La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alarmas este viernes con la publicación de la Recomendación 175VG/2025, en la que responsabiliza al Ejército mexicano de “graves violaciones a los derechos humanos” tras un operativo que terminó en tragedia. El hecho ocurrió en octubre pasado, cuando soldados abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes en el estado de Chiapas. Seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.
La CNDH confirmó que los migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas y 19 más sobrevivieron sin lesiones. La Comisión fue clara al señalar que los militares involucrados no utilizaron métodos menos letales antes de disparar y que tampoco justificaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable.
Como parte de su resolución, la CNDH exigió a la Sedena la reparación del daño a las víctimas y la creación de un protocolo de atención específico para personas migrantes. También se identificó a dos soldados como posibles responsables directos del ataque, por lo que se espera que haya acciones legales en su contra.
Este suceso tuvo lugar el 1 de octubre, el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, mientras los militares realizaban patrullajes en una región atravesada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales que se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en el sur del país.
Pese a que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su negativa a militarizar aún más la frontera sur, su administración ha mantenido la estrategia de despliegue militar heredada del gobierno anterior. En su punto más alto, más de 36 mil elementos del Ejército participaron en tareas de control migratorio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El llamado de la CNDH se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el trato a las personas migrantes que transitan por México. A medida que aumenta la presión desde Estados Unidos para reforzar los controles migratorios, la política de seguridad en la frontera sur se encuentra bajo la lupa.
La tragedia en Chiapas marca un punto de inflexión. Las instituciones mexicanas están obligadas a actuar con responsabilidad y apego a los derechos humanos, especialmente en un contexto tan delicado como el tránsito migrante en territorios conflictivos.
