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Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra. El beneficio legal fue otorgado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, luego de que el político presentara una solicitud de amparo el pasado 21 de abril.

La decisión judicial establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, evitando que se haga efectiva la orden de arresto mientras se analiza la solicitud de suspensión definitiva. Como parte del proceso, el juez impuso una garantía económica de 52 mil pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo de cinco días para mantener vigente la medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el procedimiento legal contra Aureoles, a quien señala por delitos graves como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de instalaciones para la Guardia Civil durante su administración.

De forma paralela, el caso involucra a varios exfuncionarios de su gestión. El pasado 7 de marzo, luego de una audiencia de más de 21 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza del Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por un presunto desvío de recursos que supera los 4 mil millones de pesos.

La situación legal del exgobernador se mantiene en suspenso. Será hasta el próximo 4 de junio cuando se lleve a cabo una nueva audiencia que podría definir el rumbo del proceso. La resolución judicial no exime de responsabilidad ni cancela la investigación, pero sí otorga una pausa en el avance inmediato de las acciones judiciales en su contra.

El caso ha captado la atención pública por el volumen del recurso involucrado y el perfil del exmandatario estatal, quien ha estado presente en distintas esferas políticas del país. La medida judicial forma parte del mecanismo de defensa previsto por la ley, mientras se continúa con el análisis de fondo del expediente.

Aureoles Conejo, anteriormente afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), permanece en libertad bajo este recurso legal, en espera de lo que determine la justicia federal en las próximas semanas. La trama continúa abierta y en constante desarrollo.

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.