vinculado en una investigación por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El caso se remonta al pasado 28 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos Castro Saavedra, por supuestos vínculos con “Los Chapitos”. 

Días después, el 1 de mayo, tanto Rocha Moya como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —también mencionado en la indagatoria— informaron su salida de los cargos públicos que ocupaban.

En este contexto, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que se analiza la posibilidad de que el vicefiscal sea separado temporalmente de su puesto mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso. 

La declaración se produce tras un posicionamiento previo de la propia Fiscalía, emitido el lunes, en el que se aseguraba que el funcionario continuaba en funciones y ejerciendo plenamente sus atribuciones legales.

Cuestionada sobre la situación jurídica de Castro Saavedra, la titular del organismo evitó adelantar conclusiones y se limitó a señalar: “Hay un principio de la presunción de inocencia para todas las personas. Hasta este momento la investigación está en su curso y estamos atentos a lo que se resuelva”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense bajo la protección de la Guardia Nacional. Las autoridades estatales mantienen en revisión las implicaciones administrativas del caso, en paralelo con el desarrollo de las investigaciones internacionales.