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Durante una gira de trabajo por Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación de México con Estados Unidos se basa en la cooperación, pero no en la subordinación. La declaración se dio en un contexto marcado por versiones contradictorias provenientes de autoridades estadounidenses sobre la detención de Ryan Wedding, alias “Thor”, identificado como un líder criminal vinculado al tráfico de drogas.

En el cierre de su primer evento público en la ciudad fronteriza, la mandataria subrayó: “La presidenta tiene claros sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”. Añadió que expresar este mensaje desde la frontera norte tiene un significado particular, al tratarse de una región históricamente ligada a la relación bilateral con Estados Unidos.

Las palabras de Sheinbaum se produjeron un día después de que surgieran versiones distintas sobre la captura de Wedding. Mientras el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, señaló que se trató de una “operación de alto riesgo” realizada de manera conjunta con autoridades mexicanas, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que el presunto criminal se entregó de forma voluntaria. Este contraste de narrativas enmarcó la referencia presidencial a la soberanía nacional.

En su discurso, Sheinbaum también vinculó la postura internacional de su gobierno con su visión interna del país. Afirmó que “México es un país libre con justicia social”, al mencionar políticas como la entrega de vivienda conforme a los ingresos familiares, salarios justos, educación gratuita y acceso a la salud. Estas declaraciones se dieron durante actos oficiales de entrega de viviendas y distribución de tarjetas de programas de bienestar.

En ambos eventos, la presidenta agradeció el trabajo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque sin el respaldo enfático que suele expresar hacia otros mandatarios estatales. “Gracias, Américo Villarreal, por tu recepción y por tu trabajo al frente de Tamaulipas”, dijo en tono institucional.

Durante el segundo acto público se registró un movimiento inusual en el presídium. Mientras el gobernador se levantaba para ofrecer su discurso, el equipo de logística presidencial reacomodó los asientos para que una beneficiaria del programa, Ana Amelia Tolentino Juárez, ocupara el lugar contiguo a la presidenta. Villarreal quedó desplazado hacia un extremo de la fila.

En su intervención, el gobernador destacó una “colaboración muy estrecha” con el gobierno federal y afirmó que Tamaulipas ha sido el primero en sumarse a las iniciativas presidenciales. Al concluir, intentó saludar de manera cercana a Sheinbaum; ella respondió con cortesía, se retiró ligeramente y ofreció ambas manos a modo de saludo.

Posteriormente, Villarreal solicitó recuperar su lugar original, lo que implicó nuevos ajustes en el presídium. En su mensaje final, la presidenta centró su intervención en los programas sociales, el apoyo a mujeres y sectores vulnerables, y el reconocimiento histórico a las mujeres, mencionando al gobernador solo en una ocasión.

La embajada de Estados Unidos en México difundió este domingo un mensaje dirigido a personas migrantes en el que subrayó que la frontera sur estadounidense no sólo está reforzada en tierra, sino también en el cauce del río Bravo, mediante la instalación de barreras flotantes. La advertencia fue publicada en redes sociales y estuvo acompañada por un video que muestra una extensa línea de boyas de color naranja colocadas sobre el afluente, mientras suena de fondo la canción “Down by the Riverside” de Willie Jones.

En el mensaje, la representación diplomática señaló que quienes intenten cruzar el río Bravo se encontrarán con obstáculos físicos y vigilancia constante. “Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, destacó la embajada al referirse a esta infraestructura instalada a lo largo de más de 800 kilómetros del río, que funciona como frontera natural entre Estados Unidos y México, particularmente en el tramo que divide Texas y el estado de Tamaulipas.

La publicación enfatizó que el reforzamiento fronterizo es integral y continuo. “Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces entre puertos de entrada”, indicó el mensaje oficial, que además exhortó a las personas migrantes a no intentar el cruce irregular y a regresar a su país de origen. La advertencia fue acompañada de una frase directa: “Serás detenido y deportado, ni lo intentes”, en referencia a las consecuencias legales de ingresar sin autorización al territorio estadounidense.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, este sistema de boyas forma parte de la estrategia federal para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas. La funcionaria explicó que el llamado “muro flotante” es financiado con recursos incluidos en el proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump, al que el propio mandatario ha descrito como un “gran y hermoso proyecto de ley”. Esta iniciativa contempla diversas acciones de fortalecimiento de la seguridad fronteriza, tanto en tierra como en zonas acuáticas.

Las barreras flotantes han sido presentadas por las autoridades estadounidenses como un elemento disuasivo para evitar cruces no autorizados por el río Bravo, una de las rutas más utilizadas por migrantes debido a su extensión y complejidad geográfica. El despliegue de estas estructuras se suma a otros mecanismos de control, como patrullajes constantes y sistemas de vigilancia.

No obstante, organizaciones y activistas defensores de los derechos de las personas migrantes han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas. Han calificado la barrera acuática como una “trampa mortal”, al advertir que las boyas pueden provocar lesiones graves a quienes intenten atravesarlas, especialmente en un entorno donde las corrientes del río y las condiciones climáticas representan riesgos adicionales.

La difusión del video y el mensaje por parte de la embajada estadounidense marca un nuevo episodio en la comunicación oficial sobre el endurecimiento de la política migratoria, al destacar visualmente que el control fronterizo se extiende más allá de los muros terrestres y alcanza también las aguas que separan a ambos países.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se contabilizaron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con información oficial del gobierno federal dada a conocer en conferencia de prensa. El registro corresponde al periodo posterior al retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y al endurecimiento de la política migratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la mayoría de los retornos se concretaron por vía terrestre. En total, 116 mil 156 personas ingresaron a México a través de cruces fronterizos, mientras que 29 mil 381 fueron trasladadas por vía aérea. Estas acciones se realizan bajo la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, cuyo objetivo es ofrecer atención inmediata y ordenada a las personas retornadas.

De ese universo, 99 mil 924 connacionales aceptaron ingresar a los centros de atención habilitados por el gobierno mexicano. En contraste, 45 mil 613 personas decidieron no hacerlo. Rodríguez aclaró que, aun cuando no ingresan a estos espacios, se les garantiza acceso a alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo logístico para su traslado a los lugares de origen.

La infraestructura de atención está integrada por nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran principalmente en estados fronterizos del norte, entre ellos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de las repatriaciones aéreas, la recepción y atención se canalizan en Chiapas y Tabasco, en el sur del país, desde donde se coordina la movilidad de personas procedentes de distintos puntos del territorio estadounidense.

En el ámbito consular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que 130 mil 364 personas repatriadas recibieron algún tipo de asistencia consular. Este acompañamiento incluye orientación durante procesos de detención, apoyo legal y seguimiento individualizado de casos.

Durante el mismo periodo, personal consular realizó 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 28 visitas diarias. Además, se brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas y se canalizaron 3 mil 848 casos al programa de atención legal a migrantes. En materia de apoyos económicos, se reportaron 33 casos en los que se destinaron recursos para el pago de fianzas, con un monto acumulado de 146 mil dólares. También se registraron 75 repatriaciones de carácter médico.

Como complemento a estas acciones, Velasco destacó los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de migrante”, que permitió recaudar 115 millones de pesos. De ese total, 50 millones se asignarán al fortalecimiento de la representación legal y al pago de fianzas, mientras que 10 millones de pesos se destinarán a la realización de visitas a centros de detención. El resto de los fondos se utilizará para apoyo humanitario y labores de difusión preventiva dirigidas a la población migrante.

Los datos presentados dan cuenta de la operación conjunta de dependencias federales y de la red consular mexicana para atender el volumen de repatriaciones registradas en los primeros meses de la actual administración estadounidense, así como de los mecanismos desplegados para brindar asistencia, orientación y acompañamiento a las personas retornadas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no existen elementos que vinculen a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación de Aduanas, con el caso conocido como “huachicol” fiscal. La mandataria precisó que, de acuerdo con la información disponible, el exfuncionario colaboró con las autoridades al proporcionar datos relevantes que permitieron detectar movimientos irregulares relacionados con pipas localizadas en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la participación de Márquez Hernández consistió en aportar información inicial sobre la presencia de un buque y las unidades detectadas en dicho puerto, lo que dio origen a una investigación más amplia encabezada por personal de la Secretaría de Marina. Este proceso de indagatoria, señaló, continúa en curso y se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, de donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación”, expresó la presidenta al referirse al contexto en el que surgió el caso.

Sheinbaum detalló que la decisión de separar a Alex Tonatiuh Márquez de su cargo no fue tomada por la Presidencia, sino que correspondió directamente al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo. De acuerdo con lo expuesto, el relevo se realizó conforme a los procedimientos internos y con el conocimiento del propio exdirector.

En este marco, la presidenta subrayó que cualquier posible indagatoria administrativa o señalamiento en contra del exfuncionario deberá ser comunicada y, en su caso, conducida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia responsable de evaluar la actuación de servidores públicos cuando existen denuncias, quejas o información derivada de notas periodísticas.

“Si hay alguna queja o noticia, siempre se hacen investigaciones, pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo”, puntualizó Sheinbaum al referirse al proceso seguido.

Al ser consultada sobre el desempeño de Alex Tonatiuh Márquez durante su gestión, la presidenta reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes analizar su actuación, con base en los procedimientos administrativos establecidos y los resultados de las investigaciones que, en su caso, se determinen.

Sheinbaum enfatizó la importancia de que la información relacionada con este caso sea conocida de manera clara y sustentada, y reiteró que cualquier señalamiento deberá estar respaldado por investigaciones formales, conforme a las normas vigentes y a las atribuciones de las instancias responsables.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

El Río Pánuco registró un desbordamiento de 33 centímetros de su nivel habitual, informó este viernes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal aseguró que la situación se mantiene bajo control y descartó, por el momento, la presencia de una cresta alta, aunque precisó que el monitoreo continúa de manera permanente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“La situación son 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río, Conagua está monitoreando, no se ve que venga una ‘cresta’ alta, sin embargo, estamos monitoreando”, detalló Nahle al dar a conocer el reporte actualizado sobre el comportamiento del afluente.

Desde el miércoles 15 de octubre, la Conagua, en coordinación con Protección Civil de Tamaulipas, advirtió que la cresta o nivel máximo del Río Pánuco podría alcanzar su punto más alto entre el sábado y el domingo, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la cuenca del río ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían elevar su caudal.

Como medida preventiva, el gobierno de Veracruz habilitó seis albergues temporales para las familias que habitan en las zonas cercanas al cauce. Hasta este viernes, 486 personas han sido trasladadas y se encuentran bajo resguardo, recibiendo atención médica, alimentación y apoyo logístico.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la respuesta inmediata de las autoridades locales y federales ante la contingencia. “Se informó a tiempo a los presidentes municipales a través del Sistema Nacional de Protección Civil de este incremento en el nivel del Río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó con presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta y el secretario de Marina estuvo desde ayer en la noche”, señaló.

Protección Civil de Tamaulipas estimó que, de continuar las lluvias en la región, el desbordamiento del río podría afectar hasta a 30 mil personas. Los equipos de emergencia mantienen recorridos permanentes en las zonas de mayor riesgo para coordinar acciones de evacuación preventiva y asistencia a comunidades vulnerables.

En los últimos días, las lluvias intensas han provocado graves afectaciones en varias regiones del país. Entre el jueves 9 y el viernes 10 de octubre, las precipitaciones causaron inundaciones y deslaves en cinco estados de la República, siendo Veracruz uno de los más impactados, con 111 municipios bajo el agua y severos daños en infraestructura y caminos.

Hasta el corte de este viernes, el saldo nacional por las lluvias e inundaciones asciende a 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. En Veracruz, se reportan 32 víctimas mortales y 14 personas que aún no han sido localizadas. Las labores de búsqueda continúan en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, mientras Conagua mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del Río Pánuco y los principales afluentes del estado.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de directivos de empresas privadas y servidores públicos vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Las aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la obtención de órdenes de captura.

De acuerdo con las dependencias, las detenciones ocurrieron en días recientes como parte de una investigación federal que se inició en marzo, luego de un decomiso considerado uno de los más grandes en la región. La indagatoria permitió identificar a empresarios y funcionarios relacionados con el resguardo y la posesión del combustible.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la acción conjunta derivó en la captura de los primeros implicados. Aunque no se han revelado nombres ni cargos específicos, se confirmó que se trata de directivos de compañías privadas y servidores públicos presuntamente involucrados en operaciones irregulares.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. El funcionario federal destacó que el aseguramiento forma parte de la estrategia integral contra delitos vinculados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades relacionadas con redes de corrupción y financiamiento de grupos criminales.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló García Harfuch.

La SSPC informó que este domingo a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre los perfiles de los detenidos, las acciones emprendidas y el avance de las investigaciones.

El operativo que dio origen a este caso se realizó en marzo, cuando autoridades federales aseguraron un buque que arribó al puerto de Tampico el día 19, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Tras labores de inteligencia, se confirmó que transportaba 10 millones de litros de diésel. En la embarcación también se localizaron armas de fuego, cartuchos y documentos relevantes para el caso.

De manera paralela, se ejecutaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento del Ejido Ricardo Flores Magón, donde se aseguraron contenedores, tractocamiones, camionetas pick-up, equipos de cómputo, más hidrocarburo y cartuchos útiles.

Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los golpes más importantes al tráfico ilícito de combustibles en la región y destacaron la coordinación entre la Semar, FGR, SSPC, además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.