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El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en medio de las investigaciones derivadas de acusaciones internacionales que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La comparecencia ocurrió después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra el gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el legislador, a quienes se les atribuyen posibles nexos con la organización criminal y el presunto uso de cargos públicos para favorecer sus operaciones, particularmente a la facción de Los Chapitos.

Previo a la llegada del senador a la sede federal, también acudieron a la misma delegación el gobernador Rubén Rocha Moya y Juan De Dios Mendivíl, quienes se presentaron en el inmueble de la FGR en la capital sinaloense.

Tras su comparecencia, Inzunza Cázarez difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó haber acudido sin representación legal. En su publicación señaló que se presentó “como abogado de mí mismo”.

En el mismo mensaje añadió: “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En paralelo a este proceso, el senador ha mantenido una ausencia en sus actividades legislativas. Desde que se difundieron las acusaciones en su contra, no ha acudido al Senado de la República y ha faltado en tres ocasiones a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual forma parte.

Las señalamientos internacionales también incluyen referencias a su desempeño previo en el gobierno estatal. Antes de asumir su escaño en la Cámara alta, Inzunza Cázarez se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la acusación difundida por autoridades estadounidenses, durante ese periodo el ahora senador habría sostenido encuentros con presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, lo que forma parte de las líneas de investigación que motivan los señalamientos en su contra.

Más de 20 días después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de narcotráfico lanzadas por Estados Unidos, la titular del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, dejó de aparecer públicamente en los eventos de la dependencia que encabeza.

La ausencia volvió a quedar expuesta este jueves durante el arranque del programa “Aquatón”, una de las actividades más representativas del Sistema DIF en Sinaloa, enfocada en recolectar agua potable para familias de colonias vulnerables afectadas por la escasez del recurso.

El evento se llevó a cabo en un centro de acopio instalado junto al Palacio de Gobierno y fue encabezado por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. La directora del DIF no asistió.

Desde el 1 de mayo, fecha en que Rocha Moya pidió licencia al cargo en medio de los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Eneyda Rocha no ha participado en actos públicos ni ha realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con las actividades del organismo.

La última vez que apareció en un evento oficial fue el 30 de abril, durante la celebración del Día del Niño organizada por el DIF en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de la crisis política que rodea a su padre, Rocha Ruiz mantenía presencia constante en las actividades de asistencia social y acostumbraba difundir fotografías con beneficiarios de programas oficiales en su cuenta de Facebook. Pese a su ausencia, la gobernadora interina aseguró días atrás que Eneyda Rocha permanecerá al frente del DIF estatal.

El contexto ocurre mientras continúan las repercusiones por las acusaciones contra Rocha Moya. Además de los señalamientos hechos por Estados Unidos, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró a Latinus que José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exmandatario, forman parte de una estructura que, según afirmó, opera mediante empresas beneficiadas con recursos públicos y contratos entregados sin licitación.

La familia Rocha ya había estado bajo atención pública desde septiembre de 2025, cuando la hija de Eneyda Rocha sobrevivió a un ataque armado en Culiacán, en medio de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, declaró entonces Rocha Moya.

En medio de las investigaciones y acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa contra funcionarios estatales, la Novena Zona Militar tendrá un relevo en su estructura de mando. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que el general de brigada Julio César Islas Sánchez asumirá la comandancia en sustitución de Santos Gerardo Soto.

El anuncio ocurre días después de que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos, tras los señalamientos por narcotráfico realizados por el gobierno de Donald Trump. En ese mismo contexto también fue mencionado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Aunque el nombramiento ya fue confirmado, Bonilla Valverde explicó que el nuevo jefe militar todavía no entra en funciones porque aún no se define la fecha de la toma de protesta.

“¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos”, declaró la mandataria en entrevista con medios locales.

La gobernadora interina insistió en que desconoce las razones específicas detrás de la sustitución en la Novena Zona Militar, una de las principales estructuras operativas del Ejército en el estado.

Mientras se concreta el relevo, el gobierno estatal aseguró que mantendrá coordinación con la Federación y reforzará las acciones de seguridad en Sinaloa.

El ajuste militar se suma a la presión política y de seguridad que enfrenta la administración estatal desde que autoridades estadounidenses vincularon a funcionarios sinaloenses con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En días previos, Bonilla Valverde también se deslindó del nombramiento del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal. La mandataria afirmó que la designación no correspondió a Rubén Rocha Moya, sino directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Debe aclararse que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”, afirmó. El Gabinete de Seguridad confirmó el viernes que el general en retiro se entregó a autoridades estadounidenses el lunes 11 de mayo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó cambios en cargos clave de la institución luego de la salida de Dámaso Castro Saavedra, quien dejó la Vicefiscalía General tras solicitar licencia en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñónez Coronado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General de la entidad, posición que ocupaba Castro Saavedra antes de separarse del cargo.

Ese mismo miércoles también fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la dependencia.

En el documento, la Fiscalía indicó que Sánchez Kondo pidió a los nuevos funcionarios conducirse bajo criterios de legalidad y profesionalismo durante el desempeño de sus funciones.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, señala el comunicado.

La salida de Dámaso Castro Saavedra ocurre después de que el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre el inicio de una investigación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el entonces vicefiscal, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios ya está en manos de autoridades mexicanas, aunque sin respaldo probatorio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, los documentos enviados por la Embajada estadounidense fueron recibidos el martes a las 18:00 horas y analizados bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. Tras la revisión jurídica, la dependencia concluyó que la petición carece de elementos de prueba que sustenten las acusaciones.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba”, señaló la Secretaría en un comunicado oficial.

Pese a ello, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, instancia que determinará si existen indicios que permitan avanzar en el caso contra los señalados, todos vinculados políticamente a Morena.

El posicionamiento de la SRE se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la acusación formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros actores políticos del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados mantienen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

En paralelo, la Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento diplomático al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, debido a la forma en que se difundió públicamente la acusación antes de concluir los procesos correspondientes entre ambas naciones.

El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la FGR, que deberá definir si hay bases legales y probatorias para dar curso a la solicitud internacional.

En entrevista con medios locales, el morenista informó que ya sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbuam y le mostró su apoyo tras las acusaciones por parte del gobierno de Trump.

“¿Hay apoyo de parte de ella a su Sí, claro, persona por supuesto. ¿Va va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?, sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo al a a desempeñar mi trabajo”, dijo el morenista.

Además dijo que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y fue por el comunicado del Departamento de Justicia que tuvo conocimiento del tema.