Rescatan a 71 migrantes en Oaxaca; dos son detenidos por presunta extorsión

En un importante operativo de rescate, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) encontró a 71 migrantes retenidos en una vivienda en la región del Istmo, específicamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Los migrantes, entre ellos 19 menores de edad, fueron hallados en condiciones de confinamiento en un domicilio de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz. En el lugar, las autoridades detuvieron a dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 42, ambos de origen extranjero, quienes presuntamente vigilaban a los migrantes y exigían pagos a sus familias a cambio de liberarlos.

 

La FGEO detalló en un comunicado que la operación fue resultado de una extensa investigación ministerial, en la cual se sumaron fuerzas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Guardia Nacional. “Este tipo de colaboraciones son clave para enfrentar una problemática de gran magnitud, donde la vida y la libertad de personas vulnerables están en juego”, señaló un portavoz de la Fiscalía.

 

El grupo de migrantes estaba compuesto por personas de diversas nacionalidades: 32 de Ecuador, 25 de Venezuela, siete de Colombia, tres de Honduras, una de Chile, una de El Salvador, una de Perú y una originaria de un país africano. La fiscalía precisó que “los migrantes presuntamente se encontraban privados de su libertad y en condiciones de hacinamiento”. Los detenidos serán presentados ante las autoridades para definir su situación legal y enfrentar los cargos correspondientes.

 

Tras el rescate, los migrantes recibieron apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargó de trasladarlos a un sitio seguro y de proporcionarles asistencia médica para evaluar su estado de salud. De acuerdo con fuentes del INM, la prioridad es “garantizar la integridad y el bienestar de las personas afectadas, particularmente de los menores, quienes son especialmente vulnerables en estos casos”.

 

Este tipo de operativos pone de relieve la situación crítica que atraviesan miles de migrantes en su paso por México, donde se enfrentan a redes de tráfico de personas que los exponen a graves riesgos. Desde octubre de 2018, la migración irregular ha incrementado notablemente en el país, impulsada por crisis políticas, económicas y de violencia en Centro y Sudamérica, el Caribe, y algunos países de África y Asia. Pese al aumento de la vigilancia en la frontera sur, los traficantes continúan encontrando rutas clandestinas para el cruce de migrantes, utilizando estados del sur como Oaxaca, Tabasco y Chiapas como puntos de tránsito.

 

Durante su travesía, muchos migrantes son engañados y sometidos a situaciones de extorsión. Se estima que estas personas pagan miles de dólares a los traficantes, quienes prometen ayudarlos a llegar a Estados Unidos pero, en muchos casos, los mantienen bajo amenaza o en condiciones de abuso.

 

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de enfrentar estas prácticas de explotación y continuar colaborando con otras instituciones para desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en el país. Este rescate de 71 migrantes en Juchitán representa un logro importante en la lucha contra la trata y la extorsión, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad a la que miles de personas están expuestas en su intento por buscar una vida mejor. 

Avance en la investigación de la activista Sandra Domínguez: Detienen a un hombre su celular

En una serie de eventos que ha generado consternación y preocupación en Culiacán, Sinaloa, un repartidor del periódico El Debate fue secuestrado la mañana del sábado, solo un día después de que las instalaciones del medio fueran atacadas a balazos. La situación, que ha encendido las alarmas sobre la violencia contra la prensa en la región, ha desatado críticas hacia las autoridades por su aparente incapacidad para garantizar la seguridad de los trabajadores de medios de comunicación.

 

El repartidor fue interceptado mientras se dirigía a su domicilio en su motocicleta. Según informó el mismo periódico en sus redes sociales, el trabajador fue “perseguido y tirado de su moto por sujetos a bordo de un vehículo”. Tras el ataque inicial, logró refugiarse en un negocio cercano, donde se lesionó la rodilla debido a la caída. Fue trasladado a la Cruz Roja y posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en el trayecto, los agresores lograron ubicarlo nuevamente y procedieron a secuestrarlo, junto con un compañero de trabajo que lo acompañaba en ese momento.

 

Este secuestro ha generado un clima de temor en los trabajadores de El Debate, un periódico de gran tradición en Sinaloa. Apenas un día antes, la madrugada del viernes, un grupo de personas armadas disparó al menos 12 veces contra las instalaciones del medio en Culiacán. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en ese ataque. Sin embargo, las huellas de la violencia quedaron grabadas en las paredes de la casa editorial, recordándole al equipo periodístico el peligro inherente a su labor.

 

“Las marcas del ataque en nuestras instalaciones nos hacen revivir otros fuertes momentos que hemos pasado al cumplir con nuestra labor de informar”, expresó la dirección del periódico, en una declaración que refleja el temor y la frustración del gremio periodístico frente a la violencia que enfrentan en el estado.

 

Ante estos incidentes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, intentó restar gravedad a los hechos, asegurando que el ataque armado contra El Debate no era parte de una persecución deliberada contra el medio o sus trabajadores. Según el mandatario, el incidente fue un “caso aislado” que ocurrió porque miembros de las fuerzas de seguridad se refugiaron en las instalaciones del periódico durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes.

 

En una rueda de prensa posterior, Rocha Moya intentó enviar un mensaje de calma al gremio periodístico: “Hagan su trabajo, nosotros vamos a cuidar”, afirmó. Sin embargo, estas palabras no lograron aplacar las preocupaciones de los trabajadores de El Debate, quienes manifestaron que, a pesar de las declaraciones oficiales, no han visto un incremento en las medidas de seguridad en sus instalaciones ni protección adicional.

 

“Ni las expresiones de condena ni las promesas de protección a los periodistas y personal de El Debate han tenido efectos”, lamentó el medio en sus redes sociales, dejando en evidencia su desconfianza en las promesas gubernamentales.

 

El secuestro del repartidor, sumado al ataque armado contra las instalaciones del periódico, ha provocado una oleada de indignación en Culiacán. Líderes de opinión, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y ciudadanos comunes han alzado la voz, exigiendo una respuesta más contundente por parte de las autoridades locales y federales. El clima de inseguridad para los periodistas en la región continúa siendo una preocupación latente, en un país que se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.

 

El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, visitaron las oficinas de El Debate tras los hechos, pero para muchos, esta visita simbólica ha sido insuficiente. El miedo persiste, y la desaparición del repartidor sigue sin resolverse, lo que añade una capa de incertidumbre a la ya frágil seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación en Sinaloa.

 

Este trágico episodio es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan aquellos que se dedican a informar en zonas violentas, y pone de nuevo sobre la mesa la necesidad urgente de medidas reales y efectivas para proteger la libertad de prensa en México.

Agresión directa contra Fuerzas Armadas en Nuevo León

En una emboscada perpetrada durante la madrugada en el municipio de China, Nuevo León, presuntos miembros del crimen organizado atacaron a elementos del Ejército Mexicano, dejando como saldo un militar fallecido y dos heridos. La situación se tornó tensa cuando los agresores, aún sin identificar, realizaron una embestida directa contra las Fuerzas Armadas.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el incidente luego de una reunión de seguridad de las autoridades de diversos niveles de Gobierno. “Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano”, declaró Arce, detallando que uno de los militares perdió la vida y dos resultaron heridos.

Elementos de Fuerza Civil (Policía estatal) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras indagatorias. Durante la operación, se logró asegurar uno de los vehículos utilizados por los agresores, apodado ‘monstruo’, así como un arma larga.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado desde el año pasado. En los primeros 11 meses de 2023, el estado registró mil 218 homicidios, ocupando el décimo lugar a nivel nacional en este lamentable índice.

Arce Jardón también reveló que, hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado mil 282 homicidios dolosos en lo que va del año. Atribuyó este aumento a la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada y al crecimiento del narcomenudeo en la región.

“El 93% de los homicidios en el estado están relacionados con el narcomenudeo”, señaló Arce Jardón, destacando que las carpetas de investigación por este delito han aumentado considerablemente en el último año. Además, enfatizó que el 95% de las carpetas de narcomenudeo se inician a partir de detenciones, parte de una estrategia coordinada entre las instancias de seguridad pública de los tres niveles gubernamentales.

Con estos eventos, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad de violencia ligada al crimen organizado, desencadenando una serie de desafíos para las autoridades locales en su lucha contra la delincuencia.

Las células delictivas buscan controlar el tráfico y venta de droga: “Son disputas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que disputan el tema principal de los puntos de venta de narcomenudeo”.